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Garamendi constata que el Estado "no está cumpliendo la palabra dada" ni en la transferencia de trenes ni en el resto de materias pendientes

29 de diciembre de 2022
  • La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno asegura que las materias no transferidas son competencia del Gobierno Vasco y, por tanto, “están usurpando una esfera de actuación que correspondería a nuestras instituciones ”
  • Subraya que el Gobierno español “no está cumpliendo” ni lo establecido en el Estatuto de Gernika ni el calendario de traspasos aprobado en octubre de 2020
  • Alerta que, en numerosas ocasiones, el Estado se extralimita en su labor de control de las leyes aprobadas por el Parlamento Vasco, apuntalando así la normativa básica estatal
  • Garamendi sostiene que es posible la creación de un poder judicial vasco al albur de nuestros derechos históricos. Responde a la realidad de “un sujeto político autonómico con capacidad reconocida para su ejercer su autogobierno”

La Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno ha hecho balance del proceso de transferencias pendientes durante este año y lo ha valorado como negativo por la ausencia de avances en el cumplimiento del Estatuto de Gernika por parte del Estado español. Olatz Garamendi ha recordado que en este año que toca a su fin no se ha sustanciado una sola transferencia a Euskadi, con la salvedad del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que a su vez arrastraba ya un gran retraso según el calendario de transferencias aprobado por el propio Gobierno español.

En una entrevista en Onda Vasca, Garamendi ha incidido en estos dos incumplimientos por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, el Estatuto de Gernika y el calendario de transferencias. Ha recordado que las materias pendientes de transferir son competencia de la comunidad autónoma vasca, pero el Estado las está ejerciendo como suyas. “Está usurpando esa esfera de actuación que corresponde a nuestras instituciones para gestionar sus políticas públicas desde Euskadi.

Tras subrayar que las transferencias pendientes no son “asuntos menores”, como desde algunos ámbitos se ha señalado, la Consejera ha defendido la necesidad de que se consumen los traspasos para poder abordar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía vasca. “Cuando hablamos de traspasos, no hablamos de cuestiones menores, sino de materias y transferencias vitales” en el día a día de la ciudadanía vasca.

Ante la inacción del Gobierno español en la activación del proceso transferencial, Garamendi ha recordado que su Departamento ha enviado a lo largo de 2022 hasta seis propuestas de transferencia al Ministerio de Política Territorial: fondo de protección a la cinematografía, meteorología, inmigración, gestión de litoral, salvamento marítimo y el traspaso del Centro Nacional de Verificación de Maquinaria (CNVM) con sede en Barakaldo.

Para encauzar este tipo de diferencias y avanzar en el proceso transferencial, el Lehendakari propuso en septiembre al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, la creación de una Comisión Permanente de Trasferencias.

En esta tesitura, la Consejera de Autogobierno ha revelado que se dirigió a la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, con una propuesta para poner en marcha un foro bilateral que vehiculizara el avance en el cumplimiento del Estatuto. Para ello le planteó reactivar la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Comunidad Autónoma de Euskadi como foro que puede reunirse ordinariamente para establecer los fundamentos y mecanismos conforme a los que se deberían ajustar las materias pendientes de traspaso. “Desde el Ministerio lo han visto con buenos ojos, pero seguimos esperando, no hemos recibido respuesta”, ha enfatizado.

La Consejera también se ha referido a la transferencia de los trenes de cercanías. Esta es la única materia en la que los Gobiernos vasco y español mantienen abierta una negociación. Los equipos técnicos se reunieron en noviembre, pero el resultado del encuentro fue “decepcionante” porque el Departamento de Garamendi puso sobre la mesa que, en cuanto a la financiación, se respetara el sistema del Concierto Económico, tal y como se hace en todos los traspasos. Las dos partes quedaron en volverse a reunir una vez que Madrid estudie los datos y alegaciones enviadas por el Gobierno Vasco. Esa documentación fue enviada hace alrededor de tres semanas. Tampoco en esta ocasión, el Departamento no ha recibido respuesta alguna. Garamendi ha aclarado que el traspaso de trenes de cercanía englobaría “tanto servicios como algunas infraestructuras que se consideran necesarias para la prestación de servicios”.

Control al Parlamento Vasco y poder judicial vasco

En la entrevista a Onda Vasca, la Consejera también se ha referido al control y vigilancia que el Estado somete a las leyes aprobadas en el Parlamento Vasco y ha alertado sobre la extralimitación en el control del Estado a nuestra producción legislativa. “Bajo la apariencia de querer llegar a acuerdos, pone en cuestión asuntos sobre los que no debería haber duda, con el objetivo de apuntalar aún más la normativa básica”.

Sobre la creación de un poder judicial propio en Euskadi, la Consejera ha manifestado que es algo posible y factible en el marco de nuestros derechos históricos, ya que la Constitución “ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales”; porque el Estatuto de Gernika establece que “en relación con la Administración de Justicia, el País Vasco ejercerá en su territorio las facultades que las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial reconozcan, reserven o atribuyan al Gobierno”;

En Euskadi contamos con un poder ejecutivo y legislativo propios, no así un poder judicial propio. “Ello responde a la realidad de un sujeto político autonómico con capacidad reconocida para ejercer su autogobierno”, ha apuntado Garamendi.

Sobre la crisis en torno en torno al nombramiento de las instituciones judiciales, ha señalado que esta crisis nos demuestra que es necesaria la reforma en torno al nombramiento y composición del TC, para que no vuelva a suceder y en aras a que con una diferente composición el TC actúe como verdadero árbitro. En este sentido, ha subrayado que “asistimos a una lamentable politización de la justicia y judicialización de la política.”

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