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Pleno de Control (11/05/2018)

11 de mayo de 2018
El Lehendakari, Iñigo Urkullu, y los consejeros y consejeras del Gobierno Vasco, han respondido a las preguntas e interpelaciones de los grupos parlamentarios en el Pleno de Control:
 
Pregunta formulada por Dª Maddalen Iriarte Okiñena, parlamentaria del grupo EH Bildu, al lehendakari, relativa al derecho a decidir.

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha respondido que, en su opinión, el derecho a decidir no tiene ningún carácter perverso, pero que sí lo puede tener el uso que se haga del derecho a decidir, ha explicado. En este sentido, ha destacado que su objetivo es utilizar este concepto para fortalecer y mejorar el Autogobierno vasco.

“Conformamos una sociedad plural en un entorno también plural. Decidir hoy es codecidir. Toda codecisión comporta reconocimiento, responsabilidad y exigencia recíproca. Codecidir es acordar las condiciones, las mayorías y los límites, hacerlo como resultado de un procedimiento legal y pactado”, ha comunicado.

Asimismo ha dicho que cuando se habla del derecho a decidir habría que hablar más bien de un principio: “Debemos primar la obligación que nos corresponde y hemos asumido en este Parlamento”, ha recordado. Por ello, el Lehendakari ha dicho que nuestra obligación es actualizar el Autogobierno sumando el principio democrático y el principio de legalidad: acordar los contenidos y su normativización jurídica. “Nuestra obligación es sumar, entendiendo que el respeto a la legalidad no debe vulnerar el principio democrático, que supone atender y respetar la decisión de la ciudadanía vasca libre y democráticamente adoptada”, ha destacado.  

“Se trata de reconocer la capacidad de la ciudadanía a expresar y ejercer su voluntad de cara a avanzar en una convivencia acordada voluntariamente, que cuente con mecanismos que garanticen el respeto y cumplimiento de los acuerdos alcanzados”, ha concluido.

Pregunta formulada por D. Lander Martínez Hierro, parlamentario del grupo Elkarrekin podemos, al lehendakari, sobre las declaraciones del consejero de Hacienda y Economía en relación con el acuerdo del PP y PNV en materia de pensiones.

El Lehendakari ha respondido que, en relación a la cuestión de las pensiones, todo el Gobierno, incluido el Consejero Azpiazu, hace suyo el acuerdo alcanzado en el Parlamento Vasco el día 1 de marzo de 2018 y ha recordado uno de los puntos de dicho acuerdo: Restablecer la vinculación al IPC como fórmula de actualización de las pensiones.

Urkullu ha explicado que el Consejero criticó las voces que critican el preacuerdo alcanzado de “vincular las pensiones con el IPC” por insuficiente y que, en absoluto, hizo referencia a las personas pensionistas: “No considero coherente ni responsable criticar un acuerdo quince días después de haberlo reclamado en esta Cámara”, ha informado.

En este sentido, el Lehendakari ha destacado que en Euskadi, el Gobierno Vasco tiene un compromiso con la protección social y se ha puesto en marcha un sistema para complementar la renta de las personas pensionistas que más lo necesitan. Asimismo ha recordado que la competencia de las pensiones es del Gobierno Español. “Soy consciente de las dificultades de las personas con pensiones más bajas y aquí complementamos sus ingresos. Pero no se puede pretender que la Renta de Garantía de Ingresos sustituya las carencias del sistema público de pensiones que corresponde y es responsabilidad del Gobierno Español”, ha matizado.

Por esa razón, el Lehendakari ha dicho que van a seguir reclamando la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social como recoge “el Estatuto incumplido”. “Nuestra obligación es plantear a la ciudadanía una respuesta a sus demandas desde el principio de realidad y sostenibilidad, como corresponde a una sociedad madura y responsable”, ha concluido.

Pregunta formulada por D. Alfonso Alonso Aranegui, parlamentario del grupo Popular Vasco, al lehendakari, sobre el derecho a decidir.

El Lehendakari ha respondido que el derecho a decidir es un principio democrático básico, es decir, que es consultar a la ciudadanía. “En nuestro caso, y en lo que respecta a las relaciones con el Estado, decidir de manera legal y pactada”, ha detallado. En este sentido, el Lehendakari ha dicho que entiende que es necesario normativizar jurídicamente este principio y ha destacado que en las sociedades democráticas occidentales este principio no es un elemento de confrontación sino un punto de encuentro.

El objetivo de la Ponencia parlamentaria, ha explicado, es profundizar en el Autogobierno. “Tenemos la oportunidad de lograrlo si trabajamos con auténtica voluntad de acuerdo, respetando el pluralismo político y asumiendo los diferentes sentimientos de pertenencia nacional que se dan cita en nuestra sociedad”, ha destacado. Y es que, según ha explicado, la Ponencia trabaja para definir el presente y futuro del Autogobierno vasco, y es el lugar donde corresponde normativizar el principio democrático, establecer en qué condiciones, con que mayorías y con qué límites, pactar un procedimiento claro y acordado.

Siguiendo el mismo hilo, el Lehendakari ha reclamado la capacidad de convocar consultas de manera legal y pactada. “Se trata es de aplicar el mismo procedimiento que se utilizó en 1979 con el Estatuto de Autonomía. Pedimos que se nos reconozca la facultad de consultar a la sociedad vasca, incluso para conocer también la posición de la ciudadanía sobre un nuevo marco de relación con el Estado”, ha dicho.

“El respeto a la voluntad popular debe encontrar, en cada momento, un cauce de aplicación y su entronque en el ordenamiento jurídico. El principio democrático exige dotar de un valor relevante y primario a la decisión de la ciudadanía vasca, lo que requiere que el Estado asuma la obligación de negociar y acordar los ajustes constitucionales y legales precisos para responder al deseo expresado por la ciudadanía vasca, excluyendo en suma el principio de unilateralidad” , ha subrayado.

Asimismo, ha destacado que se tiene la oportunidad de plantear una propuesta viable política, legal y jurídicamente, una propuesta que tenga recorrido institucional y sea ratificada por la sociedad, ya que corresponde a la propia sociedad ejercer su derecho y decidir si aprueba o no la propuesta que se acorde y pacte. “La sociedad tiene ese derecho, nuestra obligación es tratar de alcanzar un acuerdo institucional que pueda ser refrendado por la ciudadanía vasca”, ha subrayado.

Pregunta formulada por D. Julen Arzuaga Gumuzio, parlamentario del grupo EH Bildu, al lehendakari, relativa a las expectativas del lehendakari para la modificación de la política penitenciaria.

El Lehendakari ha respondido que no le corresponde a él interpretar los pasos que tiene que dar el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, para cambiar la política penitenciaria. Asimismo, ha informado de que cada vez que se ha reunido con Rajoy ha tratado este tema, y que en varias ocasiones le ha hecho llegar diferentes propuestas para el acercamiento de presos, la última de ellas en abril de 2017, tras el desarme de ETA.

Ante esta situación, el Lehendakari ha dicho que le corresponde defender lo que puede hacer: aceptar un principio de realidad, promover políticas adecuadas para cambiar las condiciones penitenciarias y crear espacios de acuerdo. Por ello, ha recordado que en la declaración que presentó en Bertiz junto a la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, recogieron dos puntos para poder conseguir un acuerdo mínimo entre todas las fuerzas políticas: reflexión crítica y global del pasado, y en especial de la violencia de ETA, y adaptar la política penitenciara al nuevo escenario

En este sentido, el Lehendakari ha recordado también que en la declaración de Bertiz se propuso la creación de un grupo de trabajo sobre la política penitenciaria actual, que trabajase desarrollando los acuerdos alcanzados entre los grupos parlamentarios. “En aquella propuesta se estableció lo siguiente: impulsar el proceso para acercar a los presos a cárceles cercanas a su domicilio, desde un punto de vista ético y legal, tal y como lo establece la propia política penitenciaria”. Así pues, ha destacado que hay que impulsar una nueva política de reinserción, acorde con la definición establecida en la Constitución. 

El Lehendakari ha resaltado que desde un punto de vista ético “es incomprensible que se haga del alejamiento de presos una condición política”. Y es que, según ha destacado, esta medida solo provoca sufrimiento a las familias, personas que no han cometido ningún delito: “Hacer sufrir innecesariamente no es hacer política. No es un comportamiento ético”, ha concluido.

 
 
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