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El presupuesto del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda se incrementa un 5,7% y cuenta este año con 236,12 millones de euros

12 de noviembre de 2019
  • Las políticas de vivienda, que dispondrán de un presupuesto consolidado de 304 millones (Departamento+Visesa+Alokabide) se centran en el incremento de la oferta pública de alquiler para garantizar el derecho subjetivo a la vivienda
  • El desarrollo de políticas de acción ante la emergencia climática, la calidad ambiental y la protección del patrimonio natural son los ejes de la actuación de la Viceconsejería de Medio Ambiente, que cuenta con 69,2 millones
  • La regeneración urbana integral de barrios vulnerables contará con cinco millones de euros y se realizará en coordinación con los municipios y con la participación de los vecinos

 

El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda va a disponer en 2020 de un presupuesto de 236,12 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,7% sobre el proyecto de presupuestos de 2019.

La cantidad más importante en términos absolutos corresponde al área de Vivienda, con 150,95 millones de euros; una cuantía que asciende a 304,3 millones si se suman los presupuestos de sus sociedades públicas Alokabide y Visesa.

El área de Medio Ambiente, por su parte, va a gestionar 69,24 millones y la de Planificación Territorial, 7,7 millones.

MEDIO AMBIENTE

El presupuesto del área medioambiental asciende a 69,24 millones de euros, un 5,5% más que en el proyecto de presupuestos de 2019 y se articula en torno a 6 objetivos estratégicos.

  1. Protección del Patrimonio Natural (patrimonio natural, reserva de la Biosfera de Urdaibai, restauración de la bahía de Txingudi, restauraciones ambientales, proyectos de investigación, red Natura 2000, Valle Salado) con un presupuesto de 3,5 millones de euros de la Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático (3,2 millones) y de Ihobe (256.000€).
  2. Economía baja en carbono y eficiente en recursos. Las actuaciones en economía circular, gestión de residuos y cambio climático cuentan con un presupuesto de 4,3 millones de euros (1.630.000 del Departamento y 2.685.900 de Ihobe).

En este apartado se encuadra el proyecto LIFE INTEGRADO URBAN KLIMA2050 aprobado por la Dirección General Clima de la Comisión Europea que comienza a desarrollarse este año y se extenderá hasta 2025, con un presupuesto total de casi 20 millones de euros y una contribución de la UE de más de 10 millones.

Este proyecto, liderado por la Viceconsejería de Medio Ambiente, ha integrado un consorcio formado por cuatro Departamentos del Gobierno Vasco, las tres Diputaciones, los Ayuntamientos de las tres capitales, municipios como Bakio, Bermeo, Gernika y Zarautz, centros tecnológicos y la Universidad del País Vasco.

Dentro de la Estrategia KLIMA2050, el proyecto va a definir un enfoque propio de adaptación del entorno urbano y periurbano al cambio climático, de forma que pueda servir de experiencia práctica a territorios similares.

También destaca la puesta en marcha de un convenio de colaboración con el BC3 o Basque Centre for Climate Change que va potenciar en el Departamento la investigación y desarrollo de las políticas de acción ante la emergencia climática.

  1. Medio ambiente saludable. Calidad ambiental, que cuenta con un presupuesto de 42,9 millones de euros.

En este capítulo se Incluyen las transferencias del Departamento a la Agencia Vasca del Agua – URA por valor de 38,7 millones. Por su parte, a la red de calidad del aire se destinan 1,2 millones de euros. Dentro de este objetivo se encuentran también actuaciones para la regeneración de áreas degradadas, bien por suelos contaminados o ruinas industriales, así como subvenciones a empresas para la protección del medio ambiente y la acción climática (2,14 millones de euros).

  1. Sostenibilidad del Territorio, con un presupuesto de 2,4 millones de euros para acciones que promuevan el desarrollo sostenible y potencien la acción climática en el ámbito local.
  2. Integración ambiental en relación con la Educación Ambiental cuenta con 4,9 millones.  Las actividades en las Ekoetxeak, los programas Aztertu y las Ingurugelak reciben 2,2 millones, mientras que el desarrollo de la Agenda 21 escolar absorbe 900.000 euros destinados a centros escolares y 330.000 euros destinados a ayuntamientos.

La mejora de la Administración Ambiental, por su parte, dispone de algo más de 1 millón de euros Más de la mitad de ellos (575.000) van al desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental, Ingurunet, y 408.117 euros a las actuaciones de inspección ambiental.

La Sociedad Pública de Gestión Ambiental, Ihobe cuenta para 2020 con un presupuesto de 11,6 millones de euros, de los que 1,5 millones son ingresos propios.

La Agencia Vasca del Agua-URA, por su parte, dispone de un presupuesto de 45,5 millones de euros, de los que 38,5 millones son ingresos provenientes de la aportación que realiza el Departamento. Pero también cuenta con 4,7 millones de ingresos propios y 2,2 euros de otras subvenciones.

Sus principales actuaciones en 2019 van a consistir en obras de ordenación, encauzamiento y defensa contra inundaciones, proyectos de mantenimiento y reparación de cauces y mejora del sistema de prevención de inundaciones por valor de 14,6 millones de euros.

También llevará a cabo actuaciones inversoras para otros entes (fundamentalmente consorcios, ayuntamientos y otras entidades), en materia de abastecimiento y saneamiento de aguas por valor de 12 millones de euros.

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

El área de Planificación Territorial dispondrá de 9,5 millones de euros, de los cuales 8.449.000 euros corresponden al presupuesto de la Viceconsejería y 1.051.032 euros al fondo de innovación del PCTI.  El presupuesto se estructura en los siguientes ejes de actuación:

  1. La planificación territorial, con una dotación de 1 millón de euros, de los que 743 euros se destinan a estudios, planes y acciones de participación. Una vez aprobadas las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT), toca potenciar su desarrollo con los Planes Territoriales Parciales y los Planes Territoriales Sectoriales. A este respecto, se han iniciado ya los trabajos para la redacción de los planes territoriales sectoriales del Litoral, de Energías Renovables y de Turismo y se acometerán el PTP de Álava Central y el de Laguardia.
  2. La Agenda Urbana de Euskadi-Bultzatu 2050. Una vez aprobada, se implementarán sus acciones en el conjunto del Gobierno. Estos trabajos se desarrollarán en colaboración con ONU Habitat y otras entidades.
  3. La regeneración urbana integral, con un presupuesto de 4,9 millones de euros.
  4. La apuesta por la integración de la perspectiva de género en los planes y actuaciones. Este eje cuenta, además, con una línea de subvenciones de 200.000 euros para entidades locales.
  5. La información geográfica territorial, que cuenta con 665.000 euros.

El presupuesto destinado a la regeneración urbana asciende a 4.980.000 euros. A esta cantidad específica hay que añadir las partidas que desde el área de Vivienda se destinan, mediante subvenciones a la rehabilitación y la accesibilidad de viviendas, a la regeneración de barrios incluidos en este programa.

El propósito es dar continuidad a la intervención en barrios vulnerables con actuaciones de regeneración urbana de carácter integral, en coordinación con los municipios y entidades de carácter privado, con la máxima participación de los vecinos e intentado captar financiación europea.

VIVIENDA

En lo que se refiere al área de Vivienda, el presupuesto del Departamento asciende a 150,95 millones de euros, lo que representa un incremento de un 6,4% en relación al proyecto de presupuestos de 2019. Pero, para determinar la capacidad presupuestaria de las políticas de gasto directo en materia de vivienda para este ejercicio, debemos incorporar al análisis los presupuestos de las sociedades públicas Visesa y Alokabide. Así, para 2020, Visesa dispone de un presupuesto de gastos de 130,7 millones de euros, y Alokabide de 84 millones de euros.

En conjunto, el presupuesto de gastos en vivienda, sumando el Departamento y sus sociedades públicas adscritas, se sitúa en 368,6 millones de euros, y supone un presupuesto consolidado (una vez descontadas las operaciones y transferencias internas) de 304,3 millones. Esta cifra representa un incremento del 9,9% con respecto al proyecto anterior.  

De esta cifra total, el 67% es gasto directamente imputable a políticas de alquiler y el 24% es gasto imputable a políticas de rehabilitación urbana. En términos netos, descontando la rehabilitación, el 88% del gasto directo del programa de vivienda se asigna a políticas de alquiler: es decir, por encima de los términos fijados en la Ley de Vivienda.

Así, se prevé iniciar 1.200 viviendas de protección pública y alojamientos dotacionales en alquiler. 250 los promoverá el Departamento (26 millones de € en créditos de pago y compromisos), 500 Visesa (7,4 millones), 200 la iniciativa privada con modelo Bizigune,125 los entes locales (12 millones) y 125 serán promovidos sobre suelos del Departamento por cooperativas sin ánimo de lucro en régimen de cesión de uso.

En el caso del contrato programa con Visesa, el 100% de sus promociones (500 viviendas) lo serán en alquiler, cumpliendo así otra especificación de la Ley de Vivienda.

Es destacable, asimismo, el peso que tienen en Visesa las actuaciones de rehabilitación urbana, innovación y sostenibilidad energética y social, lo que supone un giro radical en su orientación, muy volcada en el pasado a la vivienda en régimen de venta.

Alokabide, como sociedad gestora del alquiler público, destina el 100% de sus recursos a políticas de alquiler. La previsión es que alcance el próximo año las 15.000 viviendas gestionadas. El parque público total en alquiler se acercará al cierre de 2020 a las 25.000 viviendas y ADAS en alquiler asequible.

Finalmente, se adquirirán nuevos suelos para 700 viviendas protegidas, tanto por parte del Departamento (para 500 viviendas) como de Visesa (200 viviendas).  A la compra y urbanización de suelos se destinan 17,8 millones en créditos de pago y compromiso

El programa de Vivienda se centra en varios objetivos:

  1. Desarrollar reglamentariamente la Ley de Vivienda y garantizar el Derecho Subjetivo a la Vivienda. Al cierre de 2020 se habrán desarrollado hasta 10 reglamentos de la Ley, incluyendo algunos de los más decisivos para su implementación operativa, como son el Derecho del Derecho Subjetivo a la Vivienda y el Decreto de Viviendas Deshabitadas. Para satisfacer este derecho, se adjudicarán viviendas en alquiler mediante la rotación del parque público gestionado por Alokabide, las nuevas captaciones de Bizigune, la adjudicación de nuevas viviendas sociales y alojamientos dotacionales, y el pago de prestaciones económicas de vivienda (PEV). Se estima en 000 el número de hogares que tendrán reconocido el DSV al cierre de ejercicio. La partida destinada a cubrir las prestaciones económicas de vivienda se ha dotado con una partida ampliable de 5 millones de euros.¡
  2. Incrementar la oferta pública de alquiler a precios asequibles. En 2020 el 100% de la iniciativa pública programada lo será en alquiler. Además de incrementar el parque de viviendas propio se va a intensificar el esfuerzo para movilizar para el alquiler viviendas de particulares deshabitadas, a través de los programas de intermediación. La previsión es que al cierre de 2020 Bizigune cuente con 600 viviendas captadas y ASAP con 600.

A su vez, el Programa GAZTELAGUN 2019-2021 de apoyo a la emancipación de las personas jóvenes ayudándoles a pagar una parte del alquiler, va flexibilizar sus requisitos, un año después de su entrada en vigor. 

  1. Implementar una nueva política de rehabilitación. El próximo año más de 1 de cada 5 euros de gasto en vivienda se destinarán a políticas de rehabilitación urbana. Se van a combinar las ayudas a la adecuación estructural y constructiva de las viviendas, que ahora suponen más de la mitad del gasto en este capítulo, con el impulso a la accesibilidad y la eficiencia energética, mediante operaciones de rehabilitación más potentes, versátiles e integrales. Con esta filosofía, la nueva normativa de ayudas para rehabilitación, eficiencia energética y accesibilidad entrará en vigor en 2020 y contempla destinar 24 millones para subvencionar a propietarios y comunidades de vecinos en operaciones de rehabilitación edificatoria integral. Estimamos que estas ayudas inducirán una inversión privada de 350 millones de euros.

En concreto, se pretende impulsar con subvenciones y préstamos la rehabilitación de 10.700 viviendas. En materia de accesibilidad, se espera que 5.000 viviendas acometan reformas estructurales, con la instalación, entre otras mejoras, de 500 ascensores. Se destinan 6,3 millones a financiar 140 nuevos proyectos en materia de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, a acometer por entes locales en espacios urbanos. Y, otros 6,9 millones adicionales va a ayudas para el fomento de la eficiencia energética mediante, operaciones integrales de rehabilitación, con el objetivo de alcanzar 3.000 viviendas.

Por otra parte, en lo que respecta al control de la función social de la vivienda, se inspeccionarán otras 9.500 viviendas en el parque público protegido y se prevé, a cierre de 2020, la realización y registro de 60.000 inspecciones técnicas de edificios (ITES).

 

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