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El Instituto de Gobernanza Democrática- Globernance y el Gobierno presentan un informe sobre el comercio y exportación de armas en Euskadi y el papel de las instituciones vascas para la mejora de la transparencia y el control de las exportaciones

18 de noviembre de 2019
  • El documento ha sido elaborado por el Instituto de Gobernanza Democrática – Globernance y responde a un encargo de la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación
  • El informe concluye que ni el Gobierno Vasco, ni el Parlamento Vasco, ni las instituciones vascas ostentan competencia en materia de marina mercante y puertos de interés general, ni tampoco en materia de comercio exterior, armas e industria armamentística
  • El informe propone como una medida adecuada la creación de un Código de Conducta y/o Transparencia de carácter autonómico sobre las buenas prácticas comerciales, aplicable en las empresas del sector armamentístico de Euskadi que se adhieran voluntariamente al mismo

El Gobierno Vasco y el Instituto Globernance han presentado un informe sobre el comercio y exportación de armas en Euskadi y el papel, que dentro de su escaso marco competencial en la materia, pudieran desempeñar las instituciones vascas para la mejora de la transparencia, el control de las exportaciones y el cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente.

El documento responde a un encargo de la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación al Instituto de Gobernanza Democrática – Globernance  y ha sido presentado esta mañana por la Directora de Víctimas y derechos Humanos, Monika Hernando, el Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, Paul Ortega y los autores del trabajo Juanjo Álvarez, José Luis Iriarte, Cayetana Santaolalla y Unai Belintxon.

Los responsables del Gobierno Vasco han manifestado que la aplicación de los máximos estándares de transparencia, seguimiento y control de las exportaciones de armas es un imperativo normativo y es un medio de contribución decisiva para la seguridad, la paz y la defensa de los derechos humanos y la vida de las personas que se encuentran en contextos en los que se producen graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos.

También han afirmado que el informe que hoy se presenta se inserta en el Marco de referencia para la Coherencia de políticas para el Desarrollo en el País Vasco, aprobado por el Consejo de Gobierno en abril de 2016. Y ha recordado que la Coherencia de políticas también está recogida en el Programa de Gobierno – Euskadi 2020, en su Compromiso 171 “Impulsar la CPD y la coordinación interinstitucional”, y le otorga a la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo este papel de impulsar y dinamizar la CPD en el seno del GV, que también está recogido en el lV Plan Director de Cooperación para el Desarrollo 2018-2021.

El informe

Entre otras cuestiones, el informe presentado hoy analiza el ámbito jurídico y competencial del comercio de armas y los puertos de interés general como premisa necesaria para determinar el papel y la competencia autonómica en esta materia dentro de la Unión Europea. En Segundo lugar, estudia el Marco jurídico regulatorio que se aplica al comercio de armas, su exportación y medidas de transparencia y control para la no vulneración de los Derechos Humanos y el derecho Humanitario; a la exportación de armas a los países que son objeto de sanciones de Naciones Unidas o de la UE; y al establecimiento de mecanismos de control por parte de las instituciones vascas.

Sobre este último aspecto, el documento constata el escaso número de empresas vascas del sector que disponen de un Código Ético o de Conducta abierto y público referido a materias como la protección de los derechos humanos; al tiempo que propone el diseño y/o creación por parte de las instituciones vascas de un Código de Conducta y de Transparencia Marco sobre las buenas prácticas comerciales, que se aplicaría en las empresas vascas del sector que se adhieran voluntariamente a esta iniciativa.

Según los autores, el citado código podría conllevar, la creación de un Observatorio de los derechos humanos y el Derecho Humanitario, impulsado por el Gobierno Vasco, o la creación de una Comisión de Conducta de buen comercio, integrada por representantes de las Administraciones Públicas, empresas del sector, clientes/usuarios  y sociedad civil.

 

 

 

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