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El Gobierno Vasco pide a la Diputación de Álava que deje de crear alarma social en el caso de las facturas de gas propano

22 de marzo de 2011

Técnicos de Industria han encargado a un laboratorio independiente las muestras solicitadas por Iñaki Nafarrate y el resultado sigue siendo igual: la calidad del gas suministrado por Repsol es correcta

El Gobierno Vasco pide a la Diputación Foral de Álava, y en concreto al diputado de Administración Local y Equilibrio Territorial, Iñaki Nafarrate, que deponga su actitud irresponsable y deje de crear alarma social en el asunto de las quejas por la facturación del gas propano en algunas localidades del territorio.

El Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo quiso ofrecer el pasado jueves al diputado foral todas las explicaciones sobre los controles realizados por el Gobierno a Repsol en la facturación y en el suministro de gas a sus 2.500 clientes en Álava. De todas las pruebas, análisis y muestras realizadas, se concluye que no hay indicios de que la empresa haya cometido ningún error en el cobro de las  facturas a los usuarios.

El Gobierno inició los trabajos de control el pasado 24 de febrero. Durante este tiempo ha realizado controles de calidad del gas desde el pasado 2 de marzo. Asimismo, la semana pasada se analizaron, a través de un laboratorio independiente, muestras analizadas en tres depósitos de las localidades de Murua, Murguía e Izarra. El resultado en todos los casos fue el mismo: la calidad del gas cumple con todas las exigencias legales.

Ese exhaustivo trabajo realizado por los técnicos de la Delegación de Industria en Álava, que ha incluido la comprobación de más de 3.000 datos de consumo de usuarios de Repsol y de otros operadores en Álava, llevó a la conclusión de que la calidad del gas suministrado es correcta.

Pese a todos los datos aportados, la Diputación ha seguido lanzando sospechas públicamente. Aún no ha entregado al Gobierno ninguna prueba que indique irregularidades en el servicio. La Diputación siguió exigiendo, como prueba definitiva, controles en depósitos situados en cinco localidades de Álava. Esa "prueba definitiva" ya se ha realizado.

El Gobierno, como muestra de buena voluntad y para acallar cualquier tipo de sospecha, se dispuso a analizar los cinco depósitos solicitados. En primer lugar, descubrió que de los cinco depósitos señalados tres de ellos no eran válidos para la muestra. La Diputación, cuando realizó su solicitud la semana pasada, no se había percatado de que los depósitos de Estavillo y Abornícano se rellenaron el 25 de febrero y la semana pasada, respectivamente. Por lo tanto, se trataba de gas 'nuevo' que no afectaba a las fechas de las facturas reclamadas. Otro, el de Yécora, se había llenado en fechas similares a las del de Araia, otro de los solicitados.

Los técnicos del Gobierno sí consideraron válidos para la muestra los depósitos situados en la calle Estación de Izarra (cuyo depósito contiene gas rellenado el pasado diciembre) y al caserío Marutegui de Araia (llenado en enero). Se desplazaron a esas dos localidades el pasado viernes y, de ahí, acudieron a entregarlos en un laboratorio independiente. El resultado fue igual al de los tres anteriores efectuados la semana pasada: la calidad del gas suministrado es correcta.

El director de Energía, Oskar Zabala, se dirigió ayer lunes a la Diputación para comunicarle el resultado de estas últimas muestras. Además, hizo entrega de los cinco análisis realizados hasta ahora en un laboratorio independiente.

Aunque todas estas explicaciones debieron ser suficientes, la Diputación continúa creando alarma social, lo cual supone una actitud irresponsable. El diputado Iñaki Nafarrate ha mostrado más interés en alimentar sospechas y hacer ruido mediático que en descubrir la verdad. Por eso, se le debe exigir una actitud más leal y responsable, basada en datos y pruebas, y no en rumores. Frente a esta circunstancia, el Gobierno Vasco quiere poner en valor el trabajo intachable realizado en el último mes por los técnicos, más allá incluso de lo que se le puede exigir a esta Administración.

Vitoria-Gasteiz, 22 de marzo de 2011

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