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El Gobierno Vasco rechaza cualquier recorte en la Ley de Dependencia que plantea el Estado

12 de abril de 2012

 

  • "La crisis no se puede convertir en una excusa para recortar derechos sociales", advierte la consejera Gemma Zabaleta.

  • El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales comparte la necesidad de evaluar la ley y mejorar su financiación, pero se opone al recorte de derechos o prestaciones.

  • Los costes de la Ley de Dependencia y los servicios sociales suponen una inversión en cohesión social, solidaridad y generan empleo y riqueza.

El Gobierno vasco rechaza cualquier recorte de derechos o prestaciones de la actual Ley de Dependencia y advierte que la crisis no se puede convertir en una excusa para recortar derechos sociales. Así lo han manifestado hoy el Ejecutivo de Vitoria en la reunión celebrada por el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia celebrada en Madrid y a la que han acudido representantes de todas las comunidades autónomas y del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En este consejo, Euskadi participa a través del Gobierno vasco (Departamento de Empleo y Asuntos Sociales), que es el que tiene voto, aunque las diputaciones forales acuden con voz.

En la sesión de hoy se han tratado, entre otros aspectos, la evaluación de la Ley y las medidas adoptadas por el Gobierno español de suspensión de la aplicación durante 2012 de nuevas entradas de beneficiarios al sistema, medida que no se aplicará en el País Vasco por decisión de las diputaciones forales y que el Gobierno vasco comparte y apoya plenamente.

Además, el Gobierno español ha planteado un documento donde se recoge la necesidad de alcanzar un pacto de Estado por los servicios sociales y la dependencia. El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, que dirige Gemma Zabaleta, comparte la necesidad de evaluar la Ley y muestra su disposición a estudiar medidas de mejora, tal y como se ha propuesto hoy en el Consejo, pero al menos hay tres elementos que no comparte:

1. El documento presentado por el Gobierno español para el debate con las comunidades autónomas no reconoce el avance que ha supuesto la aprobación de la Ley de Dependencia y responsabiliza de los problemas en su aplicación a su diseño inicial. Sin embargo, la realidad es que ha habido comunidades que han hecho un esfuerzo por su aplicación y otras no, como se refleja en las diferentes evaluaciones realizadas por organismos independientes y en los propios datos del Imserso. Lo que demuestra, según Zabaleta, "que debe existir también voluntad política para su aplicación"

2.- El análisis que hace el documento del actual sistema de financiación, que el Gobierno vasco comparte que hay que reflexionar sobre él, no puede conducir a un recorte de derechos y de prestaciones. El documento achaca a la improvisación en la puesta en marcha de la Ley muchos de los problemas de aplicación con los que se ha encontrado posteriormente. "Creemos", apunta Gemma Zabaleta, "que hay que abrir el debate sobre nuevas fórmulas de financiación finalista para la dependencia y los servicios sociales, como existen en otros países europeos, pero en ningún caso seguir en la línea de los recortes.

"La aplicación de la Ley de Dependencia", añade, "no se puede parar como consecuencia de la coyuntura económica. Los actuales recortes en políticas sociales y de empleo que lleva a cabo el Estado sólo generan paro, pobreza y más recesión".

3.- El documento habla de una cartera de servicios sociales común a todas las autonomías. "Nosotros defendemos el autogobierno y las competencias autonómicas que en el caso de los servicios sociales se recoge en el Estatuto de Gernika y la Constitución y rechazamos cualquier afán recentralizador", resalta la consejera.

Desde el Gobierno vasco se apuesta por el trabajo consensuado, que garantice el desarrollo de los derechos que supuso la aprobación de la Ley de Dependencia. Al mismo tiempo, apuesta por la puesta en marcha de nuevos modelos de atención centrados en la persona, que primen la dignidad y la autonomía de las personas y que vayan acompañados de estudios serios de coste eficiencia, tal y como está desarrollando el departamento con los proyectos piloto que está llevando a cabo.

"Los costes de La Ley de Dependencia y de servicios sociales constituyen una inversión en cohesión social, en solidaridad, pero también en posibilidades de generación de empleo y de riqueza. No compartimos que la crisis se convierta en excusa para recortar derechos sociales", recalca la consejera.

 

 

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