El Departamento de Justicia y la Fiscalía acuerdan colaborar en la aplicación de la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público
- Gobierno y Fiscalía han celebrado hoy en Bilbao una nueva reunión de la Comisión Interinstitucional de Coordinación
- Encabezada por la consejera María Jesús San José y la Fiscal Superior del País Vasco, Carmen Adán, la Comisión ha tratado otras cuestiones como la accesibilidad, la violencia contra menores o los delitos de económicos
El Departamento de Justicia y Derecho Humanos y el Ministerio Fiscal han acordado hoy colaborar y trabajar de forma conjunta en la aplicación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia recientemente aprobada. A través de la Comisión Interinstitucional de Coordinación de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Ministerio Fiscal reunida hoy en Bilbao, se han tratado además otros asuntos como la lucha contra delitos económicos, la violencia contra la infancia y la adolescencia o la accesibilidad.
El equipo del Departamento de Justicia y Derechos Humanos ha estado integrado por la consejera María Jesús San José, el viceconsejero de Justicia, Alfonso Gómez, y los directores de Justicia, Jose María Bastos, y de Administración de Justicia, Maria Dolores Movilla. Por parte de la Fiscalía han estado presentes la Fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma Vasca, Carmen Adán, los fiscales jefe de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa, Ana María Sola, Carmen Cotelo y Juan Calparsoro, respectivamente, así como Esmeralda Rasillo, Fiscal Jefe de la Unidad de Apoyo, y Concepción Pedraza, Fiscal de la Unidad de Apoyo, ambas de la Fiscalía General del Estado.
Uno de los asuntos que ha centrado la reunión de la Comisión ha sido la Ley Orgánica 1/2025 de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia recientemente aprobada. Esta ley va a suponer la mayor transformación de la Justicia en décadas, por lo que se ha considerado necesario establecer cauces de comunicación y de trabajo conjunto para analizar las modificaciones y las demandas que pueda suponer su entrada en vigor. En concreto, en todo lo que pueda afectar a la oficina fiscal o a los medios o servicios necesarios para la mejora del servicio público y las reformas que la ley conlleva.
Asimismo, el grupo se ha referido a las modificaciones que introduce la nueva ley en lo que respecta a las secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia. En concreto, apunta que se deberá estudiar la necesidad o carencia de dependencias que impidan la confrontación de la víctima y el agresor durante el proceso, así como impulsar, en su caso, su creación. Y con respecto a la accesibilidad, se van a analizar las necesidades que la Fiscalía detecta en los usuarios de la Justicia. En este sentido, el Departamento trabaja en la puesta en marcha de las medidas previstas en el Plan de Accesibilidad física, sensorial y cognitiva para toda la ciudadanía que ha de relacionarse con el sistema judicial. Otro de los asuntos ha sido las necesidades detectadas por la Fiscalía para hacer frente a los delitos económicos y, en especial, los de corrupción, dado que no existe una unidad específica sobre estos últimos.
Órgano de colaboración y asistencia
Esta comisión, que fue constituida en virtud de un convenio suscrito en 2010 entre la consejera del Departamento y la Fiscal Superior del País Vasco, se reúne dos veces al año y funciona como órgano de colaboración y asistencia técnica para informar y proponer actuaciones en asuntos relacionados con dotación de recursos humanos, digitalización, locales y dependencias asignados al Ministerio Fiscal, documentación y publicaciones de interés para el Departamento de Justicia y el Ministerio Fiscal, convenios de colaboración y acciones formativas específicas. Forman parte de ella la consejera de Justicia y Derechos Humanos, el equipo directivo de la viceconsejería de Justicia, la Fiscal Superior del País vasco, los/las Fiscales jefes de Bizkaia, Alava y Gipuzkoa, y diversos fiscales integrantes de la Fiscalía General del Estado.
