Beatriz Artolazabal anuncia que el pilotaje del modelo Barnahus en Vitoria-Gasteiz podría ser una realidad a finales de este año

8 de junio de 2022
  • La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales ha comparecido en la Comisión de Políticas Sociales y Juventud del Parlamento Vasco para presentar la Estrategia Vasca contra la Violencia hacia la Infancia y la Adolescencia 2022-2025
  • El documento contempla 4 ejes de actuación para los próximos 4 años, centrados en la prevención, la detección precoz, la atención integral y la colaboración entre instituciones públicas y entidades privadas para la gestión del conocimiento
  • Artolazabal ha adelantado que su departamento tiene previstas para 2022, y en el marco de la estrategia, un total de 44 acciones, entre las que se incluyen campañas de sensibilización, cursos y talleres de formación o encuentros profesionales

Vitoria-Gasteiz, 08/06/2022

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, ha comparecido hoy en la Comisión de Políticas Sociales y Juventud para presentar la Estrategia Vasca contra la Violencia hacia la Infancia y la Adolescencia 2022-2025.

Artolazabal ha definido el documento como “un plan de acción centrado en un único y prioritario objetivo: que todos los niños, niñas y adolescentes de Euskadi puedan crecer y vivir libres de cualquier forma de violencia”.

La estrategia, tal y como ha detallado la consejera, contempla 4 ejes de actuación para los próximos 4 años; centrados en la prevención, la detección precoz, la atención integral y la colaboración entre diferentes instituciones, entidades y agentes sociales, con el objetivo de aumentar el conocimiento de las diferentes formas de violencia y lograr una mayor eficacia en la respuesta a las mismas.

En palabras de Artolazabal, a fin de obtener “una visión integral de un fenómeno que es multidimensional”, para la elaboración de la estrategia se ha apostado por un proceso participativo; lo que ha permitido que queden recogidos en ella “los puntos de  vista de las y los profesionales de la educación, la salud, los servicios sociales, la seguridad, la justicia, la cultura, el ocio y tiempo libre o el deporte, entre otros ámbitos. Todos ellos implicados, de forma directa o indirecta, en el bienestar de niños, niñas y adolescentes”.

Es esta colaboración, ha destacado, la que “ha hecho posible que Euskadi se convierta en la primera comunidad autónoma con una estrategia integral de este calado”. Algo que no es solo “motivo de orgullo”, sino, “sobre todo, un estímulo para seguir trabajando en la misma dirección”.

En el proceso han tomado asimismo parte 80 niñas, niños y adolescentes de entre 12 y 17 años que han aportado su propia visión sobre la violencia que les afecta. Con testimonios “de incalculable valor”, que, a juicio de la consejera, “parecen señalar cuestiones que quizá nos parezcan obvias, una vez escuchadas, pero que acaban por convertirse en los principales obstáculos con los que tiene que lidiar, en la práctica, cualquier persona víctima de violencia”.                                            

Entre las aportaciones incorporadas al estratégico documento, cabe destacar reveladoras sentencias como “no todo el mundo tiene la capacidad de pedir ayuda”, “cuando pides ayuda, si no te atienden, es otro mazazo” o “lo mejor es grabarlo para que luego te crean, porque si no, una persona adulta igual no te cree”.

Con estos testimonios, ha argumentado Artolazabal en su comparecencia, “los niños, niñas y adolescentes nos han dejado claro que necesitan saber que cuentan con espacios de escucha accesibles, cercanos, confiables, confidenciales y seguros”.

Preguntada sobre el modelo de gobernanza, la consejera ha explicado que la Estrategia Vasca contra la Violencia hacia la Infancia y la Adolescencia se articula mediante la libre adhesión de instituciones públicas y entidades privadas del Tercer Sector cuya actividad pueda tener un impacto significativo en la promoción de derechos, prevención, detección precoz, atención y reparación de la violencia hacia la infancia y la adolescencia. Bajo el liderazgo, impulso y coordinación del departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, a través de la Dirección de Familias e Infancia, las instituciones públicas y entidades adheridas se comprometen a incluir en sus políticas públicas e iniciativas los principios, enfoques, criterios y orientaciones definidos en la estrategia contra la violencia hacia la infancia. Y también a dar cuenta anualmente de las acciones que tengan previsto desarrollar y su grado de implementación con los objetivos y líneas de actuación recogidos en la estrategia.

Artolazabal ha revelado que su departamento cuenta ya con un total de 44 acciones previstas para el ejercicio 2022 que dan respuesta a 53 de las líneas de actuación recogidas en los cuatro ejes estratégicos. Se encuentran entre ellas campañas de sensibilización, cursos y talleres de formación o encuentros profesionales, entre otras.

De forma paralela, la consejera ha recordado otros servicios y programas orientados a la protección de niños, niñas y adolescentes, como el servicio de atención gratuita y confidencial Zeuk Esan (116 111) o el pilotaje del modelo Barnahus de atención integrada para menores víctimas de violencia sexual. Respecto a este último, ha especificado que el grupo técnico de trabajo interinstitucional e interdepartamental sigue trabajando en el proceso de adaptación del modelo islandés a la realidad competencial de Euskadi y en la elaboración de los protocolos de actuación coordinada entre los diferentes sistemas que se ven implicados en la atención a menores víctimas de violencia de naturaleza sexual: Servicios Sociales, Salud, Educación, Justicia y Seguridad. El objetivo, ha adelantado, es “que el pilotaje de este modelo pueda ser una realidad a finales de este mismo año en el local que a tal efecto se está acondicionando ya en Vitoria-Gasteiz”.

Artolazabal ha expresado su deseo de que, durante la vigencia de esta estrategia, “aflore a la superficie parte de esa realidad con demasiada frecuencia invisibilizada” que constituye, ha recordado, “una violación de derechos humanos contra la población más vulnerable de cualquier sociedad”.

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