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Lide Amilibia presenta, en el VIII Foro de las Autonomías, la iniciativa “Share” dirigida a instituciones estatales y europeas, que propone una clave de distribución territorial para la acogida e integración de migrantes

28 de marzo de 2019
  • La Viceconsejera de Políticas Sociales del Gobierno Vasco participa en un debate desarrollado en el Senado
  • “Que el Gobierno de España asiente un marco de coordinación entre todas las Comunidades Autónomas promoviendo un reparto equitativo del esfuerzo en la atención a los MENAs”
  • Andalucía, Catalunya y País Vasco, comunidades con más menores migrantes tutelados

Madrid 28 03 19

La Viceconsejera de Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Lide Amilibia, ha presentado en el VIII Foro de las Autonomías la iniciativaShare” dirigida a instituciones estatales y europeas, propuesta de carácter transversal que promueve una clave de distribución territorial del esfuerzo de acogida e integración de migrantes. Asimismo, ha propuesto que “la Unión Europea implante un programa europeo de apoyo a la integración socio-laboral de los JENAs (jóvenes extranjeros no acompañados) y que el Gobierno de España asiente un marco de coordinación entre todas las Comunidades Autónomas promoviendo un reparto equitativo del esfuerzo en la atención a los MENAs (menores extranjeros no acompañados), todo ello dentro de la propuesta que denominamos Share”.

En su intervención en el VIII Foro de las Autonomías que se desarrolla en el Senado, Lide Amilibia ha considerado que “el Estado ha de dotar este compromiso con recursos económicos y con garantías de permanencia, armonizando las herramientas normativas que establezcan los estándares en los servicios de acogida e integración de los MENAs y promuevan acuerdos con los países de procedencia en los MENAs para fomentar las condiciones que eviten que los menores hayan de abandonar a sus familias”.

En cuanto al ámbito de Euskadi, Amilibia ha detallado que “el Gobierno Vasco se comprometió a una serie de iniciativas que ya están puestas en marcha, con el apoyo a las Diputaciones Forales, en la respuesta a los MENAs y participamos en las mesas de trabajo constituidas a nivel estatal para actualizar el Protocolo de actuación en la Acogida urgente de MENAs y en la mesa estatal para trabajar un nuevo Modelo de Atención de MENAs”.

“Vamos a impulsar proyectos de codesarrollo en los países de procedencia de los MENAs que eviten que los menores tengan que abandonar sus familias. En este sentido la Agencia Vasca de Cooperación trabaja in situ en la zona de Marruecos de la que provienen el mayor número de MENAs a Euskadi, a la que, en abril, volveremos con representantes de diferentes departamentos para crear allí un centro de formación profesional” ha indicado Lide Amilibia.

Actuación en origen

La Viceconsejera de Políticas Sociales ha explicado que “se ha puesto en marcha un proyecto ambicioso de inclusión socio-laboral, con duración de 2 años para 225 jóvenes, en la que se ofrece cursos de formación para el empleo con el objetivo de conseguir el certificado de profesionalidad que les permita la integración en el mercado laboral”.

“Las instituciones vascas, trabajamos en la Comisión asesora ADOS para la colaboración con las comunidades islámicas de Euskadi y desarrollamos diferentes iniciativas entre las que destaca la de Acogimiento familiar de MENAs por las familias de origen magrebí” ha añadido Amilibia.

Según Amilibia “los movimientos migratorios representan una cuestión que requiere, ante todo, una respuesta europea pero también estatal, regional y municipal. La globalización y las injusticias y desigualdades generan procesos migratorios que nos afectan en todos los niveles competenciales”.

“Hoy –ha recalcado Lide Amilibia- dentro de los movimientos migratorios, se entremezclan realidades diferentes: personas refugiadas, solicitantes de asilo, solicitantes de asilo que se quedan fuera del sistema, apátridas, MENAs, JENAs, migrantes económicos en tránsito o que se quedan, migrantes devueltos desde otros países europeos, o migrantes en situaciones de vulnerabilidad”.

En su intervención en el Foro, Lide Amilibia ha explicado que “el reto migratorio no es ajeno al reto demográfico. Las sociedades europeas, y la vasca, en particular, tenemos la necesidad objetiva de la aportación de las personas inmigrantes para el sostenimiento y participación en el modelo de bienestar. Hoy, los países más prósperos en el mundo son aquellos que mejor han sabido acoger e integrar los flujos migratorios y que mejor han promovido la convivencia intercultural e interreligiosa en su seno”.

Solidaridad

“La respuesta al reto migratorio es un imperativo ético de solidaridad y un imperativo normativo; pero también lo es de progreso y prosperidad.  Las instituciones vascas y las entidades sociales hemos creado en Euskadi, incluso más allá de nuestros ámbitos competenciales, un sistema de respuesta ordenada y solidaria a los fenómenos migratorios. Este sistema ni es perfecto ni está acabado; pero es integral y trata de ofrecer respuestas a una realidad cambiante” ha detallado Amilibia en referencia a la atención dedicada en Euskadi a los colectivos de migrantes económicos, en tránsito o refugiados.

El sistema expuesto por Lide Amilibia en el Senado se detalla en el documento Adecuación de la estrategia del Gobierno Vasco para una respuesta integral ante los nuevos retos migratorios, de septiembre de 2018, que propone considerar la migración como competencia compartida (Share) tanto por instituciones europeas y estatales como por las vascas (gubernamentales, forales y municipales).

La propuesta SHARE, eje central del documento, está basada en imperativos éticos y normativos y de complementariedad e instrumentación. Además, propone acordar en el ámbito europeo y español con carácter transversal una clave de distribución territorial del esfuerzo de acogida e integración de los migrantes, en cualesquiera de sus modalidades.

Informe

El Informe de las Comunidades Autónomas es fruto de un trabajo que cuenta con la colaboración de personas académicas de las distintas Comunidades. Una profesora o profesor universitario examina la actividad institucional de la misma durante el año y otros estudian las principales normas y políticas públicas del Estado Son en total más de 30 profesores de Derecho Público. Junto a estos estudios, el Informe incluye dos temas monográficos dedicados a los menores extranjeros no acompañados y al despoblamiento. Estos estudios se contrastan por responsables políticos e institucionales en el marco del Foro de las Autonomías.

Además de la Viceconsejera Lide Amilibia, en la jornada del VIII Foro han intervenido Pío García-Escudero, Presidente del Senado, Eliseo Aja, Director del Observatorio de Derecho Público, IDP Barcelona, José Tudela, Director de la Fundación Manuel Giménez Abad, Javier García Roca, de la  Complutense de Madrid, Maria Jesús Larios, de la Universidad de Barcelona y Adjunta para la defensa de niños y adolescentes del Síndic de Greuges, Francisco Candil, Viceconsejero de Políticas Sociales y Vivienda de Canarias, Ignacio Molina, de la Universidad de Valladolid, José Luis Martínez, Vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, y Javier Allué, comisionado para la lucha contra la despoblación de Aragón.

 

Andalucía, Catalunya y País Vasco comunidades con más menores migrantes tutelados

Asimismo, la profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y adjunta para la defensa de los derechos de la infancia y adolescencia del Sindic de Greuges, María Jesús Larios, ha expuesto en la Jornada su informe sobre "Los derechos de los menores migrantes solos y su garantía por las CC.AA" que señala que, de acuerdo con los datos del Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (menas), a 31 de diciembre de 2018 había 13.012 inscritos, lo que supone un incremento del 103 % respecto de los 6.414 registrados en 2017, en el que se superaron en un 60 % las cifras de 2016 (3.997).

En cuanto a su distribución y según Save the Children (2018) correspondientes a 2017, Andalucía es la comunidad con un número más elevado de niños migrantes tutelados, seguida por Melilla, Catalunya y País Vasco. En función del número de habitantes, Melilla, Ceuta, País Vasco, Andalucía y Murcia son las cinco primeras comunidades, con un impacto más elevado de este fenómeno.

Para Larios, es "destacable su baja presencia, tanto en términos absolutos como relativos, en Navarra, Aragón, Baleares, Galicia, Castilla y León, Extremadura y la Rioja". Además, ha indicado que "los sistemas de protección de las autonomías con mayor número de llegadas han hecho frente a las mismas con dispositivos de emergencia creados ad hoc y muy cuestionados puesto que, en buena parte por la propia improvisación y emergencia, se trata de recursos que no reúnen las condiciones para una atención adecuada".

Asimismo, la profesora Larios observa un "importante desequilibrio y contraste" en la asunción de la cuota de responsabilidad de las administraciones autonómicas ante las llegadas de niños y adolescentes migrantes sin referentes familiares.  Constata que las situaciones de colapso en Ceuta y Melilla y en algunas autonomías como Andalucía y Catalunya han dado lugar al uso de dispositivos inadecuados, centros extraordinariamente masificados, pabellones deportivos o comisarías de policía por lo que recomienda que las comunidades "avancen en la planificación, previsión y provisión a medio plazo y en el diseño de políticas adecuadas para dar la protección adecuada a los menores de edad como grupo especialmente vulnerable. Ello requerirá que los sistemas de protección se dimensionen adecuadamente a través de la mejora de la inversión en políticas de infancia, que está por debajo de la media europea".

"También debe explorarse una mayor corresponsabilidad entre las autonomías y coordinación e impulso por parte de la Administración estatal para garantizar la primera acogida y el recurso de protección más adecuado, lo que optimizará los recursos existentes en todos los territorios" ha sugerido Larios.

Para la experta, "además de la atención residencial, debe atenderse a los procesos de emancipación, garantizar los derechos de escolarización, formación e inserción laboral, así como un seguimiento socioeducativo y emocional". Ha indicado que "la opción del retorno requiere programas específicos para poder estudiar en origen la adecuación de la repatriación para el reagrupamiento familiar en interés de los niños migrantes no acompañados".

Según Larios, hay "importantes vulneraciones" de derechos y situaciones de maltrato institucional derivadas de un marco legislativo incompleto, "no suficientemente garantista y deficientemente aplicado" por unos servicios públicos con "múltiples carencias" que suponen obstáculos para la inclusión social presente y futura de estos menores de edad.

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