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El Gobierno Vasco aprueba el decreto que permite sustituir las sanciones por incumplimiento de la Ley de adicciones y drogodependencias por medidas alternativas educativas y reparadoras (Consejo de Gobierno 12-7-2022)

12 de julio de 2022

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha aprobado hoy el decreto de sustitución de sanciones por incumplimiento de la Ley de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias, en vigor desde abril de 2016 y cuyo objetivo fundamental es proteger la salud de todas las personas, especialmente de las personas menores de edad y los colectivos sociales más vulnerables. Se trata del cuarto decreto aprobado desde la promulgación de dicha ley, tras el que desarrolla y regula el dispositivo institucional en materia de adicciones; el que determina la señalización sobre normas y prohibiciones; y el relacionado con los reconocimientos en este ámbito. 

Según ha explicado la propia Consejera de Salud, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, las medidas alternativas, tienen como objetivo:

  • La prevención y la reducción de las conductas de riesgo relacionadas con el consumo de sustancias.
  • La detección de situaciones de riesgo y la derivación a otros recursos sociosanitarios en caso de ser necesario.
  • La singularización e individualización de la medida sustitutiva, en pro de lograr una mayor efectividad preventiva.
  • La orientación preferente al carácter educativo y reparador de la sustitución de la sanción impuesta.
  • La implicación de los padres, madres y personas que ejerzan la tutoría o guardia legal, en el modelaje y reconducción de la conducta de las personas menores de edad a las que representan, ofertándoles la información, el apoyo y la ayuda que, para eso, sean necesarios. 

El decreto establece los siguientes tipos de medidas alternativas:

  • Trabajos o actividades en beneficio de la comunidad. Actividades públicas, con interés social y valor educativo tendentes a servir de reparación para la comunidad perjudicada por la infracción cometida.
  • Programa preventivo de carácter formativo o informativo. Consiste en la realización de una actividad educativa que tiene como objetivo principal la sensibilización y la concienciación sobre los riesgos del consumo de sustancias, sus causas y consecuencias, y la reflexión sobre la conducta objeto de sanción.
  • Programa de tratamiento. Medida alternativa para personas que tienen un patrón de consumo o policonsumo que evidencia la existencia de dependencia.

La autoridad competente para la imposición de las sanciones (ayuntamiento o Gobierno Vasco) podrá decidir la sustitución de la misma a solicitud de la persona infractora o de su representante legal (en caso de menores de edad). La sanción impuesta y que puede ser sustituida debe tener carácter pecuniario (multa), y solo se podrá solicitar en caso de infracciones leves y graves. Se procurará que la persona sancionada cumpla las medidas alternativas en una localidad próxima a la de su residencia, independientemente del lugar donde se hubiera cometido la infracción.

En todo caso, las medidas alternativas deberán atenerse a las siguientes características: voluntariedad, consentimiento personal, proporcionalidad a la infracción cometida, relación con el comportamiento objeto de sanción, flexibilidad, obligatoriedad de que sea la persona infractora quien cumpla la medida, gratuidad, garantista con la dignidad y derechos de la persona acogida a la medida, y consideración de la equidad con especial atención a la perspectiva de género.

La duración de las medidas se fijará en función de si la persona infractora es mayor o menor de edad y de la gravedad de la sanción, siempre dentro de los márgenes establecidos por el propio decreto. La duración de los programas de tratamiento será determinada por el recurso en el que la persona infractora vaya a realizar la medida.

En su intervención, la Consejera Gotzone Sagardui ha querido subrayar y agradecer el hecho de que el decreto aprobado hoy se haya elaborado de forma participativa y colaborativa entre el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, instituciones locales (diversos municipios, mancomunidades y diputaciones), el Instituto Vasco de Criminología y varias asociaciones con experiencia en la implementación de medidas sustitutivas.

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