El Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno procede a la aprobación previa del anteproyecto de Ley de Transparencia de Euskadi

• Remite el texto a las Diputaciones forales, Eudel, y las organizaciones empresariales y sindicales para que realicen sus aportaciones. Asimismo, da conocimiento del anteproyecto al Parlamento Vasco
• Abre el periodo de audiencia e información pública a la ciudadanía para que pueda enriquecer el texto

La Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha procedido a la aprobación previa del anteproyecto de Ley de Transparencia de Euskadi y ha remitido el texto a la Asociación de Municipios Vascos (Eudel), a las tres Diputaciones forales y las organizaciones empresariales y sindicales para que puedan realizar sus aportaciones al texto. Al mismo tiempo, se abre el periodo de información pública a la ciudadanía para que también aporte sus reflexiones. Además, se ha dado conocimiento del anteproyecto al Parlamento Vasco.

Con posterioridad, una vez analizadas las aportaciones recibidas, el Departamento solicitará los informes preceptivos y posteriormente se elevará el texto definitivo al Consejo de Gobierno para su aprobación. A partir de ahí, el debate, y en su caso, aprobación de la futura ley quedará en manos del Parlamento.

La Consejera Olatz Garamendi firmó la orden de inicio el pasado 2 de diciembre y el anteproyecto ya ha completado el trámite de consulta pública previa a la elaboración del texto a través del portal de Irekia.

Durante el último año, el Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno ha estado trabajando en el texto y, a principios de este mes de julio, realizó una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para compartir las líneas básicas del texto. El objetivo del Gobierno es aprobar la ley con el máximo apoyo parlamentario.

La ley pretende consolidar un modelo de gobierno abierto basado en la rendición de cuentas, la transparencia en la gestión pública y la publicidad activa, la participación y la colaboración de la ciudadanía en los asuntos públicos. Asimismo, regula el canal externo de protección del informante para denuncias de infracciones administrativas o penales.