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Comunicado de la delegación vasca de observación de derechos humanos en Colombia tras culminar su misión

24 de julio de 2019

19 de julio de 2019. La Directora de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, Monika Hernando, ha liderado una Delegación de Observación de Derechos Humanos que viajó a Colombia entre el 14 y el 19 de julio, en el marco del Programa Vasco de Protección Temporal a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos.

La Delegación ha estado compuesta, además, por las personas integrantes de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad del Parlamento Vasco, Eva Juez (Presidenta),  Leixuri Arrizabalaga (PNV), Oihana Etxebarrieta (EH Bildu), Iñigo Martínez (Elkarrekin- Podemos), Carmelo Barrio (PP) y Eduardo Mancisidor (letrado), por los representantes de la Agencia Vasca de Cooperación, Paul Ortega y Ainara Arrieta, las responsables de CEAR-Euskadi, Patricia Bárcena y Leire Lasa, coordinadoras del Programa, y por Josune Fernández y Claudia Alejandra Sepulveda representantes de las ONGDs vascas Mugarik Gabe y Emigrados sin Fronteras respectivamente. 

Durante su estancia en Colombia, la Delegación Vasca ha visitado los territorios de cuatro mujeres defensoras acogidas en el programa: Santander de Quilichao (Cauca), Resguardo Triunfo Cristal Paez (Valle del Cauca), Medellin (Antioquia) y Buenaventura (Valle del Cauca). Así mismo se ha  reunido con diferentes asociaciones, movimientos sociales, organizaciones de protección de personas defensoras y organizaciones no gubernamentales, entre ellas, el Proceso de Comunidades Negras (PCN), la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (ORIVAC), la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Fundación Comité Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP), el Congreso de los Pueblos y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

La Delegación también se reunió con el representante adjunto del Alto Comisionado de DDHH de las Naciones Unidas e instituciones colombianas como la Fiscalía, la Unidad Nacional de Protección, la Jurisdicción Especial para Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y con senadores del Congreso de la Republica. Además de la Procuraduría, la Defensoría y la Gobernación de Antioquia. Así como la Embajada de España en Colombia.

Tras las reuniones realizadas, los testimonios recibidos y la documentación previamente analizada, la Delegación MANIFIESTA:

PRIMERO: Transcurrido más de dos años desde la firma de los Acuerdos de Paz constatamos el agravamiento de la violencia y el incremento de las agresiones, amenazas y la criminalización contra las personas defensoras de Derechos Humanos, especialmente líderes indígenas, afrodescendientes y quienes trabajan activa y visiblemente en defensa de la paz y del territorio.

Con al menos 110 personas defensoras asesinadas en 2018 Según datos de ONU, Colombia es uno de los países más peligrosos en el mundo para defender los derechos humanos. En 2019, este promedio ha empeorado aún más ya que al menos 51 personas defensoras asesinadas entre enero y abril. (fuente: PBI)

SEGUNDO: Mostramos nuestra preocupación por la situación que se vive en los territorios donde intereses económicos se priorizan frente a la protección de las personas, y están siendo ocupados por actores armados que se disputan su control. Estos grupos violan sistemáticamente los derechos humanos de las mujeres y de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes. La delegación  ha sido testigo de las amenazadas dirigidas contra el Consejo Comunitario de La Toma (Suarez, Cauca) para ocupar su territorio.

TERCERO: Reconocemos y apoyamos la encomiable labor de las personas que cada día defienden de manera pacifica los derechos humanos, y de aquellas que se ven obligadas a abandonar sus territorios y modos de vida como medida de protección. Así mismo, compartimos su incondicional apuesta por la Paz y el apoyo a la labor realizada por la Justicia Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la aplicación integral de los Acuerdos de Paz.

CUARTO: Valoramos los avances señalados por la Fiscalía en la implantación de la estrategia de investigación y fortalecimiento para perseguir cualquier delito cometido contra personas defensoras de derechos humanos y agradecemos su compromiso de hacer seguimiento a los acuerdos adoptados tras el paro cívico de Buenaventura.

QUINTO: Instamos a las instituciones a implementar mecanismos de prevención y protección colectiva, a visibilizar y poner en valor el trabajo de las personas defensoras, y a prestar especial atención en las zonas y colectivos más amenazados. El reconocimiento de pueblos ancestrales, como los pueblos indígenas y el pueblo Negro, y la legalización de sus territorios son retos pendientes. Así como, la presencia institucional en las zonas rurales, no solo a través de la seguridad, sino también, y principalmente, mediante el desarrollo social, económico y cultural, con enfoque diferencial. Asimismo, animamos a las instituciones y organizaciones sociales a reforzar el trabajo para generar una auténtica cultura de paz y convivencia en todos los territorios.

SEXTO: Agradecemos la acogida recibida por las defensoras, sus comunidades, y demás organizaciones, instituciones y organismos internacionales, y nos comprometemos a continuar atentas a la situación de las personas defensoras de los Derechos Humanos y a velar por que su labor se ejerza en condiciones de seguridad. Prestando especial atención a la implementación real, efectiva, e integral de lo acordado en el proceso de paz.

 

 

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