Herritarren eskaerak Ekonomia eta Ogasuna

Impedir que los directores de empresas que reciben dinero público puedan subcontrar empresas de familiares

2022-04-04
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Se trataría de legislar para que cualquier empresa que reciba dinero público, por poco que sea, no pueda contratar a otras empresas que sean propiedad de algún familiar suyo o que compartan algún tipo de lazo (por ejemplo, que tengan hijos en común). No se trata de que se tenga que seguir la LCSP, sino que literalmente se prohíba que se contrate a esas empresas para cumplir con absolutas garantías la Ley de Transparencia y, sobre todo, el destino de los fondos públicos.

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3 iruzkin
  • 2022-04-04

    La respuesta del gobierno se publicó hace 20 minutos. ¿Por qué no se ha publicado la respuesta que yo envié hace ya unos días?

  • Ekonomia eta Ogasuna saila
    2022-04-04

    Egun on , Aitor
    La contratación pública es una materia de competencia exclusiva del Estado, de la que la Comunidad Autónoma solo tiene competencia de desarrollo y ejecución, sin poder contravenir lo dispuesto por la legislación estatal. En concreto, las prohibiciones de contratar están reguladas en los artículos 71 y ss de la LCSP, artículos que según la misma tienen consideración de básicos, por lo es el legislador estatal el que podría añadir nuevas prohibiciones de contratar.

  • 2022-04-01

    Hola Aitor,

    Comparto el espíritu de tu solicitud solo parcialmente. Lo que propones vulneraría los principios de proporcionalidad e idoneidad y violaría el derecho constitucional a la libertad de empresa. Tu petición no solucionaría la corrupción subyacente en muchas licitaciones, ya que en muchos casos el conflicto de intereses y el tráfico de influencias pasan desapercibidos mediante el uso de testaferros y maniobras cuya detección es costosa, ineficiente y en general inconsecuente. El Gobierno Vasco afortunadamente ni siquiera tiene jurisdicción/competencias como para el alcance de tu propuesta.

    Tu petición no matiza la(s) causa(s) por la que una empresa reciba dinero público, sino que cualquier suma de dinero activaría la prohibición. Esto significa que con solo dar un pequeño subsidio (e.d., fondos públicos) a un sector de la economía, la resultante cascada de restricciones contractuales atentaría severamente contra la eficiencia de la economía. Muchas veces una relación contractual perdura por ser la óptima de entre todas las alternativas. Por lo tanto, forzar legislativamente un reacomodo de estas relaciones repercutiría en mayores costos. Estos costos terminan transfieréndose al consumidor.

    Si un gobierno va a gastar fondos públicos para adquirir bienes y servicios, lo racional y lo moralmente correcto es que elija la alternativa más económica. No obstante, la prohibición que propones pondría al proveedor en un dilema: Negarse a proveerle al gobierno y así preservar sus demás relaciones contractuales, o proveerle al gobierno pero a un precio mayor para compensar el trastorno que la nueva prohibición ocasionará. Un contribuyente sensato lo que menos quiere es que los gobiernon dilapiden las fortunas que le arrebatan mediante impuestos.

    La solución es la que he expresado en varias de mis aportaciones (tanto las publicadas como que Irekia me censurada): Que los gobiernos reduzcan severamente su intromisión en la economía. Obviamente esa reducción tendría que ir acompañada de la correspondiente reducción de carga fiscal. Solo entonces se estará acatando el precepto constitucional de economía de mercado (art. 38 CE).

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