Garamendi: “No vamos a recurrir la Ley de bienestar animal porque el Estado ha corregido los excesos competenciales”

• La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno ratifica que el Gobierno Vasco no recurrirá la norma estatal ante el Tribunal Constitucional
• Tras la negociación en la Comisión Bilateral de Cooperación, ambas administraciones dan por solventadas las discrepancias competenciales
• El Gobierno Vasco consideraba que la norma estatal invadía competencias vascas con una regulación centralizada excesiva
• El Gobierno español modificará el texto y promoverá una disposición normativa que, entre otras cuestiones, establecerá que los registros de animales y criadores serán de plena titularidad y gestión de las comunidades autónomas

El Gobierno Vasco no va a plantear recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) sobre la Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales al darse por satisfecho con las actuaciones que ha acordado realizar el Estado en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación. La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, anunció en junio la interposición del recurso por vulneración de competencias y porque la ley mermaba la capacidad para el desarrollo de las normas vascas.

Tras una negociación de varios meses, ambas administraciones han cerrado sus discrepancias y de este modo Euskadi comunicará al alto tribunal su intención de no seguir adelante con el recurso al entender que, con las modificaciones, se asegura la salvaguarda de las competencias vascas. El acuerdo se ha cerrado hoy con la firma del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y de la consejera Garamendi.

El Estado ha realizado varias matizaciones para eludir intromisiones en el Estatuto de Gernika y excederse en el ejercicio de sus competencias. En este sentido, se ha comprometido a implementar una disposición normativa estatal en la que corrige la invasión competencial.

La injerencia se produce en varios artículos referidos a la creación de un registro único a nivel estatal que garantice la centralización de datos a efectos de información y publicidad. También se producen intromisiones en las capacidades vascas en varios artículos que establecen una obligatoriedad en su cumplimiento.

La Administración General del Estado promoverá una disposición normativa que establecerá que la regulación centralizada de registros (de animales de compañía, de criadores y de entidades de protección, entre otros) se interpretará de forma que únicamente puede tener un efecto meramente divulgativo de lo que le transmitan los registros autonómicos.  En este sentido, establecerá con claridad que los registros serán de plena titularidad y gestión de las comunidades autónomas en el marco de sus competencias ejecutivas.

Además, las regulaciones de medidas obligatorias desde el ámbito estatal solo serán orientativas y solo vincularán cuando así lo establezca en cada caso la legislación autonómica.

La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, valora positivamente el acuerdo y explica que el Gobierno Vasco “no va a recurrir la Ley de protección de los derechos y el bienestar animal porque el Estado ha corregido los excesos competenciales de cara a respetar las competencias vascas”.

Tras explicar que se ha vuelto a reconocer la injerencia competencial y que el excesivo grado de detalle de la ley estatal dificulta y merma la competencia de desarrollo normativo que a Euskadi le corresponde en esta materia, Garamendi ha destacado que “gracias a que estamos permanentemente vigilantes, se evitan invasiones competenciales del Estado, como en este caso con la ley de bienestar animal”

La consejera ha añadido que la ley incorpora mandatos a las comunidades autónomas, lo que genera dudas y vulnera el principio de seguridad jurídica. “Espero que esta decisión del Gobierno español de salvaguardar nuestras competencias en la Ley de bienestar animal sea el comienzo de un nuevo escenario”, señala Garamendi.