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El Parlamento Vasco aprueba por unanimidad la Ley de Entidades Participadas

1 de marzo de 2012

La Ley amplia el control sobre entidades participadas con fondos públicos, lo que permitirá incrementar la transparencia y seguimiento de la actividad económica en ámbitos públicos que hasta ahora no estaban suficientemente regulados.

La Ley ha sido aprobada por unanimidad en el Parlamento. Es la duodécima ley que aprueba el Departamento de Economía y Hacienda en la presente legislatura.

Con la Ley hoy aprobada por el Parlamento Vasco, que modifica el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, la Ley de control económico y contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi y la Ley del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, se da regulación a las entidades participadas y financiadas mayoritariamente por el sector público y que hasta ahora estaban insuficientemente reguladas.

Por un lado, y con pleno respeto a las competencias de cada Administración, se promoverá que el régimen económico y financiero de las entidades participadas, dirigidas o financiadas mayoritariamente por las administraciones públicas pero no pertenecientes al sector público de ninguna de ellas se regule mediante convenios suscritos por las Administraciones partícipes.

De ese modo, se evitará que ciertas entidades íntegra o mayoritariamente pertenecientes a varias Administraciones carezcan de una reglamentación adecuada en materias de tanta relevancia pública como el endeudamiento o las retribuciones de su personal. En el caso de que la participación o financiación del sector público autonómico sea igual o superior al de cada una de las demás administraciones partícipes, dicho convenio será condición necesaria para la participación de éste en las entidades.

Además, en la línea señalada por las recomendaciones del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, se establecen los requisitos para que el sector público de la CAE adopte la decisión de coparticipar en una entidad con otras Administraciones, tales como la correcta determinación de su objeto social o la suficiente dotación de recursos y financiación para el desarrollo de su actividad. Igualmente, la nueva norma establece la obligación de informar al Parlamento sobre la colaboración de la Administración de la CAE con otras instituciones mediante estas entidades, aumentándose así la transparencia y la eficacia del control del Ejecutivo.

Por otro lado, la Ley permitirá que cuando la financiación de una entidad proceda mayoritariamente del sector público de la CAE, el control auditor sobre ella sea similar al que se ejerce sobre las sociedades públicas, incluyendo auditorías de legalidad y gestión o procedimientos sobre cualquier aspecto de su actividad económica. Hasta ahora, este control se limitaba a la comprobación del correcto uso y destino de las ayudas y subvenciones. De este modo, se busca que la intensidad de los controles sea proporcional a la importancia relativa de las ayudas recibidas. Análoga ampliación del alcance de la fiscalización, y por las mismas razones, se ha establecido para el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

 

Un comentario
  • @KikeUriarte
    1 de marzo de 2012

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(IX legislatura 2009 - 2012)