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Beatriz Artolazabal: “Hay condiciones para que el Gobierno Vasco adquiera las competencias contempladas en el Estatuto de Autonomía en materia de políticas pasivas de empleo”

14 de junio de 2019
  • Intervención en Eusko Legebiltzarra de la Sailburu de Empleo y Políticas Sociales.
  • “Se trata de una transferencia prioritaria que nos permitiría hacer políticas de intervención ante posibles situaciones de exclusión de manera integral”
  • También ha solicitado que el Estado “agilice la aprobación de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia”

VG 14 06 19

La Consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, considera que “hay condiciones para que el Gobierno Vasco adquiera las competencias contempladas en el Estatuto de Autonomía en materia de políticas pasivas de empleo”. Artolazabal ha participado en la sesión plenaria del Parlamento Vasco en la que se ha debatido sobre la situación de diversos aspectos de la gestión del empleo.

“El Departamento de Empleo y Políticas Sociales es el elemento gestor que deberá asumir la competencia de las políticas pasivas de empleo. El empleo está considerado como un pilar social y, junto con la educación y la salud, constituye la estructura básica de nuestro modelo de sociedad” ha indicado Artolazabal.

Según Beatriz Artolazabal, “ahí se enmarcan el conjunto de decisiones que tienen por finalidad el desarrollo de programas y medidas tendentes a: la consecución del pleno empleo; su calidad; la adecuación cuantitativa y cualitativa de la oferta y demanda de empleo; la reducción de las situaciones de desempleo y la debida protección de las personas que viven esa situación”.

“Las políticas de empleo se clasifican en dos categorías: las políticas activas y las pasivas. Por definición, se consideran políticas activas aquellas orientadas a que encuentren trabajo las personas desempleadas; es decir, facilitar su inserción en el Mercado laboral. El mercado de trabajo es subsidiario de la política económica, y la marcha de esta es la que condiciona sus principales resultados. Ahí, el papel de Lanbide como instrumento de activación laboral es su mejor contribución a la vertebración social del mercado de trabajo. Esa es la función atribuida a Lanbide desde el año 2011, cuando fueron transferidas las políticas activas de empleo a Euskadi” ha añadido la Sailburu.

 “El empleo es nuestra prioridad y el eje básico de nuestra actuación como Gobierno Vasco. Nuestro reto, al inicio de la Legislatura, era reducir las tasas de paro por debajo del 10%. Y ya lo estamos consiguiendo. Para ello incentivamos políticas públicas de carácter económico y social que tienen como objetivo directo la creación de más empleo y de más calidad”.

“El Empleo y la Reactivación económica están indisolublemente unidos pero estas políticas activas deberían estar en consonancia con las políticas pasivas de empleo que son, por definición, las que proporcionan a las personas desempleadas una remuneración sustitutiva del empleo. Es decir: las prestaciones y subsidios por desempleo. En 40 años no se ha articulado medida alguna para hacer realidad la transferencia de las políticas pasivas de empleo” ha detallado Artolazabal.

“El Gobierno Vasco tiene marcada, entre otras, como transferencia prioritaria la gestión de las políticas pasivas de empleo” ha añadido la Consejera quien ha indicado que la parlamentaria Nerea Kortajarena reconoce que los esfuerzos realizados por el Gobierno Vasco para conseguir esa transferencia, han sido ignorados por el Estado” ha matizado.

“Nosotros vemos ahora otra oportunidad de materializar esas competencias pendientes de ser transferidas. Y, ahora, usted ve también una oportunidad con el nuevo Gobierno del Estado para conseguir esa transferencia.  Es bueno que se sumen a esa vieja demanda” ha indicado Artolazabal a Kortajarena.

Según Beatriz Artolazabal “se trata de una transferencia prioritaria porque nos permitiría hacer políticas de intervención ante posibles situaciones de exclusión de manera integral. Gracias al Sistema de Garantía de Ingresos, Euskadi soportó mejor el impacto de la crisis económica. Así, pudimos ofrecer a la ciudadanía que agotaba el subsidio por desempleo, unos recursos para poder seguir disponiendo de unos ingresos mínimos que evitaran su caída en la exclusión”.

“No podemos confundir las políticas pasivas de empleo -que tienen por objetivo el mantenimiento de rentas de quienes no tienen empleo- con las políticas asistenciales, que también son parte de las políticas sociales. La transferencia de las políticas pasivas, se encuentra dentro de las prioridades fijadas por el Acuerdo de Coalición y en el Programa de Gobierno además de contar con el respaldo mayoritario de esta Cámara” ha añadido la Consejera de Empleo y Políticas Sociales en su intervención.

Según Artolazabal, “el Tribunal Constitucional ha declarado que es necesario un acuerdo de la voluntad política, por lo que primero hay que firmar el acuerdo bilateral. Pero está claro que la responsabilidad de las partes no es igual. En este sentido, el Constitucional ha recordado que, en el reparto de las competencias, el principal responsable es el Gobierno del Estado. Por tanto, el único camino a recorrer en esta cuestión debe derivarse del respeto democrático al Estatuto de Autonomía y conseguir que la Administración del Estado se sume a ello”.

“Es importante que el Estado cumpla y transfiera lo pactado y previsto en el Estatuto de Gernika. Se han interpuesto dos recursos de inconstitucionalidad que tienen como base la invasión competencial que realiza el Estado, en materia de políticas activas de empleo. Este es el contexto en el que nos encontramos, y el hecho de que en la Comisión Mixta de Transferencias se priorice el traspaso de la gestión de las políticas pasivas resulta crucial. De este modo, aplicaríamos y gestionaríamos, desde una perspectiva global, las necesidades de las personas desempleadas” ha concluido.

 

Atención a la Infancia y Adolescencia

Por otra parte, Beatriz Artolazabal, en otra intervención, se ha referido al proyecto de Ley de Atención a la Infancia y Adolescencia “condicionada por la aprobación por parte del Estado de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia”. El Comité de los Derechos del Niño, de Naciones Unidas, recomendó al Estado español quese agilizara la adopción de legislación que garantice la protección integral de los niños contra la violencia y asegure su aplicación a todos los niveles”. El Estado inició, en el segundo trimestre del pasado año 2018, la elaboración de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia». Su contenido será de carácter básico y de obligado cumplimiento por todas las administraciones públicas de las Comunidades Autónomas.

“Un elemental criterio de prudencia obligó a retrasar el inicio de los trabajos de elaboración del borrador del texto del «anteproyecto de Ley de modificación de la Ley de Atención a la Infancia y Adolescencia», aunque hemos ido avanzando en esta materia. Era preciso conocer el avance del procedimiento de tramitación y elaboración del mencionado Anteproyecto de Ley Orgánica” ha indicado Artolazabal.

“Siendo esta una normativa básica, se exige garantizar la concordancia de la normativa autonómica con la normativa estatal, y evitar que el texto de la modificación de Ley, incluyese disposiciones normativas que pudieran contravenir lo dispuesto en la normativa básica y que no abordase el desarrollo legislativo de actuaciones previstas en el Anteproyecto de Ley Orgánica, y cuyo desarrollo o ejecución sea competencia de Euskadi. Así pues, señora Garrido: el retraso se ha debido a la incapacidad del Estado. Esperamos que la Administración General del Estado desarrolle cuanto ante la tramitación del texto legal para aprobar la nuestra” ha dicho la Sailburu Artolazabal.

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