El Consejo de Gobierno aprueba un proyecto de ley que define y consolida un modelo propio del empleo público vasco (Consejo de Gobierno 06-07-2021)

6 de julio de 2021

El proyecto de ley de Empleo Público Vasco regula la actividad de más de 100.000 empleados que trabajan en las administraciones públicas vascas

La norma incorpora instrumentos de ordenación y profesionalización del empleo público, como el sistema de la evaluación del desempeño, directamente ligado con la carrera profesional

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de ley de Empleo Público vasco que organiza y regula la actividad de más de 100.000 empleados y empleadas que trabajan en las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi. La norma regula todos los aspectos del desarrollo profesional y define y consolida un modelo propio de empleo público vasco. Actualiza la Ley de Función Pública actualmente en vigor desde hace 32 años. 

El proyecto de ley tiene como objeto la ordenación, definición del régimen jurídico y regulación de los instrumentos de gestión del empleo público vasco en su conjunto. Así, regulará los aspectos de las personas que trabajan en lo público, en todo aquello que se refiera a su trayectoria profesional, desde el momento de presentarse a una OPE, hasta su jubilación: la ordenación y estructura del empleo público; el diseño del sistema retributivo; la regulación de los órganos del empleo público y sus competencias; la formación y el desarrollo profesional; o la carrera profesional del personal. 

La iniciativa pretende avanzar en la coordinación del empleo público en el entramado institucional vasco y para ello se dota de un nuevo órgano, la Comisión de Coordinación del Empleo Público. Se trata de un foro en el que las diferentes instituciones representadas en el mismo podrán compartir experiencias, aunar criterios, o promover políticas comunes para el personal empleado público. La norma incluye dentro de su ámbito de aplicación no solo al personal funcionario público, sino también al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas vascas. Afecta a las y los trabajadores de la Administración de la comunidad autónoma, las administraciones forales y locales, el personal administrativo y de servicios de la EHU/UPV y los entes instrumentales y consultivos del entramado institucional vasco. 

El proyecto de ley supondrá la modernización completa de la normativa vasca para adaptarla a la nueva realidad de las personas que trabajan en el conjunto de las administraciones públicas en Euskadi. De esta forma, actualizará la regulación que, aún hoy, está en vigor y que data de 1989. “Nuestro último objetivo es introducir los elementos básicos de innovación que hagan del empleo público una institución con alto grado de profesionalización, imparcial y responsable por la gestión de sus resultados”, ha señalado la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, durante su intervención ante los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. 

Se trata de una norma que incorpora instrumentos de ordenación, planificación y profesionalización del empleo público, como los Planes de ordenación o el sistema de la evaluación del desempeño. Este último, directamente ligado con la carrera profesional, entendido esta como un elemento que incide en la eficiencia y la prestación de servicios por parte de las administraciones públicas. De este modo, el personal funcionario podrá ir progresando dentro de la Administración. Además, la norma contempla la figura de la Dirección Pública Profesional para que, mediante procedimiento público y con valoración de los méritos y capacidades, se puedan realizar los nombramientos del nivel directivo. 

Subraya la importancia de la formación continua del personal en múltiples aspectos, y destaca la colaboración del IVAP a este respecto, pone en valor un compromiso ético en el desarrollo de la labor diaria, no solo de las y los cargos públicos, sino de todo el personal de la Administración. La norma se asienta sobre principios basados en la igualdad de género, lingüística (euskera y castellano) y de oportunidades, ofreciendo la posibilidad de convocar procesos de selección independientes para personas con discapacidad intelectual o mental. 

En el acceso al empleo público, el proyecto de ley establece un marco que habilita e impulsa el desarrollo de procesos selectivos, de manera ágil y eficiente. Y contempla la profesionalización de los órganos de selección. 

La consejera Garamendi ha destacado el trabajo desarrollado para elaborar este proyecto por instituciones y sindicatos, “un trabajo que debemos aprovechar y que, hoy, deseo agradecer a todos  y poner en valor”. Como muestra del valor de la negociación en este proceso, ha señalado que el proyecto de ley dedica un título en exclusiva a la negociación colectiva, en el que regula sus principios generales o las mesas de negociación.

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