El Gobierno Vasco aprueba y remite al Parlamento el Proyecto de Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi (Consejo de Gobierno 27-7-2021)

27 de julio de 2021
  •  Beatriz Artolazabal, Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, y responsable de las políticas de memoria destaca que la futura Ley “refuerza y dota de marco normativo” la trayectoria en esta materia del Gobierno Vasco 

Beatriz Artolazabal, consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, ha comparecido en rueda de prensa para comunicar la aprobación, en Consejo de Gobierno del Proyecto de Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi para su posterior tramitación parlamentaria.

El Proyecto de Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi regula las políticas públicas para la Memoria Histórica y Democrática de Euskadi. Si bien, esta Ley no supone, en el caso de Euskadi, el inicio de la actuación pública e institucional en esta materia, en palabras de la consejera Artolazabal “esta trayectoria de décadas ha situado a Euskadi como referencia en memoria histórica y democrática. Una trayectoria a la que el anteproyecto de Ley que hoy ha aprobado el Consejo de Gobierno viene a reforzar y dotar de marco normativo”.

Este proyecto supone, por tanto, un nuevo paso que consolida normativamente las políticas públicas de memoria que lleva a cabo el Gobierno Vasco, y promueve y amplía el volumen de actuaciones desarrolladas hasta el momento.

La futura ley tiene un doble fin: por un lado, promover la memoria, el reconocimiento y la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista; y por otro, fomentar principios y valores éticos y democráticos.

En este sentido la consejera Beatriz Artolazabal ha subrayado que el proyecto aprobado hoy “mira al pasado, pero sobre todo mira al futuro de Euskadi. Un futuro con memoria, porque la verdad es la mejor garantía para la justicia y para la no repetición. Y la memoria, la verdad, la justicia y la no repetición son patrimonio democrático de todos y todas”.

La Ley se fundamenta en los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, así como en los valores democráticos de concordia, convivencia, pluralismo político, defensa de los derechos humanos, cultura de paz e igualdad de hombres y mujeres.

A este respecto, la perspectiva de género está presente en la redacción del Anteproyecto, y promueve una recuperación de la memoria histórica que permita obtener una visión completa y contextualizada; de forma que pone de relieve que hombres y mujeres son sometidos a diferentes formas de violencia en las mismas situaciones de conflicto y postconflicto. Y, aun cuando son víctimas de las mismas violencias, estas tienen impactos diferenciados en sus vidas, por los distintos roles que desempeñan en la sociedad, y por las desigualdades en el reparto del poder preexistentes.

El Proyecto de Ley de Memoria Histórica y Democrática recoge el derecho a la verdad que asiste a toda la sociedad, y en especial, a las víctimas que tienen derecho a conocer lo sucedido en la Guerra Civil y la Dictadura. Para ello, se promueven actuaciones como: el informe de vulneraciones de derechos humanos en Euskadi entre 1936-1978 o el censo de víctimas mortales durante la Guerra Civil en Euskadi.

Se trata de dos actuaciones que el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos Gogora ya ha abordado. La primera fase del informe, relativa a las víctimas mortales durante la Guerra Civil y el primer franquismo y, su correspondiente censo de víctimas, está actualmente en funcionamiento y en la práctica, es fuente de consulta para las familias y la comunidad investigadora.

Respecto al derecho a la justicia, teniendo en cuenta que es competencia exclusiva del Estado la Administración de Justicia, detalla en su capítulo III el impulso y colaboración que se tendrá con la Ertzaintza, la Fiscalía y los órganos judiciales en la puesta en conocimiento de la existencia de indicios delictivos como consecuencia de las localizaciones de restos humanos e identificaciones realizadas.

El proyecto regula el derecho de las víctimas a su reconocimiento y reparación, para lo que prevé: por un lado, valorar la pertinencia y viabilidad de indemnizaciones complementarias a las ya materializadas en el pasado por esta Administración, y en su caso, proceder a su implementación. Por otro lado, un reconocimiento individual a las víctimas mortales y el establecimiento de un día anual para el recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la dictadura.

El texto de la norma incide en el ámbito de la educación y las medidas para la divulgación de la memoria. En este apartado, se establece una vía esencial de colaboración con el Departamento de Educación para desarrollar herramientas didácticas para la inserción de la Memoria Histórica en el currículum vasco.

Se prevé complementar esta tarea con otro tipo de actividades como visitas a espacios, itinerarios o exposiciones dirigidos al alumnado, para de esta manera, garantizar su conocimiento sobre lo ocurrido en Euskadi en este periodo de tiempo. 

En este mismo apartado de la norma se prevé la creación del espacio expositivo en la sede del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos Gogora y la consolidación de su Centro de Documentación.

Es un apartado que atiende a la dimensión pedagógica de la memoria y a promover la creación de recursos divulgativos y educativos para hacer efectiva la divulgación de la memoria. 

El texto recoge que le corresponde a Gogora actuar para la localización e identificación de las personas desaparecidas en la Guerra Civil. Actuaciones que ya diferentes departamentos del Gobierno Vasco y finalmente Gogora viene realizando. En este aspecto, desde 2003, se han recuperado los restos de un total de 110 víctimas, 108 hombres y dos mujeres (informe “Exhumaciones de la Guerra Civil en Euskadi). La ley establece, asimismo, la necesidad de promover acciones para recuperar el máximo número de personas desaparecidas, y concretamente, la necesidad de iniciar las gestiones necesarias para recuperar los restos inhumados en el Valle de Cuelgamuros (anteriormente denominado, Valle de los Caídos) que sean solicitados por sus familiares. Actuaciones, que ya desde Gogora se están llevando a cabo.

La simbología contraria a la Memoria Histórica también se regula en este anteproyecto. Aunque la mayoría de los elementos, distinciones y honores institucionales de este tipo han sido retirados a lo largo de los últimos años, sigue habiendo vestigios que deben desaparecer definitivamente.

La norma establece el término Documento de la Memoria Histórica de Euskadi, en referencia a todos los fondos documentales y testimonios orales de interés para Euskadi. Y recoge la necesidad de acometer actuaciones para recuperar esos documentos y, en especial, los incautados durante la Guerra Civil y la dictadura.

El Proyecto aborda los Lugares, Itinerarios y Espacios de Memoria Histórica de Euskadi, en el que se definen de forma general estos lugares. En un desarrollo posterior se creará un Catálogo de los lugares, itinerarios y espacios, y se determinará el régimen de protección y conservación.

El texto de la norma realiza un reconocimiento al movimiento asociativo de Euskadi por su labor en la recuperación de la Memoria Histórica y Democrática de Euskadi y en la defensa de las víctimas. A su vez, establece la creación de una comisión asesora de Entidades de Memoria Histórica como órgano consultivo y de participación de las entidades memorialistas.

Este Proyecto de Ley, contiene un apartado de régimen sancionador en el que se establecen infracciones muy graves, graves y leves y sus correspondientes sanciones, que se traducen en multas que van desde los 10 mil hasta los 150 mil euros en el caso de las infracciones muy graves; de 2.000 hasta 10.000 euros para las infracciones graves y de 200 a 2000 euros para las infracciones graves.

De esta forma, se describen como infracciones muy graves, por ejemplo: la destrucción de fosas de víctimas de la Guerra Civil, y la destrucción y ocultación de documentos relevantes para la investigación y conocimiento de la verdad.

Entre las infracciones graves, destacan: las relativas a la no comunicación de hallazgos de restos humanos; las manifestaciones que atenten contra las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura y los actos de conmemoración o exaltación del golpe militar de 1936 y la dictadura.

La tramitación parlamentaria de este texto permitirá debatir y recabar aportaciones que enriquezcan el documento aprobado hoy en Consejo de Gobierno. En este sentido, Beatriz Artolazabal ha reivindicado que “la memoria no puede ni deber ser instrumento de división y de confrontación; la memoria, la verdad y el reconocimiento a las víctimas son y han de ser patrimonio de todos y todas”.

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