Disposiciones BOPV
Fecha boletín: 25-01-2018 Publicado en el Boletín nº 2018018

RESOLUCIÓN 10/2018, de 18 de enero, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Convenio de Colaboración suscrito con el Ministerio de Justicia por el que se formalizan los compromisos financieros del Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 25 de agosto de 2017 en el que se aprueba la distribución del crédito del programa de reforma de la Administración de Justicia.

Nº disposición: 201800010
Fecha disposición: 18-01-2018
Nº orden: 201800418
Rango: Resolución
Habiéndose suscrito por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco el Convenio referenciado, y a los efectos de darle la publicidad debida,
RESUELVO:
Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el texto del Convenio de colaboración suscrito con el Ministerio de Justicia por el que se formalizan los compromisos financieros del Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 25 de agosto de 2017 en el que se aprueba la distribución del crédito del programa de reforma de la Administración de Justicia, que figura como anexo a la presente.
Vitoria-Gasteiz, a 18 de enero de 2018.
JUAN ANTONIO ARIETA-ARAUNABEÑA IBARZABAL.
ANEXO A LA RESOLUCIÓN 10/2018, DE 18 DE ENERO, DEL DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO
CONVENIO SUSCRITO CON EL MINISTERIO DE JUSTICIA, POR EL QUE SE FORMALIZAN LOS COMPROMISOS FINANCIEROS DEL ACUERDO DE CONSEJO DE MINISTROS DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2017 EN EL QUE SE APRUEBA LA DISTRIBUCIÓN DEL CRÉDITO DEL PROGRAMA PARA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
En Madrid, a 20 de diciembre de 2017.
REUNIDOS
El Ministro de Justicia, Sr. don Rafael Catalá Polo, de acuerdo con el Real Decreto 417/2016, de 3 de noviembre, y en uso de las competencias que le corresponden en virtud del artículo 61 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
La Consejera de Trabajo y Justicia del Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco, D.ª María Jesús Carmen San José López, actuando en nombre y representación de la Comunidad Autónoma del País Vasco, por designación mediante Decreto 36/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de nombramiento de la Consejera de Trabajo y Justicia, en virtud de las competencias atribuidas en el artículo 26 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, sobre Ley de Gobierno, y del artículo 3 del Decreto 84/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Trabajo y Justicia.
EXPONEN:
I.– El Estado tiene competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia conforme establece el artículo 149.1.5.ª de la Constitución Española.
II.– El Real Decreto 1684/1987, de 6 de noviembre, sobre traspaso de funciones de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia establece en el apartado B de su anexo que la adquisición y gestión de patrimonio mobiliario, inmobiliario y enseres para los órganos judiciales con sede en la Comunidad Autónoma del País Vasco, corresponde a la citada Comunidad. Además, el apartado E del mismo anexo establece en su punto 1 que se traspasan a esta Comunidad los bienes, derechos y obligaciones afectos al ejercicio de las funciones que asume la Comunidad Autónoma del País Vasco.
III.– El artículo 13 del Estatuto de Autonomía del País Vasco señala que en relación con la Administración de Justicia, exceptuada la jurisdicción militar, la Comunidad Autónoma del País Vasco ejercerá en su territorio las facultades que las leyes Orgánicas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial reconozcan, reserven o atribuyan al Gobierno. A su vez, el artículo 35.3 del Estatuto atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia para la provisión, dentro de su territorio, del personal al servicio de la Administración de Justicia y de los medios materiales y económicos necesarios para su funcionamiento, en los mismos términos en que se reserve tal facultad al Gobierno en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Correspondiendo a la Comunidad Autónoma, en todo caso, la organización, dotación y gestión de las oficinas judiciales y de los órganos y servicios de apoyo a los órganos jurisdiccionales, al amparo de lo establecido en los precitados artículos del Estatuto mediante el Real Decreto 1684/1987, de 6 de noviembre, fueron traspasados de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Euskadi las funciones y los servicios en materia de medios personales, materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia. El ejercicio de estas competencias transferidas en materia de Administración de Justicia corresponde al Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco de acuerdo con lo previsto en el Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de los mismos.
IV.– Los presupuestos generales del Estado para los años 2015 y 2016, contaban con una dotación presupuestaria por importe de 6.000.000 euros cada año, con destino a las Comunidades Autónomas con competencias en materia de justicia, acordándose la distribución y criterios de reparto de los créditos antes citados, en sendas Conferencias Sectoriales de Administración de Justicia y posterior aprobación por el Consejo de Ministros de fechas 22 de mayo de 2015 y 03 de junio de 2016, todo ello dentro del Programa de Reforma de la Administración de Justicia, para potenciar la justicia como servicio público, mediante la dotación de más y mejores medios materiales, así como para impulsar el desarrollo de las nuevas tecnologías.
Dado el buen resultado de esta colaboración y dentro de esta misma línea de actuación, la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017, recoge en la aplicación presupuestaria 13.02.112A.450 «Comunidades Autónomas. Programa de Reforma de la Administración de Justicia» una subvención a las Comunidades Autónomas con traspasos asumidos en materia de Administración de Justicia, con destino a la elaboración de programas de reforma de la Administración de Justicia, dotado con 6.000.000 de euros (seis millones de euros), con el fin de colaborar en el desarrollo e implantación del Sistema de Gestión Procesal Común y la Fiscalía Digital, llevando a cabo mejoras que incidan en un servicio público de mejor calidad, en el respectivo ámbito territorial de cada Comunidad.
V.– De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para proceder al traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco el crédito presupuestario correspondiente –una vez acordados los criterios objetivos y la distribución resultante por el Pleno de la Conferencia Sectorial y tras la aprobación de la distribución definitiva entre Comunidades Autónomas por Acuerdo de Consejo de Ministros, previo informe favorable del Ministerio de Hacienda y Función Pública– será necesario proceder a la suscripción de un Convenio a través del cual se formalicen los compromisos financieros vinculados a dicho crédito.
VI.– La Ley 40/2015, de 2 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, enumera en su artículo 3 los principios de generales que deben respetar las Administraciones Públicas en su actuación y relaciones, entre los cuales constan las de cooperación, colaboración y coordinación, así como los de eficiencia y servicio efectivo a los ciudadanos, y en el Capítulo VI señala la posibilidad de celebrar convenios con los órganos correspondientes de las Administraciones de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias.
VII.– El Pleno de la Conferencia Sectorial de Administración de Justicia acordó el 26 de julio de 2017 la distribución y criterios de reparto del crédito, previo informe favorable de fecha 25 de julio de 2017 emitido por la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, siendo la distribución definitiva aprobada por Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 25 de agosto de 2017 publicado en el BOE de 8 de septiembre de 2017, mediante Orden JUS/842/2017, de 25 de agosto.
VIII.– Con el fin de dar cumplimiento al procedimiento para la distribución territorial de los créditos regulado en el apartado 2 del artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, y proceder a la transferencia del crédito correspondiente a la Comunidad Autónoma del País Vasco, las partes manifiestan su interés en suscribir el presente Convenio a través del cual se formalizan los compromisos financieros, de acuerdo con las siguientes,
CLÁUSULAS
Primera.– Objeto del Convenio.
El presente Convenio tiene por objeto formalizar los compromisos financieros entre el Ministerio de Justicia y la Comunidad Autónoma del País Vasco, vinculados al crédito de seis millones de euros (6.000.000,00 euros) del Programa de Reforma de la Administración de Justicia.
Segunda.– Compromisos de las partes.
I.– El Ministerio de Justicia se compromete a ordenar el pago de la cuantía de doscientos noventa y nueve mil novecientos cincuenta y ocho euros (299.958,00 euros) del Capítulo IV –Transferencias Corrientes– aplicación presupuestaria 13 02 112A 450: Comunidades Autónomas Programa de Reforma de la Administración de Justicia de los Presupuestos de Justicia para 2017 a la Comunidad Autónoma del País Vasco, según lo acordado en el Pleno de la Conferencia Sectorial de Administración de Justicia de 26 de julio de 2017, aprobado en el Acuerdo del Consejo de Ministros, de fecha 25 de agosto de 2017. El libramiento de la citada cuantía se efectuará atendiendo a lo establecido en la regla quinta del artículo 86. 2 de la Ley General Presupuestaria.
II.– La Comunidad Autónoma del País Vasco se compromete a:
a) Adquirir, durante el ejercicio 2017, elementos de infraestructura de sede o puesto de trabajo de usuario necesarios para la implantación efectiva de un sistema de gestión procesal basado en tramitación electrónica, tanto en órganos judiciales como de la fiscalía. Estos elementos, tales como: escáneres, pantallas, ordenadores portátiles, ordenadores de sobremesa, equipos multifunción, material tecnológico de salas de vista etc.... podrán ir destinados al tratamiento digital, captura y/o visualización de la información digital de los expedientes judiciales.
b) Informar al Ministerio de Justicia, antes del 31 de marzo de 2018, del cumplimiento de los compromisos financieros asumidos con el presente Convenio, en los términos establecidos en la regla séptima del artículo 86.2 de la Ley General Presupuestaria.
Tercera.– Financiación.
La transferencia de crédito derivada de este Convenio, por importe de doscientos noventa y nueve mil novecientos cincuenta y ocho (299.958,00 euros), se realizará por el Ministerio de Justicia con cargo al Capítulo IV –Transferencias Corrientes– aplicación presupuestaria 13 02 112A 450, Comunidades Autónomas Programa de Reforma de la Administración de Justicia de los Presupuestos del Ministerio de Justicia para 2017, en los términos establecidos en la regla quinta del artículo 86.2 de la Ley General Presupuestaria.
Cuarta.– Seguimiento y evaluación.
Conforme a lo establecido en la cláusula segunda del presente Convenio, antes del 31 de marzo de 2018, la Comunidad Autónoma del País Vasco deberá presentar un informe relativo a la ejecución del mismo y, en concreto, a la ejecución financiera del crédito transferido, que contemple los extremos previstos en la regla séptima del artículo 86.2 de la Ley General Presupuestaria.
Quinta.– Vigencia y efectos del Convenio.
El presente convenio resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de cooperación del sector público estatal, y publicado en el Boletín Oficial del Estado.
El Convenio estará en vigor hasta el cumplimiento de las obligaciones de las partes y, en todo caso, hasta el 31 de marzo de 2018.
Sexta.– Extinción del Convenio e incumplimiento de obligaciones por las partes.
El Convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
Son causas de resolución:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes.
Séptima.– Naturaleza del Convenio y resolución de controversias.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, quedando excluido del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público al amparo de lo dispuesto en su artículo 4.1.c). No obstante, los principios de dicho texto sí serán de aplicación para resolver las dudas y lagunas que puedan plantearse, como establece el artículo 4.2 del mismo texto legal.
Sin perjuicio de lo anterior, para la interpretación de dudas y controversias que surjan en la aplicación de este Convenio se estará a lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que regula el régimen jurídico de los convenios.
Al tener naturaleza administrativa, el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Y, de conformidad con cuanto antecede, en el ejercicio de las facultades que legalmente corresponden a cada uno de los firmantes, obligando con ello a las Instituciones que representan, suscriben el presente Convenio por duplicado ejemplar en el lugar y fecha señalados al principio.
RAFAEL CATALÁ POLO.
MARÍA JESÚS CARMEN SAN JOSÉ LÓPEZ.