Euskadi se convierte en la primera comunidad autónoma en contar con una estrategia integral contra la violencia hacia la infancia y la adolescencia

• La estrategia fija 4 ejes de actuación durante los próximos 4 años, centrados en la prevención, la detección precoz, la atención y reparación del daño causado y la gestión colaborativa del conocimiento
• El documento contempla un enfoque interseccional, que tiene en cuenta las variables que pueden contribuir a la discriminación y provocar o acentuar diversas formas de violencia, como el género, la raza, la identidad u orientación sexual o la situación socioeconómica
• Este plan estratégico ha sido elaborado con la colaboración de un gran número de instituciones, entidades y profesionales
• En 2020, un total de 1459 personas menores de 18 años fueron víctimas en Euskadi de un delito, incluyendo casos de violencia intrafamiliar, violencia de pareja o expareja y delitos contra la libertad sexual
• El Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales ya tiene previstas para 2022 un total de 44 acciones que dan respuesta a 53 de las líneas de actuación recogidas en los cuatro ejes estratégicos

Vitoria-Gasteiz, 25/04/2022

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, ha presentado hoy la Estrategia Vasca contra la Violencia hacia la Infancia y la Adolescencia (2022-2025), coincidiendo con la conmemoración hoy del Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil.

Tal y como ha adelantado Artolazabal, “ninguna comunidad autónoma cuenta, a día de hoy, con una estrategia integral de este calado, y muy pocos países disponen en Europa de una estrategia similar”. Se trata de una pionera herramienta que persigue “prevenir todas las formas de violencia hacia la infancia y la adolescencia; detectar con mayor celeridad las que puedan producirse; intervenir tempranamente; brindar a niños, niñas y adolescentes la atención y la protección necesarias y reparar en la medida de lo posible los daños causados”.

El acto de presentación ha contado también con la participación de Ainara Canto, responsable de Consultoría e Investigación Social de la Fundación EDE, coordinadora del proceso participativo para la elaboración de esta estrategia, quien, junto a Artolazabal, ha detallado los 4 ejes de actuación que contempla este plan estratégico para los próximos 4 años.

El primero de estos ejes, ha señalado Canto, “pone el énfasis en la promoción de derechos y en la prevención. Con esta estrategia se busca reducir la prevalencia de la violencia mediante un trabajo de sensibilización con la sociedad en su conjunto, con profesionales y con los niños, niñas y adolescentes. Es clave promover la Cultura del Buen Trato, la corresponsabilidad, los entornos seguros, los derechos de la infancia y la adolescencia y la participación”.

El segundo eje persigue la detección precoz de casos de violencia o de riesgo de violencia para minimizar su impacto. A este respecto, la estrategia presta especial atención al papel de los agentes que actúan en espacios primarios de socialización o de proximidad, con el fin de facilitar a niños, niñas y adolescentes canales de comunicación y escucha accesibles, cercanos, confidenciales, confiables y seguros.

El tercero de los ejes se centra en asegurar una atención integral que dé respuesta a las necesidades de atención, protección y reparación de las y los menores involucrados en situaciones de violencia, ya sea como víctimas, como testigos o como agentes perpetradores. El plan estratégico prevé reforzar para ello la especialización y la personalización, así como prevenir prácticas inadecuadas, por parte de instituciones o entidades, que puedan suponer una revictimización de los niños, niñas y adolescentes.

El cuarto eje recogido en la Estrategia Vasca contra la Violencia hacia la Infancia y la Adolescencia (2022-2025) fija como objetivo la colaboración entre diferentes instituciones, entidades y agentes sociales para aumentar el conocimiento de las diferentes formas de violencia y lograr una mayor eficacia en la respuesta a las mismas.

Bajo el liderazgo, impulso y coordinación de la Dirección de Familias e Infancia, la estrategia presentada hoy establece un modelo de cogobernanza basado en la voluntad de las instituciones y entidades del Tercer Sector Social y articulado mediante la libre adhesión. “Debemos incluir en nuestras políticas públicas e iniciativas -ha instado Beatriz Artolazabal- los principios, enfoques, criterios y orientaciones definidos en la Estrategia contra la Violencia hacia la Infancia y la Adolescencia. Daremos asimismo cuenta anualmente de las acciones que tengáis, que tengamos, previsto desarrollar y su grado de implementación con los objetivos y líneas de actuación de esta estrategia”.

En este marco, el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales tiene previstas para el ejercicio 2022 un total de 44 acciones que dan respuesta a 53 de las líneas de actuación recogidas en los cuatro ejes estratégicos. Se incluyen entre ellas cursos o talleres de formación, encuentros profesionales, programas de prevención del acoso y abuso sexual a niñas y adolescentes en el deporte o la implementación del modelo experimental de atención integrada para menores víctimas de violencia sexual Barnahus.

Para la elaboración de esta estrategia se ha apostado por un proceso participativo que, en palabras de la consejera, “ha permitido compartir reflexiones y recoger propuestas de un amplio número de instituciones y entidades sociales que operan en diversos ámbitos, como el de la justicia, los servicios sociales, la salud, la seguridad, la educación, el deporte, la cultura o el ocio”.

Tal y como ha señalado Ainara Canto, “con esta estrategia se quiere facilitar que las diferentes instituciones y entidades que trabajan con infancia y adolescencia adopten una mirada compartida. Se apuesta por una visión integral que considere tanto las causas como las consecuencias de este fenómeno”.

En el proceso se ha involucrado también a cerca de 80 niñas, niños y adolescentes que han aportado su propia visión sobre la violencia que les afecta. Como parte de la campaña de sensibilización que, bajo el lema No más juguetes rotos, se ha puesto en marcha hoy mismo, en la presentación se ha proyectado un vídeo que recoge los testimonios de algunos de ellos y ellas, con reflexiones tan reveladoras como “Hacer sentir mal a una persona queriendo también es violencia y no es tan evidente como pegar o gritar a alguien”, “Hay gente que no acepta que seas diferente, y solo por eso ya te machaca”, “No todo el mundo tiene la capacidad de pedir ayuda, y cuando pides ayuda si no te atienden es otro mazazo”, “Lo mejor es grabarlo para que luego te crean, porque si no, una persona adulta igual no te cree” o “Las chicas nos sentimos más inseguras que los chicos en las calles, sobre todo cuando falta iluminación o hay pocas personas”.

Dado que las niñas, niños y adolescentes no son un colectivo homogéneo, la nueva estrategia apuesta por un enfoque interseccional, que tiene en cuenta las variables que pueden contribuir a la discriminación y provocar o acentuar diversas formas de violencia; es el caso, como ha apuntado Beatriz Artolazabal, “del género, la nacionalidad, la raza, la identidad u orientación sexual o la situación socioeconómica, entre otras”.

Algunos datos de partida

Para el diseño de la estrategia se tomaron como punto de partida las conclusiones del estudio Violencia contra niñas, niños y adolescentes de la CAPV: diagnóstico, retos y orientaciones, presentado en 2019 por el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia del Gobierno Vasco.

Además de ofrecer una panorámica general de la dimensión y complejidad de este problema, el citado estudio evidenciaba la necesidad de elaborar una estrategia de acción integral como la hoy presentada.

Entre los datos que han permitido cuantificar y describir las principales formas de violencia que afectan a la infancia y la adolescencia en Euskadi, cabe destacar, por ejemplo, que, de acuerdo a los datos registrados por la Ertzaintza en 2020, un total de 1459 personas menores de 18 años fueron víctimas de un delito, incluyendo casos de violencia intrafamiliar, violencia de pareja o expareja y delitos contra la libertad sexual fuera del ámbito familiar.

Por sexo, se registran más casos de chicas que de chicos; concretamente, en 2020 ellas constituyeron el 54% del total de víctimas. Por edad, la mayor parte de los casos registrados corresponden a adolescentes de entre 14 y 17 años.

En lo que respecta al tipo y la forma de violencia, la intrafamiliar es la más habitual; supone un 45,5% del total de casos registrados. En 2020, la Ertzaintza identificó en Euskadi a 664 niñas, niños y adolescentes como víctimas de violencia dentro de su ámbito familiar, casi un 69% más que en 2016.

También han experimentado un crecimiento notable los casos de violencia hacia niñas por parte de sus parejas o exparejas (25%) y los casos de violencia sexual (24,2%). En 2019, la Ertzaintza pudo identificar en Euskadi a 206 personas menores de 18 años como víctimas de violencia sexual, de entre las cuales un 80,6% fueron niñas y mujeres adolescentes.

Resulta muy significativo, asimismo, que el Servicio de Atención a la infancia y la adolescencia del Gobierno Vasco, Zeuk Esan, batiera en 2020 un récord de llamadas, con un incremento del 23,5% desde 2018.

No obstante, una buena parte de esta violencia no se denuncia y, por lo tanto, no se registra. Permanece oculta por muy diversas razones; entre ellas, el miedo a represalias; la interiorización y normalización de la violencia; el estigma asociado a la denuncia o la carencia y/o el desconocimiento de canales de denuncia adaptados, accesibles y confidenciales. Algo que, como ha manifestado la consejera, la nueva estrategia espera corregir.

Marco teórico y normativo

Beatriz Artolazabal ha recordado que “la violencia contra niñas, niños y adolescentes es una violación de derechos humanos contra la población más vulnerable de cualquier sociedad. Es producto de un abuso de poder en relaciones de desigualdad”. E incluye, ha añadido Ainara Canto, “tanto las formas más explícitas de daño físico e intencional como las formas no físicas y/o no intencionales de daño”.

La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, para la protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia define esta vulneración de derechos humanos como “toda acción, omisión o trato negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar, que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social, con independencia de su forma y medio de comisión, incluida la realizada a través de las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente la violencia digital”.

Y añade: “en cualquier caso, se entenderá por violencia el maltrato físico, psicológico o emocional, los castigos físicos, humillantes o denigrantes, el descuido o trato negligente, las amenazas, injurias y calumnias, la explotación, incluyendo la violencia sexual, la corrupción, la pornografía infantil, la prostitución, el acoso escolar, el acoso sexual, el ciberacoso, la violencia de género, la mutilación genital, la trata de seres humanos con cualquier fin, el matrimonio forzado, el matrimonio infantil, el acceso no solicitado a pornografía, la extorsión sexual, la difusión pública de datos privados así como la presencia de cualquier comportamiento violento en su ámbito familiar”.