El Gobierno Vasco destina 6.200.000 euros a la subvención de programas que fomenten la resocialización de personas penadas
Vitoria-Gasteiz, 02/09/2022
El Consejo de Gobierno ha dado esta semana luz verde a la convocatoria de una línea de subvenciones destinadas a financiar proyectos comunitarios de resocialización de personas penadas internas en centros penitenciarios vascos y de personas penadas con suspensión de la ejecución de su pena privativa de libertad, así como iniciativas de colaboración en la ejecución y seguimiento de las medidas alternativas a la pena privativa de libertad y programas de atención social.
El importe total destinado a estos proyectos, impulsados desde el departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, es de 6.200.000 euros, lo que supone un incremento de 5.700.000 euros respecto al ejercicio anterior.
Esta ampliación presupuestaria responde al traspaso de la competencia en materia penitenciaria. Con anterioridad a éste, el fomento de las actividades del Tercer Sector dirigidas a la reinserción sociolaboral de las personas privadas de libertad se veía limitado a las iniciativas que se desarrollaban fuera de los centros penitenciarios. Quedaban, por tanto, excluidas algunas de las actividades que diferentes entidades sociales venían desarrollando dentro de estas instalaciones.
La asunción de la plena competencia en materia penitenciaria implica que ya no existe razón alguna para tal distinción, lo que ha llevado al Ejecutivo vasco a apostar por extender estos programas y profundizar así en el fomento del ámbito comunitario de la reinserción.
La línea de subvenciones aprobada hoy prevé financiar proyectos que faciliten plazas de acogida de carácter sociosanitario a personas internas en los centros penitenciarios que sean enfermas terminales o que sufran una enfermedad grave incurable; a madres penadas con hijos o hijas que se encuentren en régimen abierto o equiparable o a personas penadas, en régimen abierto o equiparable, con problemas de adicciones y/o salud mental o que no dispongan de otros apoyos.
Serán, de igual modo, subvencionables centros de día para la atención, cuidado, rehabilitación y socialización de personas en medio abierto a determinadas horas del día, programas destinados específicamente a facilitar orientación en la integración de personas extranjeras penadas o acciones de apoyo a la responsabilización de las personas penadas en el contexto de procesos restaurativos. También iniciativas que contribuyan a tomar conciencia, asumir y restaurar el daño y perjuicio ocasionado a las víctimas; actividades de ocio educativo; programas en el ámbito de la convivencia, la inclusión sociolaboral y el desarrollo comunitario; acciones de intervención psicoeducativa para personas en situación de libertad condicional o proyectos de colaboración en la ejecución y seguimiento de las penas y medidas alternativas a penas privativas de libertad.
Como novedad, la presente convocatoria será de carácter bianual; es decir, comprenderá proyectos que se inicien en 2022 y que se desarrollen en este mismo año y, en su caso, también en 2023; favoreciendo así la continuidad de los programas.
Se seleccionarán los proyectos mejor puntuados hasta agotar la financiación, con el fin de evitar que se produzca una infrafinanciación que haga inviables los programas.
Servicio de apoyo a la gestión de penas en la comunidad
El Consejo de Gobierno ha autorizado, asimismo, la adquisición de dos locales destinados a la reubicación del anterior Servicio vasco de gestión de penas (actual Servicio de apoyo a la gestión de penas en la comunidad) y del Servicio de Justicia Restaurativa.
El precio fijado para la adquisición de los dos inmuebles, ubicados en el Paseo Duque de Mandas de Donostia, es de 744.000 euros.
Durante el último trimestre del año se prevé acondicionar, de igual manera, otros locales que, en las tres capitales vascas y también próximos a los palacios de justicia, permitan el desarrollo de este servicio.
El objetivo es facilitar a juezas y jueces elementos valorativos o informes de reinserción previos que les permitan orientar las medidas cautelares a la reinserción; teniendo en cuenta, entre otros factores, las causas del delito o las circunstancias específicas de las personas, como la discapacidad, la salud mental o las adicciones.
