El Gobierno Vasco traslada a la Fiscalía las irregularidades detectadas en varios contratos informáticos del Departamento de Justicia entre 2000 y 2009

La suma de los expedientes supera los 23 millones de euros utilizados para pagar varias veces por las mismas aplicaciones que ninguno se ejecutó al completo y algunos ni siquiera se iniciaron

El Consejo de Gobierno ha acordado poner en conocimiento de la Fiscalía las irregularidades detectadas en una serie de contratos informáticos del Departamento de Justicia, entre los años 2000 y 2009. Una investigación interna  confirma la existencia de graves irregularidades en, al menos, una quincena de expedientes de contratación informática por un importe total que supera los 23 millones de euros. Las pesquisas concluyen que con dinero público se han pagado sistemáticamente trabajos no realizados y, en ocasiones, por las mismas aplicaciones.

Según ha podido constatar el Departamento de Justicia y Adminsitración Pública, ninguno de los expedientes de contratación analizados, a pesar de estar íntegramente pagados en plazo, se ha ejecutado en su totalidad, no ya a fecha de la finalización del contrato, sino que ni siquiera lo están a fecha actual. Algunos de ellos ni siquiera se han iniciado. Se constata igualmente que muchas de las aplicaciones informáticas han sido contratadas y pagadas varias veces, bien en sucesivos contratos, bien a través de facturas emitidas por conceptos ya recogidos en expedientes anteriores.

Otro dato que llama la atención es el escasísimo plazo (16 días, un mes) fijado para la ejecución de algunos de los trabajos contratados, lo que pondría en evidencia, en unos casos, que la empresa sabía de antemano que iba a ser la adjudicataria y había anticipado el trabajo; y en otros, que ninguna de las partes tenía intención de realizar lo contratado, por lo que dicha contratación no era sino una mera justificación formal para obtener financiación.

Al tener sospecha de estas irregularidades, el anterior viceconsejero de Justicia, José Manuel Fínez, fallecido en octubre de 2010, encargó dos auditorias técnicas, una interna y otra externa. Posteriormente, mantuvo una serie de reuniones con las empresas informáticas proveedoras, con la finalidad de garantizar la continuidad del sistema informático de la Administración de Justicia. En estas reuniones las empresas adjudicatarias, además de reconocer la falta de ejecución de muchos de los trabajos contratados y su cobro íntegro, se comprometían a su ejecución.

Las irregularidades afectan a cuestiones de calado para la Administración de Justicia como son:

- La implantación del sistema de gestión procesal (JustiziaBat) en los órganos que desempeñan tareas jurisdiccionales

- El desarrollo del expediente judicial electrónico

- La implantación de la Nueva Oficina Judicial (NOJ) en Euskadi.

En vista de todo ello, el Consejo de Gobierno ha decidido poner los expedientes en conocimiento de la Fiscalía por si apreciara alguna conducta delictiva y, en su caso, señale al responsable de la misma.