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El Gobierno Vasco presenta el Informe sobre la injusticia padecida por concejalas y concejales que sufrieron violencia de persecución (1991-2011)

12 de julio de 2019
  • El informe recoge datos cuantitativos y cualitativos del sufrimiento injusto provocado a concejalas y concejales

  • ETA asesinó a 24 personas que eran o habían sido concejales. La amenaza no era solo percepción, sino un hecho real

  • El hostigamiento provocó un sufrimiento intenso que se extendió a las familias

  • El texto destaca la necesidad de construir una memoria reparadora y generar una empatía hacia el sufrimiento padecido por las víctimas

El Gobierno Vasco ha presentado un Informe sobre la injusticia padecida por concejales que sufrieron violencia de persecución (1991-2011). Este estudio da continuidad a una serie de informes que vienen elaborándose durante esta y la anterior Legislatura y que en conjunto configuran una contribución, ordenada por piezas, al derecho a la verdad sobre las vulneraciones de derechos humanos y al derecho al reconocimiento de la injusticia padecida por las víctimas. Ese trabajo, de hecho, desarrolla –y específica en el colectivo de concejales– un estudio anterior, presentado 31 de marzo de 2016 y titulado Informe sobre la injusticia padecida por las personas amenazadas por ETA (1990-2011).

La Secretaría General de Derechos humanos, Convivencia y Cooperación encargó a principios de 2018 al Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto, un informe que reflejase y analizase la injusticia padecida por aquellas personas que ocuparon puestos de concejal en Euskadi y que sufrieron violencia de persecución o amenazas por parte de ETA, mayoritariamente del PSE-EE y del PP. También refleja el acoso específico padecido, a partir de 2003, contra concejales de todos los partidos que ocupaban concejalías que podían haber sido ostentadas por las candidaturas ilegalizadas.

De este modo, este informe desarrolla las previsiones del Plan de Convivencia y Derechos Humanos 2017-2020, aprobado en octubre de 2017, cuya iniciativa 2 promueve una reflexión crítica sobre el pasado y cuya iniciativa 3 se centra en el desarrollo de informes y estudios que contribuyan a la clarificación del pasado.

Han sido los autores del informe, Jose Ramón Intxaurbe y Gorka Urrutia quienes han presentado su contenido.

Objetivos

El estudio ofrece una descripción cuantitativa y cualitativa del sufrimiento injusto provocado a concejalas y concejales que sufrieron amenazas y acoso directo en el marco de la violencia de ETA. Asimismo, el informe persigue extraer conclusiones en materia de clarificación de derechos humanos vulnerados mediante la amenaza y en materia de reparación a sus víctimas.

Este documento promovido por la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación está vinculados al compromiso con la verdad y la clarificación del pasado. En este sentido, el Secretario General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernandez, ha afirmado que “la clarificación del pasado en materia de vulneraciones de derechos humanos es fundamental para la construcción de la convivencia y la memoria”. “Con estos informes no hablamos solo de datos cuantitativos, hablamos de personas concretas, de familias enteras y de un sufrimiento inmenso, prolongado y poco visibilizado”, ha añadido.

Análisis cuantitativo

En el informe se recoge un total 24 personas que, en el ejercicio de su función de concejales de ayuntamiento, fueron asesinadas por ETA. Hasta 1991, 8 personas; y entre ese año y 2011, otras 16 personas. El impacto de la amenaza sobre el colectivo de concejales señalados no era solo una percepción subjetiva, sino una realidad objetiva y con efectos permanentes sobre la totalidad de su vida personal y la de sus familias.

En el informe a modo de referencia se refleja el número de concejalas y concejales por año que llevaron escolta en el periodo 1991-2011, y que fueron protegidos por el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. La mayor parte de estas personas estuvieron escoltadas en un periodo como mínimo de 1 año y hasta 13 años.

La gran mayoría tuvieron que comenzar con estos operativos a partir del año 1999, que es el punto de inflexión en el que se recrudece la estrategia de acoso, intimidación e incluso asesinato del colectivo de concejalas y concejales y que también coindice con el final de la tregua de 1998.

Análisis cualitativo

El equipo redactor del informe ha llevado a cabo 14 entrevistas con un cuestionario semiestructurado. La mayoría de las personas entrevistadas ejercieron el cargo de concejal en municipios del País Vasco entre los años 1991 y 2015. Adicionalmente, también se recoge el punto de vista de familiares de estos cargos públicos para reflejar el impacto que este acoso tuvo en las personas con las que convivían.

Las amenazas fueron constantes, en muchas de las ocasiones en espacios públicos, y con una clara intención de amedrentar a sus destinatarios y destinatarias cuyos nombres y apellidos con frecuencia eran explicitados en la amenaza.

Toda esta presión y acoso sufridos día tras día, sin interrupción, provocaron sufrimientos intensos, profundos y prolongados con sentimientos de aislamiento, soledad y amenaza constante. Algunas de las personas entrevistadas relatan que las afecciones a la salud no tardaron en manifestarse, incluso, en ciertos casos, años después con un diagnóstico de estrés postraumático.

También queda reflejado en estas entrevistas el caso de personas que, tras sufrir ataques en su propia casa, se vieron obligadas a cambiar de domicilio y vivir escoltadas en su residencia fuera de Euskadi. Las entrevistas ponen de manifiesto que la principal fuente de ansiedad tuvo que ver con la afección que en sus familiares tuvieron las coacciones y la violencia ejercida contra las concejalas y concejales.

Conclusión del Gobierno Vasco

El Secretario General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernandez, ha concluido señalando que “con estos informes no hablamos solo de datos cuantitativos, hablamos de personas concretas, de familias enteras y de un sufrimiento inmenso, prolongado y poco visibilizado. Con la presentación de este informe queremos que aquellas personas que fueron concejalas y concejales, mayoritariamente del PSE y del PP, amenazadas o perseguidas por el hecho de serlo, sepan tres cosas: (1) que conocemos el sufrimiento que padecieron, (2) que afirmamos la injusticia de aquel sufrimiento, (3) que este informe registra aquella realidad de modo oficial en la construcción de la memoria, y es expresión de solidaridad hacia sus víctimas”.

Este informe que presentamos hoy es de acceso público. Y es para quien lo lea la ocasión de realizar un ejercicio de empatía colectiva para entender qué tipo de opresión física, psicológica, familiar y humana pudo suponer para una persona vivir un día tras otro con el peso de la amenaza de perder la vida violenta e injustamente. Por todo ello, este estudio, como los anteriores, será oficialmente depositado en Gogora.

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