Garamendi: “Es importante que podamos proteger en el Congreso nuestras competencias mediante una salvaguarda foral en las leyes del Estado”
- La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno subraya la importancia de contar con esa cláusula foral para proteger las competencias vascas ante las leyes del Estado
- Garamendi destaca que sobre la mesa del ministro se ha puesto la cuestión de cómo desarrollar la bilateralidad y poner en marcha la Comisión Bilateral Permanente
- Sostiene que, en relación a la negociación de las transferencias pendientes, ahora el “escenario ha cambiado”, obligado por la nueva correlación de fuerzas en el Congreso
La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno ha señalado que la salvaguarda foral pactada en el acuerdo de investidura y que se acordará previamente protegerá los proyectos de ley que afecten a competencias de la CAE. Olatz Garamendi se ha referido a la intromisión en las capacidades de Euskadi que se lleva a cabo desde el Estado a través de diferentes vías y ha señalado que en el acuerdo de investidura se recoge esta cuestión. “Hay diferentes tipos de erosión competencial y el acuerdo tiene una parte importante que se refiere a ello. Eso es lo que tenemos que trabajar, que podamos proteger en el Congreso nuestras competencias mediante una salvaguarda foral en las leyes del Estado”.
En este sentido, ha recordado que, en algún caso, como cuando se aprobaron los tratados internacionales ya se ha recurrido a este tipo de cláusula foral y ha añadido que esta cláusula blinda los derechos forales y obliga a respetarlos. En una entrevista a Euskadi Irratia, ha añadido que también se incorporaron este tipo de cláusulas en la ley de entidades locales.
Transferencias
Garamendi también ha sido preguntada sobre la situación de las transferencias pendientes tras la reunión el pasado martes con el ministro de Política Territorial y Memoria Histórica, Ángel Víctor Torres. La consejera ha señalado que ahora el escenario es diferente al de la anterior legislatura. “En repetidas ocasiones he dicho que la legislatura anterior el Estado no cumplió con las transferencias, no se cumplió con lo que establece el Estatuto de Gernika”, ha explicado para, a renglón seguido, añadir que ahora “el contexto político ha variado debido al acuerdo de investidura y a la nueva correlación de fuerzas en el Congreso de los Diputados. “Obligado por la necesidad, se han firmado diferentes compromisos y hay acuerdo para llevarlos adelante”, ha indicado.
Ha señalado que la reunión con el ministro ha sido un paso importante: “Cuando digo que ahora estamos en un nuevo escenario quiero decir que hemos puesto sobre la mesa cómo desarrollar la bilateralidad y poner en marcha la Comisión Bilateral Permanente. ¿Para qué? Para que las decisiones sobre los temas que abordemos no estén en manos de una parte. En la reunión asumimos ese compromiso”.
Sobre el decreto que el Departamento de Política Lingüística está trabajando para el uso del euskera en el sector público vasco, Garamendi ha recordado que actualmente está a la espera del dictamen jurídico de la COJUA, que cuenta con dos meses para ello. La consejera ha recordado que las últimas sentencias judiciales han sido recurridas y ha defendido que “una cosa es que el Tribunal Constitucional diga que el euskera y el castellano tienen que estar al mismo nivel y otra distinta es que el TSJPV haya dicho que se va en contra del castellano”. Garamendi ha apuntado que no está de acuerdo con eso y ha resaltado que en torno al uso del euskera “existe un consenso amplio en este país y por eso el euskera merece nuestro impulso y promoción, esa es nuestra obligación y compromiso y en ello seguiremos”.
Por último, sobre las últimas convocatorias de huelga en el sector público vasco, la consejera Garamendi ha defendido que "no hay razones suficientes" para los paros y ha destacado "los enormes avances" dados por el Ejecutivo vasco para hacer frente a la temporalidad. En este sentido, ha señalado que se van a consolidar 3.700 empleos en la Administración general, “que son 17.000 si tenemos en cuenta Educación y Osakidetza", lo que se traducirá en que la tasa de temporalidad en el empleo público será menor del 8%.