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El Gobierno Vasco reitera su apuesta por incrementar el parque de vivienda de alquiler protegido

29 de julio de 2011

El Departamento de Vivienda quiere manifestar que el contrato mixto aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado martes y por el cual un inversor privado pondrá a disposición del Gobierno Vasco un mínimo de 4.000 es una operación perfectamente legal que cuenta con todos los informes de legalidad pertinentes. Con esta operación el Gobierno pretende destinar al alquiler protegido 4.000 viviendas por un plazo mínimo de 20 años. No se trata por tanto, en ningún caso, de una operación de venta de patrimonio público.

Estas viviendas serán gestionadas directamente por el Gobierno y serán alquiladas por personas inscritas en el Registro de Etxebide y por tanto, por personas que cumplirán todos los requisitos legales y pagarán la renta habitual en una alquiler prótegido. Además estas viviendas, tal y como ya explicó el Consejero de Vivienda Iñaki Arriola el martes, permanecerán en el mercado protegido de por vida porque tienen la calificación permanente, una calificación que, precisamente en varios casos, les ha dado este Gobierno. El contrato aprobado obliga al inversor privado a que las viviendas permanezcan en el mercado protegido de por vida.

El Departamento de Vivienda, en línea con los compromisos adquiridos en el Plan Director de Vivienda y Regeneración Urbana 2010-2013, ha diseñado este esquema contractual de colaboración público privada con un doble objetivo: conseguir Y ampliar el número de viviendas destinadas al alquiler, sanear sus sociedades de vivienda y obtener recursos económicos que le permitan seguir construyendo nuevas promociones de viviendas protegidas en alquiler y alojamientos dotacionales.

El Gobierno quiere recordar Alokabide era hasta el pasado 1 de abril una sociedad privada y que por tanto, las 1.072 viviendas sociales construidas que el inversor privado adquirirá ahora a Alokabide pertenecían hasta hace cuatro meses a una sociedad privada. El patrimonio de Alokabide es un patrimonio público transitorio puesto que son viviendas que se pueden vender a los 15 años. En concreto, éstas eran viviendas con más de cinco años y los ingresos generados con su venta iban a ir a manos privadas. Fue precisamente este Gobierno quien decidió la publificación de Alokabide lo cual permitió que esas viviendas pasaran a estar bajo el control público. Este Gobierno además les otorgó la calificación permanente a aquellas que no la tenían para que fueran viviendas protegidas de por vida.

Con la operación aprobada por el Gobierno se va a conseguir por tanto, que los ingresos obtenidos por la venta pasen a manos públicas, ampliar el tiempo destinado al alquiler de estas viviendas, puesto que van a estar otros 20 años más en el mercado del alquiler y al mismo tiempo sanear Alokabide lo que le permitirá solicitar financiación a las Entidades Financieras con mayores garantías para poder así seguir realizando su labor, es decir, gestionar vivienda para el alquiler público.

Por otra parte, Visesa venderá las 1.875 viviendas en fase de construcción al inversor privado, algo lógico puesto que es función de VISESA, y siempre lo ha sido, construir y luego vender vivienda protegida. Hay que tener en cuenta, no obstante, que de esas 1.875 viviendas sólo 1.242 eran sociales y estaban destinadas al alquiler. Por ello, con esta operación el Gobierno consigue ampliar en 633 el número de viviendas destinadas al alquiler. Además, la construcción y venta de estas viviendas resultaba complicada por la falta de financiación a las que se enfrentaban tanto Visesa, como Alokabide.

Porque como ya dijo Arriola en su comparecencia, esta operación además de permitir incrementar el parque de alquiler protegido y conseguir recursos para seguir haciendo una política de alquiler eficaz, permitirá sanear las sociedad y que estas puedan seguir realizando la labor que tienen encomendada que no es otra que construir y gestionar vivienda protegida.

Impulsar el alquiler requiere de fórmulas imaginativas y novedosas y también de combinar diferentes medidas. Por ello, el Gobierno mantendrá el programa Bizigune y aprobará a finales de año un programa de intermediación por el cual abonará un seguro para garantizar el pago de la renta y los daños a cambio de un renta inferior a la del mercado libre. Todo ello, con el fin de que la oferta de alquiler protegido se incremente y llegue al mayor número de personas.

 

 

 

 

 

 

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