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  El Consejo de Gobierno rechaza la creación de una oficina de buenas prácticas y anticorrupción planteada por EH Bildu (Consejo de Gobierno 7-2-2023)

7 de febrero de 2023
  •  Manifiesta su criterio desfavorable a la toma en consideración de la proposición de ley para crear ese órgano
  • Actualmente ya existe en Euskadi un extenso entramado jurídico e institucional que vela por la integridad, el impulso de la transparencia y la prevención y el combate de la corrupción en las administraciones públicas 

El Consejo de Gobierno ha manifestado su criterio desfavorable a la toma en consideración de la proposición de ley formulada por el grupo parlamentario de EH Bildu para la creación de una oficina de buenas prácticas y anticorrupción. Se trata de una iniciativa prácticamente idéntica presentada por el mismo grupo parlamentario el 15 de septiembre de 2020 y que también entonces fue rechazada. 

Las razones manifestadas entonces para su rechazo son prácticmante similares a las de ahora. En resumidas cuentas, porque en el momento actual ya existey está en vigor en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi un dispositivo jurídico e institucional vigente y activo para promover la integridad, impulsar la transparencia y prevenir y combatir la corrupción en las administraciones públicas vascas. 

Este entramado estaría conformado por los siguientes organismos o entidades: 

-Todas las administraciones públicas vascas cuentan con instrumentos internos de fiscalización y control económico y presupuestario: la Administración General cuenta con la Oficina de Control Económico (OCE) y la Administración Local cuenta con los funcionarios y las funcionarias con habilitación de carácter estatal.

-El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, y en su caso el Tribunal de Cuentas del Estado.

-El Ararteko, y en su caso el Defensor del Pueblo del Estado.

-La Agencia Vasca de Protección de Datos.

-El Servicio de Registro del Personal, con plena autonomía en los asuntos relacionados en la gestión de los expedientes sobre conflictos de intereses.

-El Código Ético y de Conducta de los cargos públicos del sector público autonómico.

-La Comisión de ética Pública, que hay dictado numerosas resoluciones desde su creación en 2013, dando respuesta a dilemas éticos planteados por cargos públicos y a las denuncias planteadas contra cargos por terceras personas.

-La Comisión vasca de acceso a la información pública.

-Los órganos judiciales que integran la jurisdicción penal en Euskal y el Ministerio fiscal en Euskadi. 

El Consejo de Gobierno considera que la iniciativa de EH Bildu no tiene en cuenta este entramado institucional. Además, no comparte el modelo de control que plantea, ya que reproduce la experiencia aplicada en el Estado con escasa eficacia, ya que tiene un sentido más represivo que preventivo. Ese modelo se fundamenta en la creación de nuevas estructuras organizativas y de coste público importante que en la regulación de una acción pública comprometida con los principios y valores de la transparencia y el buen gobierno.

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