Garamendi subraya que la futura Ley de Cuerpos y Escalas allanará la estabilidad de los interinos

2 de diciembre de 2020
  • La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno aboga por simplificar el actual número de grupos y subgrupos profesionales e ir poniendo fin a la alta interinidad y temporalidad en la Administración General
  • Anuncia que mantiene contactos con el Ministerio de Política Territorial para elaborar una metodología de trabajo para ir cumpliendo el calendario de transferencias pendientes

La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno del Gobierno vasco, Olatz Garamendi, ha subrayado que la futura Ley de Cuerpos y Escalas allanará la estabilización de los empleados públicos y permitirá la actualización y racionalización de la organización y la estructura de la Administración general. El proyecto de ley aprobado ayer por el Consejo de Gobierno pretende simplificar el actual número de grupos y subgrupos profesionales y pretende ir poniendo fin a la alta interinidad. Para ello la futura norma prevé dos disposiciones adicionales que posibilitarán la creación de turnos especiales de acceso en las ofertas públicas de empleo para los trabajadores interinos.

En una entrevista concedida al programa ‘Faktoria’ de Euskadi Irratia, Garamendi ha destacado que la norma servirá para avanzar en la “racionalización” de los recursos humanos adecuando las titulaciones para que respondan mejor a los perfiles profesionales que requiere la Administración. Ante la alta tasa de interinidad actual, algo más de la mitad del conjunto de empleados públicos, la consejera ha incidido en que servirá para “encauzar el proceso de estabilización de estos empleados públicos”. En este sentido ha precisado que a los turnos especiales de acceso podrán acceder un 60% de los interinos y “deberán acreditar un mínimo de ocho años de antigüedad en los cuerpos y escalas a los que pertenezcan las plazas convocadas”, siempre en los casos en los que la interinidad supere el 40% de los cuerpos y escalas.

La consejera ha precisado que los interinos que opten por esta vía no realizarán dos exámenes sino uno solo, que será de carácter práctico y eliminatorio, “y siempre sobre cuestiones relacionadas con el trabajo desarrollado en su tarea habitual”. En este sentido, Garamendi ha remarcado que se trata de empleados, en muchos casos, con una amplia trayectoria y conocimiento de su materia, por lo que considera que es “suficiente” con una sola prueba práctica. El 60% de las plazas de cada cuerpo y escala saldrán a concurso en una oferta de empleo estarán reservadas para esta modalidad de turno diferenciado y el resto será de libre oposición.

Asimismo, ha asegurado que la vía del turno diferenciado “cuenta con todas las garantías jurídicas necesarias” ya que, entre otras razones, se fundamenta en los principios de “igualdad, mérito y capacidad” que deben regir siempre la Función Pública. Sobre el ámbito de aplicación de este proyecto de ley que en breve será remitido al Parlamento Vasco para su tramitación y, en su caso, aprobación, la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno ha apuntado que la futura ley está pensada para aplicarla a los empleados de la Administración general y los organismos autónomos, pero ha precisado que la norma contiene “dos disposiciones adicionales que abren la puerta a que otras instituciones u otros sectores públicos” puedan recurrir a esta normativa.

La consejera ha señalado que ya ha mantenido contactos con los representantes sindicales, ya que el trabajo de elaborar el proyecto de ley “ha tenido su recorrido y se ha debatido en mesas sectoriales y en el Consejo de la Función Pública”. Asimismo, ha explicado que aún no ha hablado sobre este tema con los grupos políticos y ha afirmado que espera “tener cuanto antes la oportunidad de compartir con ellos todos los detalles del proyecto de ley porque sería importante lograr el mayor nivel de acuerdo posible”.  En esta línea, ha señalado que ha solicitado una comparecencia ante el Parlamento Vasco para compartir reflexiones sobre este tema con los grupos parlamentarios.

Transferencias

Garamendi también se ha referido a la situación de las transferencias pendientes a Euskadi por parte del Gobierno español. Tras destacar que la “principal línea de actuación” de su Departamento es el cumplimiento del Estatuto de Gernika, la consejera ha asegurado que mantiene conversaciones permanentemente con el Ejecutivo de Pedro Sánchez para materializar el calendario de traspasos aceptado por ambas partes. “Mantenemos conversaciones con el Ministerio y esta semana volveremos a hablar”, ha asegurado Garamendi que ha señalado que actualmente están diseñando el formato de la negociación, así como “las mesas técnicas de trabajo y la metodología”.

 

En relación a la transferencia de Prisiones, cuya materialización según el calendario está prevista para marzo, Garamendi ha reiterado que están trabajando en el diseño de la mesa técnica correspondiente y ha añadido que se esforzará al máximo para que se cumpla esta y el resto de las treinta competencias pendientes de transferir. “El Estatuto de Gernika fue aprobado hace 41 años y debe cumplirse en su integridad, también en cuanto a las transferencias, incluida la de Prisiones”, ha recordado. En todo caso, ha precisado que esta competencia hace referencia a la gestión de la Prisiones vascas (Martutene, Zaballa y Basauri), “no a la política penitenciaria, que es materia reservada al Estado español”.

Preguntada sobre el retraso de la transferencia del Ingreso Mínimo Vital (IMV) acordada para el 31 de marzo y todavía sin hacerse efectiva, la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno ha señalado que se trata de una transferencia compleja técnicamente y ha abogado por la paciencia “porque queremos hacer las cosas bien y que todas las cuestiones técnicas necesarias estén bien hechas” para así dotar a la transferencia de seguridad jurídica y económica.

Un comentario
  • 2 de diciembre de 2020

    Entiendo que es necesario consolidar puestos en la Administración pero considero que debería darse en un proceso de equidad para toda la población, tanto la que posee experiencia como la que carece de la misma.
    Comenzando porque sería suficiente con que fuera un reparto del 50% de las plazas para las personas que acceden por el procedimiento especial y el otro 50% para el resto de la población.
    También porque tratándose de una única prueba esta se baremara de manera diferente al igual que ocurre con las personas que acceden por promoción interna.
    Por otro lado y el que a mi parecer es más importante es que puede ocurrir que en origen dicha experiencia acumulada no ha venido derivada de un proceso selectivo en el marco de una oferta pública de empleo sino de una contratación de Lanbide lo cual no ha tenido origen en un proceso que garantice la equidad e igualdad en el acceso al empleo público.
    ¿No sería más justo seguir baremando cómo mérito la experiencia adquirida? ¿Y con un cupo de plazas equitativo tanto para los interinos que acumulen más de ocho años como para el resto de la población?

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