El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la Ley para la Igualdad de mujeres y hombres (Consejo de Gobierno 17-11-2020)
El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana el Proyecto de Ley de segunda modificación de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de mujeres y hombres, un proyecto cuya elaboración ha sido liderada por Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer y que ha contado un proceso ampliamente participativo, con más de 400 aportaciones, tanto de la sociedad civil como de instituciones. La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha comparecido ante los medios junto con el portavoz Bingen Zupiria para dar cuenta de los retos más importantes a los que quiere dar respuesta la nueva ley, que, en sus palabras, quiere posibilitar “una política y un pacto de país con mayúsculas por la igualdad y contra la violencia machista”.
Artolazabal ha señalado que se trata de un paso más en el compromiso del Gobierno Vasco por la igualdad y por la construcción de una sociedad libre de violencia contra las mujeres, que se refuerza con la creación esta legislatura por primera vez de un departamento de Igualdad.
Tras quince años desde la aprobación de la Ley para la Igualdad, que ha sido considerada pionera e incluso ha recibido el Premio al Servicio Público por las Naciones Unidas, su modificación ha llegado motivada por la necesidad de reforzar las políticas de igualdad y el trabajo para la erradicación de la violencia machista contra las mujeres para adaptarla a las nuevas necesidades y retos derivados del nuevo contexto social y normativo (Convenio de Estambul, Agenda 2030, Pacto de Estado contra la Violencia…). En este sentido, uno de los grandes retos de la nueva ley ha sido garantizar una visión sobre la ubicación de la violencia contra las mujeres dentro del problema sistémico y universal de la desigualdad de mujeres y hombres, tal y como insta a legislar el Convenio de Estambul.
Refuerzo de las estructuras de igualdad
La ley prevé el refuerzo de los recursos económicos, humanos y técnicos para el desarrollo de las políticas de igualdad que tienen su reflejo en el refuerzo de las estructuras de igualdad, en la obligatoriedad de formación en igualdad del personal público, en la generalización de los permisos parentales iguales e intransferibles, en el incremento de medidas para combatir la brecha salarial, en la ampliación de las ayudas a todo tipo de víctimas de violencia contra las mujeres, así como para hijos e hijas huérfanos a consecuencia de la violencia machista.
Uno de los desafíos importantes de la ley era garantizar la formación en igualdad de todo el personal de las administraciones públicas. Así, prevé la formación obligatoria, progresiva y permanente, en materia de igualdad para todo el personal de los poderes públicos vascos y, en particular, para el personal implicado en la respuesta frente a la violencia machista contra mujeres, una formación inicial y continua obligatoria. Otro reto ha sido el de dotar de mayor protección a las niñas, niños y adolescentes. Así, además de a las mujeres, adolescentes y criaturas que sufren en primera persona las conductas violentas por motivos de género, la ley considera expresamente como víctimas y supervivientes de la violencia machista contra las mujeres, a las niñas, niños y adolescentes y otras personas dependientes que convivan en un entorno en el que se ejerza dicha violencia. En este sentido, crea ayudas para hijos e hijas huérfanos como consecuencia de la violencia machista.
Otro reto a abordar ha sido el de la ampliación del sistema de atención a las víctimas de todas las formas de violencia machista contra las mujeres. Más allá de las víctimas de la violencia ejercida por pareja o ex pareja o intrafamiliar y de la violencia sexual, la ley regula y amplía el sistema de atención a las víctimas del resto de las manifestaciones de la referida violencia como la trata con fines de explotación sexual, entre otras. La modificación permite también el reconocimiento al derecho de reparación de las víctimas y plantea la obligación de adoptar medidas para garantizar a todas las víctimas y supervivientes el reconocimiento de la verdad, la garantía de no repetición de los hechos violentos y de recuperación a través de los correspondientes recursos públicos de atención. Asimismo, prevé para las víctimas una nueva ayuda económica, compatible con las ya existentes, para supuestos de impago de indemnizaciones establecidas por resolución judicial.
Aumentar la investigación y mejorar el registro y la difusión de datos sobre violencia es otro de los desafíos a los que responde la modificación de la ley. Más allá del trabajo realizado hasta la fecha en dicho ámbito, la ley establece la necesidad de impulsar la implantación de un sistema electrónico de información compartida de casos de las diferentes manifestaciones de la violencia contra las mujeres y plantea la creación de un Observatorio de Igualdad que permita tener una visión global y permanente.
La ley apunta, asimismo, hacia la superación de la centralidad de la denuncia y de la visión policial-judicial de la violencia contra las mujeres. Sin menoscabo de la importancia que los sistemas policial y judicial tienen en la intervención contra la violencia contra las mujeres y en la protección de sus víctimas, y consciente de las limitaciones competenciales para legislar en la materia, la ley sitúa en el centro de las medidas los derechos de las víctimas y 16 supervivientes y su empoderamiento, con independencia de su grado de implicación o colaboración con el procedimiento judicial.
La nueva norma recoge, asimismo, la interseccionalidad en sus principios generales como enfoque inspirador de toda la intervención pública en materia de igualdad de mujeres y hombres y establece la necesidad de adaptar la respuesta institucional ante la violencia machista para asegurar el derecho que toda víctima tiene a una atención integral, gratuita, accesible y de calidad, independientemente de su situación personal, social y administrativa y, en particular, el de aquellas que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad.
El proceso de modificación de la ley ha sido participativo. Tras someterse a consulta a todos los departamentos del Gobierno Vasco, a las 3 diputaciones forales y a EUDEL, además de a consulta pública, ha recibido más de 400 aportaciones, tanto de la sociedad civil como de instituciones: cerca de 300 aportaciones de sociedad civil y más de un centenar de distintas administraciones. En el proceso participativo se ha contado con personas expertas en género e igualdad, con las instituciones públicas competentes en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, con agrupaciones feministas, con profesionales que intervienen en la prevención, detección y atención de la violencia contra las mujeres, con agentes sociales, entidades y asociaciones que trabajan con las víctimas de la violencia.
