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La Vicelehendakari Mendia destaca que la Ley de Empleo obliga a incluir el criterio de trabajo digno en todas las políticas públicas de Euskadi

21 de diciembre de 2023
  • “Pasamos de una Ley que organizaba las políticas que heredamos a otra que define las que queremos dejar en herencia, con más derechos y un servicio público fuerte”
  • La Ley incorpora como derecho subjetivo a la orientación y activación laboral, la ventanilla y el historial laboral únicos, la gobernanza compartida y un papel esencial de los ayuntamientos

La Vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, Idoia Mendia, considera que la primera Ley de Empleo con la que cuenta Euskadi tiene un valor estratégico para el futuro porque incluye, entre otras cosas, la perspectiva del trabajo digno en todas las políticas públicas que se diseñen en adelante, además de incorporar el derecho subjetivo a la orientación y activación laboral, la ventanilla única y el historial laboral único, un modelo de gobernanza compartida y un papel esencial de los Ayuntamientos.

Mendia ha pedido este jueves el voto afirmativo de todos los grupos parlamentarios a un texto trabajado en estos tres años con los agentes sociales y económicos, a partir de los criterios acordados en su día en la Cámara en la Estrategia Vasca de Empleo 2030 y después de una década de debates en el Legislativo. “Hemos tomado nota de todo y no nos hemos puesto de acuerdo en todo”, ha admitido, pero ha recordado que es la primera ocasión en que se vota y aprueba una Ley que desarrolla el autogobierno en materia de empleo para avanzar en derechos y reforzar el servicio público de Lanbide.

La Ley comienza definiendo el trabajo digno y establece que todos los programas, planes y normas de la totalidad de los poderes públicos de Euskadi estarán atravesados por esta perspectiva: que garantice un salario justo, seguridad, protección social, perspectivas de desarrollo personal, participación, igualdad de oportunidades e inclusión de la diversidad. Una novedad que ha asimilado al impacto de la Ley de Igualdad. “Es un blindaje de futuro para la nueva fase del empleo que hemos querido abrir”, ha destacado, recordando que se reforzará en breve con un Pacto Social “que comprometa a todos los agentes institucionales, sociales, económicos y académicos en esta tarea”.

La Vicelehendakari ha expresado la satisfacción del Departamento porque con esta Ley se cumplen todos los compromisos de legislatura, y porque se ha hecho con una visión integral y con la colaboración plena de todas las instituciones y de la Mesa de Diálogo Social. “No queríamos un maquillaje”, ha explicado, sino impulsar políticas nuevas y dar la vuelta a Lanbide, en consonancia con la “profunda revolución” que vivimos. Por ello, ha resumido, “pasamos de una Ley de Lanbide que organizaba las políticas que habíamos heredado a una Ley de Empleo para definir las políticas que queremos dejar en herencia, con más derechos y un servicio público que los garantice, para la Euskadi que queremos ser: la que progresa sin dejar a nadie atrás”.

Ampliación de derechos, servicio público y gobernanza

La primera Ley Vasca de Empleo supone un alineamiento con la Estrategia Europea y el Pilar Europeo de Derechos sociales, comenzando por una ampliación de los derechos de ciudadanía. Tal y como ha detallado Mendia, cualquier persona inscrita en Lanbide podrá exigir un diagnóstico personal y un plan individualizado para la formación, orientación y activación laboral, un “traje a medida” para mejorar su empleabilidad, que profundiza en la igualdad, para que el acceso a un trabajo mejor “no dependa del bolsillo”.

Para lograrlo, se refuerza el papel del servicio público, “porque sólo lo público garantiza derechos” y, gracias al proceso de transformación en el que ya está inmerso Lanbide, el servicio vasco de empleo podrá realizar de forma adecuada la tarea de prospección, acompañamiento y conexión entre lo que ofrecen las personas trabajadoras y lo que ofrecen las empresas. “Esta cuestión es estratégica en la igualdad y en la competitividad de Euskadi. Modernizar nuestro tejido productivo no es sólo invertir en tecnología. Es sobre todo invertir en las personas, en todas, sin desperdiciar un solo talento de mayor cualificación, de cualificación intermedia e incluso de cualificación menor. La palabra clave de nuestro progreso es la cualificación permanente y todas las personas van a poder acceder a ella con la garantía pública de Lanbide”, ha insistido la Vicelehendakari.

Con este mismo objetivo, la Ley establece un modelo de gobernanza compartida junto a Diputaciones y Ayuntamientos, que confluirán en el Consejo Vasco de Políticas Públicas de Empleo, y que se completarán con la Mesa de Diálogo Social. En este sentido, destaca el papel esencial de los municipios, que realizarán estrategias en sus ámbitos según sus propias necesidades, a tres años vista, y que contarán con garantía de financiación.

Esta coordinación planificadora se traslada en la gestión a la creación de una Red Vasca de Empleo, que se acaba traduciendo para las personas y empresas usuarias de Lanbide en un sistema mucho más fácil, con una ventanilla única territorial y una común para Euskadi, donde se compartirá un historial laboral único de cada persona.

La Ley supondrá también la transformación de la figura jurídica de Lanbide, que pasa a ser Ente Público de Derecho Privado. En este sentido, y ante el rechazo que ha provocado en algunos ámbitos, la Vicelehendakari ha rechazado tajantemente que se trate de una privatización, y ha recordado que todos los grupos y agentes sociales y económicos compartían que el servicio público, como organismo autónomo, no cumplía los objetivos para los que nació. “Nuestro modelo es para que Lanbide funcione”, ha subrayado, y lo quiere hacer mediante la especialización de toda la plantilla, a la que ha vuelto a agradecer su esfuerzo e implicación en este tiempo.

De igual manera, la Vicelehendakari ha aclarado que la Ley abre por primera vez las puertas a la participación de las cooperativas en el Consejo de Administración de Lanbide, para lo que “se promoverá el acuerdo que lo haga posible entre las organizaciones empresariales representativas”.

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