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Beatriz Artolazabal: “La reforma de la RGI promueve una sociedad más justa y cohesionada, mejorando el modelo y la protección”

18 de octubre de 2019
  • Intervención de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales en la comisión parlamentaria de Empleo, Juventud y Políticas Sociales
  • Objetivos: proteger mejor a las familias y combatir la pobreza infantil; mejorar la gestión y adaptarse a las nuevas realidades sociales e impulsar la activación laboral de las personas beneficiarias”
  • “La adaptación de las medidas de protección mejorará la cobertura y el acceso al Sistema de Garantía de Ingresos y para la Inclusión social”

VG 18 10 2019

La Consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, considera que “la proposición de ley que se ha presentado en el Parlamento Vasco para la mejora de la renta de garantía (RGI) promueve una sociedad más justa y cohesionada, mejora el modelo y la protección, protege más a la sociedad vasca y familias y se adapta a las nuevas realidades sociales desarrollando una normativa flexible que responderá a las necesidades de los nuevos modelos de las estructuras familiares”. Artolazabal, en su intervención en la comisión parlamentaria de Empleo, estima que “la adaptación de las medidas de protección que aportará la nueva RGI mejorará la cobertura y el acceso al Sistema de Garantía de Ingresos y para la Inclusión social; el objetivo es proteger más y mejor”

Beatriz Artolazabal considera “primordial una eficaz gestión de la Renta de Garantía de Ingresos para lo que hemos elaborado una serie de mejoras simplificando los procedimientos de tramitación de las prestaciones y el concepto de unidad de convivencia, adaptándose a las situaciones cambiantes de las personas. Es necesario un modelo normativo que permita una gestión capaz de minimizar posibles desfases y sus consecuencias y que posibilite una mejora de las normas que regulan el control y revisión de las prestaciones”.

La Consejera de Empleo y Políticas Sociales ha recordado que “Euskadi cuenta con una trayectoria de 30 años de políticas promotoras de rentas mínimas siguiendo recomendaciones europeas ya que la Unión instaba a los poderes públicos a disponer de rentas mínimas garantizadas para favorecer la inserción de la ciudadanía más vulnerable. En 1989 se puso en marcha el Plan Integral de Lucha contra la Pobreza y, en la actualidad, tres décadas después, el modelo vasco de garantía de ingresos resulta plenamente coherente con las orientaciones de las instituciones europeas”.

Avanzada

En su comparecencia parlamentaria, Beatriz Artolazabal ha destacado que “el modelo vasco está en línea con las políticas más avanzadas desarrolladas por los principales países de la Unión Europea que, en su Informe sobre Rentas Minimas, ponía como ejemplo de Buena Practica el modelo vasco lo que constataba la idoneidad de las iniciativas que han venido desarrollando los sucesivos ejecutivos vascos. Esta política es fruto de la sensibilidad de la sociedad vasca; tenemos un buen sistema de protección y ahora nos toca mejorarlo para que proteja más y mejor”.

“Además de las medidas de acceso a unos ingresos mínimos, se han concretado también otros mecanismos como los orientados a generar un mercado de trabajo inclusivo. El modelo de garantía de ingresos e inclusión social implantado en Euskadi se caracteriza por la idea del doble derecho con la participación de las personas beneficiarias en los procesos de inclusión social y laboral. Nuestro modelo ha supuesto una significativa reducción de los indicadores de pobreza estructural y este sistema de garantía de ingresos ha resultado eficaz en la prevención de la pobreza en Euskadi y ha permitido mantener las tasas de bienestar similares, e incluso superiores, a muchos de los países de Europa” ha dicho Artolazabal.

La Consejera Artolazabal se ha referido a las conclusiones de la última EPDS que señalan que “la mayoría de la población vasca vive en un confortable bienestar; la percepción subjetiva de pobreza apenas alcanza al 2,7%. Y que el porcentaje de renta del 10% de la población más pobre con respecto al PIB está en niveles porcentuales por encima de los de Suecia”.

“Tras los años de la crisis económica, ahora se producen dos fenómenos paralelos: una mayor generación de procesos de emancipación de la población vasca joven lleva a un llamativo crecimiento del número de hogares en Euskadi y, el otro, una creciente inmigración con pocos recursos que elige Euskadi como lugar en el que construir sus proyectos de vida” ha matizado Artolazabal.

Según Artolazabal, “en los últimos años la eficacia de las medidas establecidas para la garantía de ingresos y la inclusión socio-laboral se ha visto afectada por las condiciones derivadas de la crisis económica y nos encontramos ante una realidad cambiante que exige una normativa flexible adecuada para dar respuesta a las necesidades de vulnerables grupos de población y adaptada a  los nuevos modelos de familias derivados de los procesos de atomización de los hogares y de las estructuras familiares”.

Actualización

La reforma de la RGI propuesta por el Gobierno vasco pretende, según ha detallado Artolazabal, “actualizar el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión como sistema autónomo, constituido en un todo coherente e integrado, responder con medidas y soluciones específicas a las necesidades surgidas del contexto socioeconómico; la revisión de los aspectos normativos ligados a la gestión de los convenios de inclusión;  un sistema más cercano a la ciudadanía, la mejorar de la cobertura de las prestaciones ofrecidas; dotar de medios para avanzar en la mejora de la gestión de las prestaciones; y delimitar el papel de las distintas prestaciones que conforman el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión”.

Borja Belandia, director general de Lanbide, ha indicado, en la misma comisión parlamentaria, que la propuesta de mejora de RGI “se presenta en formato de proposición de ley porque es importante que el proceso de modificación de la Ley no se demore.  Por eso han sido los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno los que han presentado la Proposición de Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión. Un cambio de tramitación para que la modificación de la Ley no se alargara demasiado y pudiera entrar en vigor lo antes posible”.

Para ello, también han sido escuchadas y analizadas las aportaciones que se han realizado en la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Juventud por parte de representantes de entidades sociales y sindicales. En dichas comparecencias se identificaron 94 cuestiones concretas de las cuales 41 han sido incorporadas total o parcialmente a la proposición de ley, 20 serán tenidas en cuenta cuando se defina el Decreto correspondiente, 13 no eran cuestiones aplicables en la presente norma y 16 no se han incorporado.

Artolazabal se ha referido al informe AROPE, sobre pobreza y necesidad que señala que las tasas más bajas son las del País Vasco y Navarra, con el 12,1 % y el 12,6 % respectivamente, y las más altas se registran en otras regiones  con índices de (38,2%) y (44,6%).

Cambios

Con la nueva formulación de la ley presentada por el Gobierno Vasco, los cambios más destacables con respecto a la normativa anterior son: se establece, junto a la Renta de Garantía de Ingresos, la Renta Garantizada para Pensionistas; se redefine el concepto de unidad de convivencia de forma que, con carácter general, todas las personas que convivan en un mismo domicilio pertenezcan a la misma unidad de convivencia; se prevé la existencia de unidades de convivencia excepcionales, diferenciadas dentro de un mismo domicilio con carácter temporal; se han modificado las definiciones de las figuras de persona titular, beneficiaria y perceptora de la prestación.

También se modifican los requisitos de acceso y mantenimiento de las prestaciones económicas de derecho, reduciendo a dos años el periodo mínimo de empadronamiento y residencia efectiva; se libera a las personas solicitantes de protección internacional o de asilo del requisito periodo de empadronamiento mínimo; se articula un nuevo modelo para la determinación de la renta máxima garantizada de las prestaciones económicas de derecho; se elimina la prestación complementaria de vivienda, por lo que las prestaciones económicas integradas en el Sistema Vasco de Garantías se reducen a las prestaciones económicas de derecho – la Renta de Garantía de Ingresos y la Renta Garantizada para Pensionistas – y las Ayudas de Emergencia Social.

Por último, se reforma el régimen sancionador establecido en la antigua normativa, con el objetivo de que sea un régimen más efectivo y aplicable a la realidad propia del Sistema Vasco de Garantía e Inclusión. Así, se reconduce el sistema de infracciones de forma que se tipifican aquellos casos en que se realizan actividades dolosas, fraudulentas o negligentes para la percepción de las prestaciones.

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