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El 70% de la ciudadanía cree que en Euskadi existe "mucho" fraude fiscal y que las administraciones hacen "poco o nada" por combatirlo

7 de julio de 2011

Los servicios públicos, aunque registran un ligero desgaste respecto del pasado año son "positivamente" valorados por la ciudadanía

Un 69% (ocho puntos más que en septiembre de 2010) de la ciudadanía opina que en el País Vasco existe mucho o bastante fraude fiscal y un 44% sostiene que ese fraude es menor que en el resto de España, porcentaje muy parecido (42%) al de los que piensan que el fraude fiscal en el País Vasco es igual o mayor que el existente en los países más avanzados de Europa. Respecto de los esfuerzos realizados por las administraciones públicas para luchar contra el fraude fiscal, un 68% de las personas consultadas responde que se hacen “pocos” o “muy pocos esfuerzos” (siete puntos más que en septiembre de 2010). La preocupación por el terrorismo en Euskadi se sitúa en la cota más baja de los últimos siete años, tras reducirse en cinco puntos porcentuales respecto a abril.

1. CONTEXTO ECONÓMICO, SOCIAL Y POLÍTICO

La percepción económica sigue siendo mala, la política empeora significativamente y la situación social mejora.

Se mantiene la misma percepción sobre la situación económica (el 67% opina que es mala o muy mala), mejora un punto más (40% mala o muy mala) la situación social y la política empeora 9 puntos (pasa del 52% de abril al 61% en la actualidad). La situación social registra más datos positivos (55%) que negativos (40%).

Crecen las diferencias de percepción entre la situación de la CAPV y España.

La percepción económica es 20 puntos peor (87% opinan que es mala o muy mala) para España frente al 67% para la CAPV; la política, también 20 puntos peor (81%) para España frente a 61% para la CAPV y la social 18 puntos peor (58% para España frente a 40% para la CAPV).

Entre los problemas más importantes para la CAPV, figuran los ligados al mercado de trabajo (82%), tres puntos más que en abril, los “económicos” (27%) y los problemas ligados a la política (24%). El terrorismo cae a su nivel más bajo de toda la serie (13%) a tan solo 4 puntos de la percepción del conjunto de España. Sin embargo, cuando la pregunta se plantea para la dimensiónpersonal, los problemas ligados al mercado de trabajo se reducen al 45% (37 puntos menos).


2. FISCALIDAD, FRAUDE Y ATENCIÓN A LOS GRUPOS DESFAVORECIDOS

Junto a un mantenimiento de los impuestos existentes, aumenta la percepción del fraude fiscal

MANTENER LOS IMPUESTOS.

En sintonía con el SOCIÓMETRO de septiembre de 2010, la mayoría de las personas consultadas se inclina por mantener los impuestos existentes. Se constata una escasa evoluciónde la opinión en este punto. Un 61% (3 puntos menos que en septiembre de 2010) de las personas consultadas opina que “se deben mantener los impuestos actuales para mantener los mismos servicios” frente a un 16% (un punto menos) que cree que “se deben pagar más impuestos a cambio de mejorar la prestación de los servicios públicos” y un 12% (dos puntos más) que opina que “se deben reducir los impuestos aunque vaya en detrimento de la calidad de los servicios públicos”.
A la pregunta de si “las instituciones le dan más o menos de lo que Ud. paga”, una mayoría (el 57%, seis puntos más que en septiembre de 2010) opina que “recibe menos de lo que paga” frente a un 30% que opina que “recibe más o menos lo que paga” (3 puntos menos). Un 4% opina que “recibe más de lo que paga”

FRAUDE

Un 69% (ocho puntos más que en septiembre de 2010) de la ciudadanía opina que en el País Vasco existe mucho o bastante fraude fiscal y un 44% sostiene que ese fraude es menor que en el resto de España, porcentaje muy parecido (42%) al de los que piensan que el fraude fiscal en el País Vasco es igual o mayor que el existente en los países más avanzados de Europa. Respecto de los esfuerzos realizados por las administraciones públicas para luchar contra el fraude fiscal, un 68% de las personas consultadas responde que se hacen “pocos” o “muy pocos esfuerzos” (siete puntos más que en septiembre de 2010).

ATENCIÓN A LOS GRUPOS DESFAVORECIDOS.

A la pregunta de qué grupo debería estar mejor protegido por las administraciones públicas, las respuestas mayoritarias hacen referencia a “las y los parados” (37%) y “las personas mayores que viven solas de forma independiente” (35%).


3. GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Los servicios públicos, aunque registran un ligero desgaste respecto del pasado año, son positivamente valorados por la ciudadanía.

La asistencia sanitaria en los hospitales públicos es valorada positivamente (muy bien, bastante bien, bien) por el 77% de la ciudadanía así como la asistencia sanitaria en centros de salud y ambulatorios públicos que alcanza el 81%. La enseñanza pública es valorada positivamente (muy bien, bastante bien, bien) por el 71% de la opinión pública. La ertzaintza la valora positivamente, en las mismas categorías que los anteriores servicios, el 58%. El servicio de tramitación de las prestaciones por desempleo/LANBIDE es valorado positivamente por el 41% de la opinión pública frente a un 23% que lo hace de forma negativa y un 35% que no se pronuncia sobre esta cuestión.

Los servicios sociales son valorados positivamente por el 46% de las personas consultadas, con un 26% que lo hace negativamente y un 28% que “no sabe o no contesta”, el servicio de tramitación de las pensiones de la Seguridad Social alcanza el 44% de valoraciones positivas frente al 19% de las negativas.

El servicio de promoción de vivienda fragmenta su valoración en tres franjas de respuesta: un 31% de las consultas lo valoran positivamente, un 37% lo valoran negativamente y un 33% o “no saben o no contestan”. En similares parámetros se sitúa la administración de justicia valorada positivamente por el 31% de las personas consultadas frente a un 35% que lo hace negativamente y un 33% que no se pronuncia sobre ello.

La expectativa de futuro respecto de la protección social ofrece diferentes perspectivas: positivas (las personas que piensan que el servicio “mejorará o que seguirá igual”) para el sistema educativo púbico (72%), la atención sanitaria (68%), los servicios sociales (62%) y la compatibilidad de la vida laboral y familiar (58%); negativas (las personas que piensan que “empeorará”) para el sistema público de pensiones (51%), la protección del desempleo (46%), el acceso a la primera vivienda (47%) y la renta de garantía de ingresos (41%)

Respecto de los medios utilizados para gestiones y consultas con las administraciones públicas, un 44% afirma haber realizado, en el último año, sus gestiones “personalmente en la oficina de la administración” y un 23% dice que “ha utilizado Internet o el correo electrónico”. En cuanto a la satisfacción por dichas gestiones, una mayoría (65%) se muestra “muy o bastante satisfecha” frente a un 33% que dice estar “poco o nada satisfecha”.

Respecto del funcionamiento de las administraciones públicas vascas, el porcentaje de las personas que tiene una imagen positiva de ellas (muy y bastante positiva) alcanza el 31%, catorce puntos más que la de aquellas personas para las que esa imagen es negativa (bastante o muy negativa, 17%). Para el 47% esta imagen merece la calificación de “ni positiva ni negativa”. En general, la evolución de las administraciones en los últimos años “ha mejorado” para el 33%, “han empeorado” para el 15% y “siguen igual” para el 37%. Un 12% no sabe qué responder o no contesta a esta cuestión. Las mejoras más importantes tienen que ver con el acceso a través de Internet para realizar gestiones (aspecto señalado por el 58% de las personas consultadas), la incorporación de las nuevas tecnologías (57%), las instalaciones de las oficinas de atención al público (43%). El aspecto que tiene una valoración más negativa es el relativo a “la explicación sobre en qué se gasta el dinero público” (una de cada cuatro de las personas consultadas cree que ha empeorado).

 

4. TEJIDO INSTITUCIONAL

Persiste la dificultad para identificar las competencias administrativas

Un 47% (seis puntos menos que en septiembre de 2010) de las personas consultadas asigna a las Diputaciones la competencia de la recaudación de los principales impuestos frente a un 33% que la atribuye al Gobierno Central (13%) o al Gobierno Vasco (20%).


A la pregunta de qué institución es la encargada de subir o bajar los impuestos, sólo una de cada cuatro personas responden “las Diputaciones” (24%). Un porcentaje superior asigna esta competencia al Gobierno Central (31%, tres puntos más que en el anterior SOCIÓMETRO) y al Gobierno Vasco (23%).

Respecto del reparto de funciones entre las distintas instituciones, una mayoría (39%) opina que “se da una duplicidad de competencias” entre ellas frente a un 35% que piensa lo contrario. Un 36% de las personas que creen que se da esa duplicidad, sostiene que la mayor duplicidad o solapamiento de competencias se da “entre el Gobierno Vasco y las Diputaciones” o “entre todas ellas” (Gobierno Vasco-Diputaciones-Ayuntamientos) (32%).

El 44% de la ciudadanía opina que las instituciones se coordinan bien entre sí (bien, bastante o muy bien), frente al 37% que opina lo contrario (mal, bastante o muy mal). En cuanto a qué institución proporciona más información a los ciudadanos se constata el siguiente orden: el Ayuntamiento (37%), seguido del Gobierno Vasco (27%), las Diputaciones (20%) y El Gobierno Central (3%)

 

 

POLÍTICA DE TRANSPARENCIA

Dentro de la programación llevada a cabo por el Gabinete de Prospección Sociológica para el conocimiento y análisis de la opinión pública vasca, difundimos hoy los resultados del SOCIOMETRO no 46, correspondiente a verano de 2011. Los objetivos de este nuevo SOCIOMETRO se centran en el conocimiento y análisis de la percepción que la ciudadanía tiene sobre las políticas públicas de las administraciones vascas. El Gabinete de Prospección Sociológica persigue con ello captar no sólo la opinión ciudadana para la buena gestión del Gobierno sino, además, que esa ciudadanía posea elementos de juicio que permitan conocer con objetividad el funcionamiento de las administraciones, cada una en su correspondiente ámbito, y valorar con rigor la acción de los gobiernos.

La ficha técnica completa de este SOCIOMETRO puede consultarse en el informe distribuido. La muestra dirigida a la población mayor de 18 años supone un total de 2.155 personas para el conjunto de CAPV. El error muestral correspondiente se cifra en un +/-2,15, con un nivel de confianza de 95,5% y p=q=0,5. La recogida de información se realizó entre el 6 y el 10 de junio de 2.011 –ambos inclusive- a través de una entrevista individual mediante cuestionario estructurado y cerrado, realizada a domicilio a una muestra representativa de la población de cada uno de los territorios históricos de la CAPV.

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(IX legislatura 2009 - 2012)