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El Director de Patrimonio y Contratación, David Alvarez, clausura el" Primer Congreso AGERS País Vasco, (Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros) "

9 de octubre de 2018

 

Clausura Institucional

I CONGRESO AGERS PAÍS VASCO

Bilbao, 9 de octubre de 2018

David Álvarez, Director de Patrimonio y Contratación

 

 

En primer lugar quiero agradecer a AGERS el otorgarme la oportunidad de clausurar este I Congreso en el País Vasco a la vez que reconocer la trayectoria de la Asociación durante más de 30 años en la divulgación de métodos para la prevención y protección de los riesgos; en concreto en la gerencia de riesgos de los intereses públicos.

Prueba de este reconocimiento se refleja en la trayectoria del Gobierno Vasco dentro del funcionamiento de AGERS. La Administración que represento fue pionera en la Gestión de riesgos públicos en los años 80 del siglo pasado.

Muchas Administraciones Públicas tuvieron en cuenta el modelo desarrollado en aquel momento por la Administración Vasca.

AGERS contribuyó a la difusión de la metodología de gestión de riesgos de las Administraciones Públicas, con motivo de la creación de un grupo de trabajo en su seno, en el cual, junto con el Gobierno Vasco, participaron durante los años 90 y primera década del siglo actual, hasta 15 Administraciones Autonómicas que, con la colaboración y coordinación de esta Asociación, permitía aprender de las experiencias prácticas de las distintas administraciones. El intercambio de dictámenes, pliegos, resoluciones (judiciales o no), y de cualquier otra experiencia hizo que fuéramos perfeccionando nuestra labor en esta materia.

Todo este planteamiento proactivo de las Administraciones Públicas respondía a la creciente demanda social de mejora de las condiciones de vida que exige un funcionamiento eficaz y económicamente responsable de las mismas. La actividad de la Administración supone la exposición a múltiples riesgos, sucesos y acontecimientos accidentales que pueden alterar el funcionamiento de los servicios públicos y sus presupuestos económicos.

La gestión pública, en busca de la máxima eficacia y productividad, emplea cada   vez   más   medios   técnicos:   Servicios   públicos   de   transporte, comunicaciones, sanidad, seguridad, limpieza y tráfico entre otros, son ejemplos claros de la aplicación de nuevas tecnologías que comportan riesgos nuevos insuficientemente  controlados con las estructuras y métodos tradicionales de las Administraciones públicas que están haciendo un esfuerzo para alcanzar las expectativas que se esperan de ellas.

Adicionalmente, las Administraciones son depositarias de edificios, objetos culturales y artísticos que materializan la historia, la tradición y las costumbres de los pueblos, cuya pérdida más que económica, implica desarraigo sentimental y social, de gran repercusión en los valores y motivaciones de los ciudadanos.

Los principales sujetos que pueden verse afectados por los riesgos de la gestión pública son las personas, en calidad de administradas, funcionarios o terceros en general, que puedan resultar afectados por su actividad.

El objetivo principal que debe orientar la política de las Administraciones a este respecto es la consecución de la seguridad, la salud y el bienestar de las personas.

En un sentido financiero hay que considerar  también la situación económica de los funcionarios y dependientes de la administración, en cuanto que supone un elemento esencial en la prestación de los servicios públicos.

Ante este panorama, los responsables públicos están tomando conciencia de la situación y empezando a aplicar las técnicas de gerencia de riesgos propias de las empresas privadas. Con ellas se puede obtener una mayor garantía de no alteración de los servicios públicos y de la vida ciudadana sin desviación de los presupuestos económicos fijados.

El Gobierno Vasco realizó un estudio de gerencia de riesgos entre los años 1986 a 1989, partiendo de un inventario valoración de todos sus bienes y activos, con la finalidad de, una vez identificados y valorados los riesgos más relevantes, adoptar las medidas adecuadas para su tratamiento.

Aquel estudio se dividió en tres grandes áreas o campos:

  1. Los riesgos personales que afectan a la integridad física o patrimonial de las personas que prestan sus servicios, bajo cualquier tipo de régimen contractual, en el Gobierno Vasco, no sólo dentro de la administración General, sino también en sus organismos autónomos, entes públicos de Derecho Privado y Sociedades Públicas.

 

  1. El de los riesgos patrimoniales, entendiendo por tales los que afectan a la integridad de la totalidad de los bienes y derechos pertenecientes a la hacienda General del País Vasco o patrimonio de Euskadi, independientemente de la persona o entidad que los posea. Una vez efectuado el recuento sistemático de los riesgos, se completa con la estimación del coste de reparación de los daños y sus consecuencias, para prever los efectos financieros por frecuencia e intensidad.

 

  1. El de los riesgos de responsabilidad civil/patrimonial, que pudieran ser exigibles a la administración, por sus actos o los de sus representantes, funcionarios o agentes de todo tipo así como por el funcionamiento normal o anormal de sus servicios. La clave de esta responsabilidad se encuentra en que quien sufre el daño no tiene el deber jurídico de soportarlo, la pérdida patrimonial, el perjuicio, deviene antijurídico, convirtiéndose entonces en una lesión resarcible, incluso concurriendo en los hechos el funcionamiento normal de la Administración.

Dentro de este capítulo cabe resaltar, por su transcendencia social y económica la correspondiente a la Responsabilidad Patrimonial Sanitaria de Osakidetza- Servicio Vasco de Salud.

Una vez identificados analizados y evaluados los riesgos de las tres grandes áreas de riesgos, personales, patrimoniales y de responsabilidad civil/patrimonial, se procedió a su tratamiento mediante las correspondientes medidas de prevención y control de riesgos.

Finalmente, una vez implementadas las medidas de prevención y control, se procedió a la financiación de riesgos, mediante las técnicas de retención del riesgo por la propia administración y transferencia financiera vía aseguramiento de todos los riesgos soportados que previamente habían sido estudiados y fueron controlados mediante los sistemas de prevención.

El seguro se adaptó a todo  este  esquema  dentro  de la Dirección  de Patrimonio y Contratación con la creación de un equipo responsable de la gestión de riesgos de la administración, siguiendo las siguientes líneas fundamentales:

  • Valoración y estimación de riesgos y las consecuencias en caso de siniestro. Con todas las soluciones tendentes a suprimir o minimizar los riesgos, o transferirlos al exterior.
  • Conseguir, si procede, su cobertura ante aseguradores cualificados y competitivos, con la búsqueda y la puesta a punto de garantías tan amplias como sea posible, suscritas al mejor coste.
  • Adaptar, mejorar y armonizar los contratos de seguros, teniendo en cuenta las necesidades y la evolución de los riesgos.
  • Administrar los contratos y los siniestros. Obtener de las aseguradoras la mejor indemnización, teniendo en cuenta los compromisos recíprocos.
  • Informar y aconsejar a los cargos públicos, a los servicios, a las asociaciones y a los organismos en temas de garantías existentes o deseables, de prevención y de gestión. Humanizar los contratos con vistas a crear un clima recíproco y de confianza.

Para conseguir una correcta administración de riesgos en las Administraciones públicas es necesario que la Administración se haya marcado previamente unos objetivos precisos y que el conjunto de las grandes funciones evolucionen hacia planteamientos dinámicos, más rigurosos y que miren hacia el futuro.

No se trata simplemente de seguir una política de mantenimiento de la gestión de riesgos, sino de ser emprendedores y diligentes porque la sociedad así lo demanda.

Al igual que en las empresas, el desarrollo de la gerencia de riesgos sólo puede progresar al mismo tiempo que las demás disciplinas de gestión de la administración: contabilidad analítica, gestión de previsiones, gestión de calidad, control de riesgos, rigor de los procedimientos y compromisos de responsabilidad social corporativa dentro del ámbito colaborativo que se espera de la administración.

Al fin, una dinámica colectiva orientada hacia la satisfacción de las necesidades reales de los administrados y comprometida con los grupos de interés que afectan a su actividad.

Todo esto es al menos lo que desde esta Dirección de Patrimonio y Contratación aspiramos y nos hemos planteado como objetivo, para la Administración que represento.

Nada más, reiterar mi  agradecimiento a la Asociación impulsadora del Congreso por la invitación, y de nuevo reconocer expresamente su labor y trayectoria en la divulgación de los métodos científicos de la Gerencia de Riesgos para su adaptación a los cambios y necesidades de las empresas y de la sociedad.

 

 

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