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El Consejero, Carlos Aguirre, analiza en la Comisión de Duplicidades del Parlamento Vasco el modelo financiero-institucional vasco

11 de enero de 2012

Aguirre ha asegura que el uso de determinadas herramientas legislativas, financieras y fiscales pueden propiciar la racionalización de los servicios de las Administraciones Públicas vascas

El Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, Carlos Aguirre, ha intervenido en la Comisión del Parlamento Vasco que estudia las duplicidades e ineficiencias de las Administraciones Públicas Vascas. El consejero ha centrado su análisis en las relaciones financieras de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en  las Leyes y Normas que tienen una incidencia reseñable en el modelo financiero-institucional vasco y en factores de diferente índole que van a incidir en el modelo de prestación de servicios de las Administraciones.

El Consejero ha realizado un detenido análisis de la situación  económica actual   y ha señalado cómo el empleo de determinadas herramientas legislativas, financieras y fiscales puede propiciar una racionalización de los servicios ofertados por las Administraciones Públicas del País Vasco. Previamente,  el Secretario General de la Presidencia, Manuel Salinero,  ha presentado el informe de Duplicidades e Ineficiencias.

El Consejero ha destacado cómo, el actual sistema de relaciones financieras basado en el consenso ha sido conceptualmente bueno, y ha funcionado cuando se producía al menos una de las dos siguientes condiciones.

- Que hubiera holgura financiera, tal y como ocurrió hasta el año 2008.

- Que existiera una cierta homogeneidad política entre el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales.

En la actualidad no se dan esas condiciones y eso genera una incapacidad de reasignar recursos hacia las prioridades más demandadas por la ciudadanía vasca y descompensaciones financieras en tiempos de crisis, lo que conduce a una serie de ineficiencias en el modelo que es preciso corregir. Uno de los indicadores que mejor se aproxima al grado de riqueza y desarrollo de una economía es la eficiencia de su sector gubernamental.

Además, la crisis económica ha puesto de relieve la extraordinaria descompensación que existe entre ingresos y gastos, y los importantes déficit estructurales que se abordan, sobre todo en el caso del Gobierno Vasco, que es el que integra dentro de su presupuesto la parte más social y cuantitativamente más grande de la prestación de servicios públicos, como Sanidad, Educación y Seguridad.

En los próximos meses se tienen que negociar tres Normas básicas que van a definir el entramado de relaciones financieras: la Ley del Cupo, la Ley de Aportaciones, ambas para el periodo 2012-2016, y la Ley Municipal. Son tres Normas que pueden hacer necesaria la modificación de otras, y en especial la Ley de Territorios Históricos.

La LTH establece el campo de juego, y también canaliza las relaciones financieras a través del Consejo Vasco de Finanzas Públicas, que puede constituirse como un poderoso instrumento para dotar de dimensión económica a los acuerdos que se alcancen entre las instituciones. Unos acuerdos que hoy en día son más complicados, dado el amplio abanico de representatividad política que rige nuestras diferentes instituciones.

La corrección de ineficiencias y duplicidades entre varios niveles institucionales requiere medidas presupuestarias correctoras y que, por tratarse de duplicidades entre distintas instituciones, requieren de la actuación coordinada de estas.

El Consejo Vasco de Finazas Públicas puede desempeñar una labor esencial. Por un lado para la formulación de acuerdos interinstitucionales que racionalicen y corrijan las duplicidades detectadas. Por otro, para establecer mecanismos que permitan dotar fondos suficientes a las políticas que, de forma consensuada, se consideren más prioritarias. De esta forma se proporcionará de una mayor flexibilidad al complejo entramado financiero del que se han dotado las Administraciones Públicas Vascas.

En el entramado  institucional cada Administración tiene la responsabilidad de dar un uso eficiente a los recursos que se le han distribuido de forma proporcionada. Las ineficiencias pueden producirse por duplicidades de estructuras o instrumentos para la prestación de un mismo servicio de manera descoordinada, ya sean duplicidades dentro del mismo nivel institucional o entre niveles institucionales diferentes.

Este es un punto esencial, porque muchas veces la duplicidad se fomenta también desde las políticas de una sola institución, desplegando actuaciones, servicios e infraestructuras atendiendo más a criterios territoriales que a la eficiencia en la dotación de recursos. Los  Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma obligan a territorializar las inversiones, y muchas veces se pide desde las instituciones forales una traslación casi mimética a sus territorios de los coeficientes horizontales. Tanto se  aporta, tanto se tiene derecho a recibir.

Es imperativo que los responsables de cada institución, dentro de las diferentes organizaciones, revisen las respectivas formas de intervención pública y se identifiquen las duplicidades para luego erradicarlas.

Hay que revisar si existen solapamientos de intervenciones de varias instituciones para el ejercicio de una misma función.

Carlos Aguirre ha dibujado un escenario en el que los recursos económicos a repartir son menores, y las prioridades diferentes. Pese a ese cambio en la situación de los recursos nuestro modelo financiero parece inalterable.

Un extraordinario volumen de recursos puestos a disposición de nuestros ciudadanos, pero de cuya financiación vía tributos el Gobierno Vasco tiene nula capacidad de decisión, menos que cualquier otra administración vasca, española, y con seguridad  que cualquier administración europea.

Por este motivo es importante la conexión entre el balance de competencias de las instituciones y el modelo de financiación de dichas competencias. La  corresponsabilidad fiscal supone  equilibrio entre el gasto que cada nivel institucional debe acometer y su capacidad de obtención de ingresos. Es decir, habrá mayor corresponsabilidad fiscal cuando la competencia desde el lado del gasto se equipare competencia para decidir sobre los ingresos necesarios para financiar la provisión de bienes y prestación de servicios encomendados a ese nivel institucional.

Resulta peculiar e  incluso anacrónico en comparación con la mayoría de los sistemas federales, que el nivel institucional que tiene atribuidas menos competencias en términos de gasto, en nuestro caso el foral, sea el competente para decidir sobre la mayor parte de los ingresos de las  Administraciones Públicas Vascas.

Por otra parte, se ha demostrado que no sólo por la vía de ajuste en gasto es posible  de corregir el déficit, al menos si queremos seguir manteniendo nuestro modelo de prestaciones sociales. Es aquí donde se circunscribe el debate fiscal. Un debate que si las diferentes Instituciones Vascas son  capaces de impulsarlo con decisión solucionará una buena parte de los problemas que actualmente tiene el  modelo de financiación pública de Euskadi.

Es imprescindible, pese a todo,  actuar por la vía del gasto. En este ámbito es paradigmática la decidida  actuación realizada por el Gobierno Vasco. En sus Presupuestos Generales se ha pasado de disfrutar de incrementos interanuales sostenidos en el gasto de casi dos dígitos durante la anterior década a una obligatoria y sistemática reducción  de  la ejecución presupuestaria respecto al año anterior.

Esta es una vía que desde el Gobierno se ha desarrollado de forma rigurosa, pero ahora hay que emprender la coordinación interinstitucional. El Parlamento Vasco, como máxima institución representativa de la ciudadanía vasca, tiene poderosos mecanismos para conseguir un sector público más racional, posibilista y ajustado a las nuevas realidades.

 

 

 

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