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La Viceconsejera de Hacienda, Itziar Agirre, participa en la mesa inaugural del Seminario sobre contratación pública responsable y su impacto.

23 de octubre de 2018

 

 

INTERVENCIÓN INAUGURAL

23/10/2018

“La contratación pública responsable y su impacto”

Itziar Agirre, Viceconsejera de Hacienda 

Quisiera agradecer a los organizadores la invitación para la apertura de este seminario, encuentro que estoy convencida, servirán para conocer los temas más actuales y de máximo interés para todos vosotros y vosotras.

Todos y todas vosotras, con la asistencia a este curso demostráis un interés especial y real por conocer y profundizar en los nuevos tipos de organizaciones y empresas que contribuyen a la sostenibilidad.

Decía Oscar Wilde, “hoy en día conocemos el precio de todo y el valor de nada”.

No le faltaba razón. Uno de los problemas a los que se enfrenta nuestra sociedad, es el desconocimiento del valor social aportado por cada uno de los actores que la conforman. Y a día de hoy, parece no tener discusión lo necesario que supone generar valor social de cara a alcanzar objetivos mayores como puedan ser la justicia, la equidad, el desarrollo comunitario, el bienestar, etc…

Un método que simultáneamente promocione negocios sostenibles, con beneficios, sí, pero también con más beneficios en forma de bienestar humano, social y medioambiental. Un sistema que movilice y genere capital humano, social y ambiental, además del estrictamente económico o financiero.

Tal y como señala la descripción de este seminario, Lantegi Batuak quiere compartir su conocimiento y experiencia en la aplicación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, y en especial la contratación pública responsable y su impacto no sólo en la economía, sino también en el beneficio social, humano y ambiental. Ellos son, de hecho, un claro ejemplo, de que se puede hacerlo bien, haciendo el bien.

La Comisión Europea define la contratación pública responsable como la adquisición por parte de las autoridades de productos y servicios éticos, así como la utilización de las licitaciones públicas para crear oportunidades de empleo, trabajo digno, inclusión social y profesional y mejores condiciones para las personas con discapacidad y las personas desfavorecidas.

El 5 de septiembre, tuvo lugar en el Parlamento Europeo una audiencia pública sobre contratación pública socialmente responsable, en el Elżbieta Bieńkowska, la Comisaria de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y PYMES, declaró que “el precio más bajo no debe ser la principal consideración que determine la contratación, sino que debemos elegir más criterios cualitativos para los procedimientos de adquisición”, y además, reafirmó el compromiso de la Unión Europea para avanzar en la adopción de un marco político y regulatorio que promueva la contratación pública socialmente responsable y la economía social.

El Gobierno Vasco, en sintonía con la Unión Europea, reconoce la importancia de la contratación pública como instrumento de cambio, como palanca de transformación, como instrumento de Desarrollo humano sostenible.

El compromiso del Gobierno Vasco con la sostenibilidad viene de muy atrás, de hecho hace ya más de diez años que adoptó como lema el desarrollo humano sostenible. Pero en el presente año se ha producido un avance importante con la formulación de la Agenda Basque Country 2030, que fue presentada por el lehendakari el pasado 11 de abril y que está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas cuya Agenda fue aprobada en el año 2015.

Es decir, toda una estrategia dirigida a incrementar el valor social de una organización pública como es el propio Gobierno vasco, y ser palanca de transformación. Buscamos un Gobierno sostenible que despliegue políticas en clave de sostenibilidad.

¿Y cómo pretende la acción del propio Gobierno el impulso de todas estas políticas, a través de la Contratación Pública?

La respuesta la encontramos en una nueva concepción de la contratación pública. Ya no se busca tanto la eficiencia económica o comprar más barato. La nueva Ley abandona esas ideas: la oferta económicamente más ventajosa ahora es aquella oferta que obtenga una mejor calidad/precio.

Efectivamente, esa mejor calidad se va a encontrar con la inclusión de manera transversal de criterios sociales y medioambientales, ya que se considera que se posibilitará una mejor eficiencia en la utilización de los recursos públicos.

Y la adjudicación de contratos tomando en consideración criterios como la equidad, la ética, o la protección del medioambiente y de lo social, que van más allá de lo económico, supone una poderosa herramienta para avanzar en el Pilar Europeo de Derechos Sociales y en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), además de promover la igualdad en general.

Pero esta actividad no es nueva para el Gobierno Vasco. El Gobierno Vasco siempre ha estado sensibilizado con la incorporación de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública. Así, debemos traer a colación el acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 29 de abril de 2008, dónde se acordó incorporar “criterios sociales, ambientales y otras políticas públicas en la contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma y de su sector público”.

Con la misma estrategia, pero a través de una acción distinta,  pero también dentro del Departamento de Hacienda y Economía, en concreto desde su Dirección de Patrimonio y Contratación, ha dado un paso más este año 2018.

La nueva Ley 9/2017 de contratos del sector público, entre otras cuestiones, obliga a las administraciones públicas a fijar porcentajes mínimos de reserva y a establecer las condiciones mínimas para garantizar el cumplimiento de dicha reserva. El uso de este tipo de reservas es un elemento integrador que genera oportunidades para una tipología de empresas que reivindica su función social, ofreciéndoles una oportunidad para demostrar su valor añadido, y que consigan acceder al mercado.

Así, el Gobierno Vasco aprobó el pasado 13 de marzo, que cada órgano de contratación del sector público debe tramitar como contratos reservados al menos el 5% de los importes base de licitación en determinada categoría de contratos. Este compromiso del Gobierno Vasco y de sus sociedades públicas podría suponer un incremento del 30% en la facturación anual de las empresas de inserción de Euskadi y de los Centros Especiales de Empleo.

En concreto, las categorías de actividad económica que pueden ser contratadas por licitación a las que se refiere la medida afectan a servicios como: limpieza, transporte, forestal, hostelería, imprenta, sociales, imprenta, almacenamiento, trabajos administrativos, gestión y trabajos auxiliares, correo y publicidad, mantenimiento y reparación, etc…

Y como garantía de este compromiso, en caso de que no se alcanzase el porcentaje de reserva del 5% por algún motivo deberá justificarse en una memoria comprensiva de importes licitados, importes reservados y causa por la que no se ha alcanzado el porcentaje de reserva.

En marzo del año que viene podremos tener los primeros datos sobre esta actuación, y en su caso, tras la correspondiente evaluación, podremos establecer medidas adicionales para la mejora de esta actuación.

Termino ya. Agradecer otra vez la invitación que se nos ha cursado, y desearos que disfrutéis de las ponencias que vienen a continuación, que a buen seguro, serán excelentes.

 

Eskerrikasko.

 

 

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