Ejecuta la política de desarrollo autonómico y la coordinación, a tal efecto, de las actuaciones de los departamentos con las siguientes funciones:
• El impulso y análisis del desarrollo autonómico mediante el estudio jurídico competencial del ordenamiento.
• La realización de los informes, iniciativas, requerimientos y actuaciones prejudiciales oportunas, así como la representación y defensa de los intereses del Gobierno ante la jurisdicción constitucional y la Comisión Arbitral, en coordinación con la Dirección de lo Contencioso.
• El asesoramiento y ejecución de la política de transferencias respecto del Estado y de otros entes territoriales.
• Desempeñar las Secretarías de las Comisiones Mixtas de Transferencias previstas en las disposiciones transitorias segunda del Estatuto de Autonomía y Primera de la Ley de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos.
• Realizar cuantas actuaciones de cooperación e intercambio de información resulten precisas para prevenir la conflictividad competencial entre el Gobierno y la Administración del Estado.
• El estudio y asesoramiento al Gobierno en los conflictos de competencia que surjan con la Administración del Estado, las Administraciones Forales o las Administraciones Locales.