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La Comisión Interdepartamental del Gobierno Vasco sobre bebés robados comienza a trabajar

27 de enero de 2012

Idoia Mendia ha informado a ANADIR y S.O.S. Bebés Robados de la creación de una Comisión Interdepartamental para avanzar en el esclarecimiento de la supuesta desaparición de recién nacidos en hospitales vascos

La Dirección de Derechos Humanos lidera una iniciativa en la que también participan Interior y Sanidad, y que esta llamada a intensificar la coordinación ya existente entre los departamentos y entre el Gobierno Vasco y el Poder Judicial. El Servicio de Atención a la Víctima de la Viceconsejería de Justicia ya ha prestado ayuda psicológica y/o asesoramiento jurídico a 31 personas afectadas que lo han solicitado.

La consejera de Justicia y Administración Pública, Idoia Mendia; el consejero de Sanidad y Consumo, Rafael Bengoa, el viceconsejero de Seguridad, Miguel Buen; la viceconsejera de Justicia, María Victoria Cinto; y la directora de Derechos Humanos, Inés Ibáñez de Maeztu, se han reunido esta mañana con cuatro representantes de ANADIR (Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares) y de S.O.S. Bebés Robados. Durante el encuentro han abordado las actuaciones puestas en marcha por la Viceconsejería de Justicia en relación a la supuesta desaparición de recién nacidos en hospitales vascos, así como las nuevas iniciativas del Gobierno al respecto, entre las que destaca la creación de una comisión interdepartamental diseñada para ayudar a avanzar en el esclarecimiento de tan dramática sospecha.

La nueva comisión, coordinada por la Dirección de Derechos Humanos, tiene la encomienda de intensificar aún más el trabajo conjunto ya existente entre los diferentes departamentos del Gobierno Vasco y entre éste y los distintos estamentos del Poder Judicial.

Entre las personas que han acudido en representación de S.O.S. Bebés Robados figura Flor Díaz. Es la segunda vez que Idoia Mendia recibe a Diaz. La anterior reunión se produjo el pasado mes de febrero, días después de que ANADIR presentara en la Fiscalía General del Estado una demanda conjunta en la que denunciaba la existencia de 261 casos de niños ‘robados’, 40 de ellos en Euskadi, y siendo ella la representante de dicha asociación en el País Vasco. Asimismo, el Lehendakari también mantuvo el 12 de julio con ANADIR un encuentro en el que ofreció “todo su apoyo”. “Las instituciones no podemos dejar solas a las personas que han sufrido este drama”, aseveró.

En la referida cita, la consejera ofreció el Servicio de Asistencia a la Víctima (SAV) de su departamento para prestar ayuda psicológica a las personas afectadas, independientemente de que fueran derivadas por una asociación o se tratara de demandantes particulares. El Gobierno Vasco ha cumplido su compromiso: actualmente, son ya 31 (19 en Bizkaia, 9 en Gipuzkoa y 3 en Araba) las personas que han recibido el referido apoyo psicológico y/o asesoramiento jurídico. Desde el SAV se les informa también de las posibles actuaciones legales, sin perjuicio de que las mismas se ejerciten por profesionales del derecho, de los beneficios que les puedan asistir por ley (justicia gratuita si se cumplen los requisitos legales, prácticas de pruebas de ADN si las solicita el Ministerio Fiscal, etcétera) y de las diferentes posibilidades de intervención a lo largo del proceso judicial.

Dada la propia complejidad de los procesos judiciales, en algunos casos de difícil comprensión para gran parte de la ciudadanía, y atendiendo a la alarma social generada, la Viceconsejería de Justicia consideró oportuno poner a disposición de las personas afectadas “todos los medios disponibles para facilitarles la información que necesitan para el ejercicio de sus derechos y proporcionarles orientación en cada una de las fases del proceso”, según se recogía en el primer protocolo relacionado con las adopciones irregulares aprobado por el Departamento de Justicia en junio pasado.

Con el segundo protocolo, se pretendía, además, operar en red con el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional de Toxicología. De esta manera, se trabaja en coordinación con el Gobierno de España para centralizar los análisis de las muestras de ADN y establecer una base de datos única (banco de datos), merced a la articulación de un protocolo de actuación del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para la identificación genética en los casos de adopciones irregulares y sustracción de recién nacidos en el conjunto del país.

La consejera ha explicado de primera mano a los interesados esta y otras iniciativas en torno a una cuestión que vuelve a estar de actualidad tras las últimas exhumaciones realizadas por el Instituto Vasco de Medicina Legal, órgano dependiente de su departamento que presta apoyo a Juzgados, Tribunales y Fiscalías de Euskadi.

“Estamos colaborando y vamos a seguir colaborando al máximo en las investigaciones en curso para que las dudas que hoy en día atenazan a muchas personas en relación con este drama humano se conviertan en certezas y, a ser posible, en pruebas para que los jueces que están investigándolos tengan todos los elementos de juicio necesarios para esclarecer dichas denuncias”, adelanta Idoia Mendia.

“Nadie podrá atribuir a una supuesta falta de implicación de este Gobierno la existencia de un solo caso que quede sin ser investigado, siempre, claro está, bajo la tutela de las autoridades judiciales competentes”, ha subrayado la consejera de Justicia y Administración Pública.

A día de hoy, la Ertzaintza ha contabilizado un total de 42 denuncias por hechos relacionados con la presunta sustracción de recién nacidos para su posterior entrega en adopción (todas ellas interpuestas en juzgados de Instrucción de Donostia-San Sebastián, instándose a la investigación de los hechos reflejados en las mismas) y Osakidetza ha recibido 416 demandas de información, 59 de ellas judiciales.

Un comentario
  • @bakunin2014
    27 de enero de 2012

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