El Gobierno Vasco y Eudel firman un acuerdo-marco para incrementar las plazas municipales que permitan cumplir penas con trabajos en beneficio de la comunidad

3 de febrero de 2022
  • El acuerdo impulsará la colaboración de las entidades locales en la gestión de las ejecutorias penales, muy condicionada por las restricciones impuestas por el Covid

  • “Este convenio nos convierte en cómplices del modelo penitenciario vasco con penas y medidas alternativas”, ha declarado Beatriz Artolazabal, consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

  • El presidente de EUDEL y alcalde de Vitoria- Gasteiz, Gorka Urtaran, ha puesto en valor el papel clave de los ayuntamientos como “aliados necesarios” para que la ejecución de las penas redunde en “un doble beneficio, para la persona y para su comunidad local”

Vitoria-Gasteiz, 03/02/2022

El Gobierno Vasco y EUDEL han firmado hoy un acuerdo-marco para promover y facilitar que los ayuntamientos y resto de entidades locales, de los 251 municipios de la Comunidad Autónoma Vasca, oferten plazas para realizar penas de Trabajo en Beneficio de la Comunidad (TBC). El convenio, de carácter voluntario para los ayuntamientos, fortalecerá la colaboración municipal en la gestión de las ejecutorias penales, que se ha visto seriamente afectada en los últimos dos años por las medidas y restricciones adoptadas para combatir el Covid-19 y que han reducido, cuando no han hecho imposible, la realización de ciertas actividades. 

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, y el presidente de EUDEL y alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran, han rubricado hoy el documento en las instalaciones de Berjantzi, de Cáritas, una de las entidades sociales que también participa de este programa de Justicia.

“Hoy, EUDEL y el Gobierno Vasco vamos a reforzar nuestra alianza”, ha comenzado exponiendo la consejera. “Una alianza que busca la consecución de una sociedad más justa, amparada en los valores de la justicia restaurativa, en la reconducción de las conductas y en el beneficio de la comunidad”.

Artolazabal ha solicitado la colaboración de los ayuntamientos para el cumplimiento de las TBC y ha dicho que “necesitamos que aumenten las plazas destinadas a que estas personas privadas de libertad puedan cumplir sus condenas alejadas de un centro penitenciario”. Asimismo, ha hecho extensiva esta petición a las entidades del Tercer Sector Social, ya involucradas en estos programas de cumplimiento de penas.

En este sentido, la consejera ha argumentado como una alternativa para quien haya cometido un delito relacionado con el tráfico la realización de talleres de seguridad vial o el trabajo con personas que hayan sufrido un siniestro. En el caso de los ayuntamientos, ha hablado de trabajos en jardines, mobiliario urbano, servicios sociales… “Démosles esa oportunidad para resarcir a la sociedad tras haberla fallado”, ha dicho.

Tras hablar de que incrementando el régimen de semilibertad disminuyen los índices de reincidencia, Artolazabal se ha dirigido a Gorka Urtaran: “Este convenio nos convierte en cómplices de ese modelo penitenciario vasco con penas y medidas alternativas que propicien valores como la solidaridad, la responsabilidad y el bien común”.

El presidente de EUDEL y alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran, ha coincidido con la consejera en la puesta en valor de los ayuntamientos como “aliados necesarios” para aumentar el número de plazas de TBC a través de los servicios municipales, y también en colaboración con las entidades del Tercer Sector.

En todo caso, las instituciones deberán velar por que el trabajo se adecúe a las capacidades y habilidades de la persona que va a desempeñarlo, tal y como ha explicado el presidente Urtaran, “siempre con un objetivo de utilidad pública”.

“Nuestro compromiso es facilitar que el mayor número posible de personas puedan cumplir su pena dentro de su municipio y evitar así el desarraigo de su entorno familiar, social y laboral”. Gorka Urtaran ha destacado el “doble beneficio” que supone para la calidad de vida de la persona, y a la vez, para el bienestar de la comunidad local, de la que también forma parte.

Urtaran ha subrayado la importancia del impulso de EUDEL en este acuerdo de colaboración: “Nuestro objetivo es involucrar a los ayuntamientos, mancomunidades y demás entidades locales para sumar entre todos más y mejores oportunidades para la resocialización de las personas penadas; y con ello, conseguir unos municipios más inclusivos y cohesionados socialmente”.

 

ACUERDO-MARCO Y COMPROMISOS

El acuerdo-marco firmado por el Gobierno Vasco y EUDEL pretende afianzar el modelo de ejecución de trabajos en beneficio de la comunidad bajo la perspectiva de la justicia restaurativa. Además de los ayuntamientos vascos, en la gestión de estas penas también son parte importante las entidades sociales del Tercer Sector, como Cáritas y Berjantzi. De ahí que se haya elegido este escenario en la capital alavesa para escenificar el acuerdo; “una empresa diseñada para trabajar la inserción socio-laboral de personas en situación de dificultad social a través del reciclaje de ropa”, ha explicado la consejera.

En este sentido, ambas instituciones acuerdan, en virtud de este documento, a promover y potenciar la oferta de plazas “mediante la suscripción de convenios de colaboración individualizado” que tendrán una vigencia de cuatro años. Para ello se establecerá una comisión de seguimiento compuesta por dos representantes de cada una de las partes, que tendría, al menos, una reunión al año.

El compromiso del Gobierno Vasco es hacerse cargo de la cobertura de contingencias que corresponde al Instituto Nacional de Seguridad Social, así como de la “gestión, coordinación y seguimiento de la pena mediante contactos con los responsables del trabajo del Ayuntamiento o Mancomunidad”, tal y como se recoge en el acuerdo-marco.

Por su parte, las entidades locales deben reservar plazas para el cumplimiento de las penas, aportando los conocimientos y la preparación necesaria para que se pueda realizar el trabajo de manera eficaz. Cada entidad local deberá realizar el seguimiento del trabajo realizado y elaborar un informe de valoración una vez finalizado el plan de ejecución.  Además, “no tendrá, en ningún caso, un impacto negativo en los puestos de trabajo de la entidad local existentes o futuros”.

Finalmente, la persona penada no obtendrá ningún tipo de retribución por su actividad, ni tampoco tendrá relación contractual.

EN DATOS

Las restricciones impuestas por la situación socio-sanitaria han condicionado de una manera notoria la gestión de las medidas ejecutorias penales de Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC). En este sentido, el cierre de algunas entidades y las limitaciones de movilidad o de aforo han hecho imposible el desarrollo de algunas actividades.

Teniendo en cuenta que una misma persona puede acumular varias ejecutorias, la evolución de los datos es evidente.

En 2019, se contabilizaron 5.280 medidas ejecutorias nuevas, que se sumaron a las 4.883 ya en marcha de años anteriores. En total, se gestionaron 10.163 medidas (Araba, 2.011; Gipuzkoa, 1.807 y Bizkaia, 6.345)

En 2020, con todas las limitaciones antiCovid activas, 3.085 nuevas ejecutorias se añadieron a las 3.132 en desarrollo del año anterior, haciendo un total de 6.212 ejecutorias (Araba, 1.346; Gipuzkoa, 1.003, y Bizkaia, 3.868)

Por último, en 2021, llegaron 6.316 ejecutorias, que se unieron a las 5.701 de 2020 hasta hacer un total de 12.017 (Araba, 2.545; Gipuzkoa, 2.427 y Bizkaia, 7.045). En este balance, es evidente que durante el año que estalló la pandemia la ejecución de medidas se vio seriamente afectada, quedando un porcentaje muy alto a desarrollar a lo largo del siguiente ejercicio.

En cuanto al perfil de las personas condenadas, se trata en su mayoría de hombres (89%) de entre 31 y 50 años. La mayoría de estas personas procede de Bizkaia, un 60% aproximadamente, mientras que Araba y Gipuzkoa se reparten el resto de porcentaje a partes iguales.

Entre los delitos más comunes se encuentran los relacionados con la seguridad vial, con el 30% de las ejecutorias, y violencia de género, con el 20%.

Además de los ayuntamientos vascos, numerosas entidades sociales, deportivas y culturales están involucradas siendo algunas de las más implicadas la Asociación Cultural Brasil-Euskadi, el centro de acogida de Deusto, Lagun Artean, el club deportivo Ariznabarra o los proyectos de reciclaje de ropa de Berjantzi en Araba, Oldberri en Gipuzkoa y Koopera Servicios Ambientales en Bizkaia.

2 comentarios
  • 4 de febrero de 2022

    Lana bere neurrian esaten bada osasunarentzat ona da, batez ere gainbegiratutako lan-baldintzak duintzen dituzten pertsonak aktibatzea, gero integratzeko urrats ona izan daiteke eskubideak eta betebeharrak ditugula ikastea, eta ez da betetzeko aitzakiarik egon behar Administrazioak kasu ahuletan beharrezko laguntza ematen duenean. Deskontaminazioan, lurrak barne, lana dago.

  • 4 de febrero de 2022

    Si se dice el trabajo en su medida es bueno para la salud sobre todo la mental activación personas dignificando condiciones laborales supervisadas puede ser un buen paso de integración posterior aprender que tenemos derechos y también obligaciones y no tiene que haber excusas de cumplimiento cuando la Administración suministra el apoyo necesario en casos personas vulnerables. En descontaminación, terrenos incluido hay faena.

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