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Justicia y Osakidetza firman un acuerdo para coordinar actuaciones ante casos de defunción

17 de febrero de 2011

Osakidetza tramitará los certificados médicos de defunción para todas las muertes, salvo las debidas a causa violenta o sospechosa de criminalidad

Se pretende racionalizar la inversión en recursos materiales y humanos que conlleva el recurso a la autopsia de naturaleza natural, que se estima muy elevado y carece de interés médico-legal o judicial. En 2010 se judicializaron en Euskadi 957 fallecimientos, de los cuales 496 se debían a causas naturales.

El fin de dicha coordinación es facilitar una actuación más eficaz y humana de la Administración pública ante la familia y personas allegadas de la persona fallecida, y evitar sospechas no fundadas de un posible origen criminal de la muerte.

El Departamento de Justicia y Administración Pública del Gobierno Vasco y Osakidetza-Servicio Vasco de Salud han firmado hoy un acuerdo de colaboración para la coordinación de actuaciones ante casos de defunción. María Victoria Cinto, viceconsejera de Justicia, y Julián Pérez, director general de Osakidetza, han suscrito ese acuerdo cuyo objeto es establecer pautas organizativas para una actuación coordinada entre el Instituto Vasco de Medicina Legal (IVML) y Osakidetza.

En virtud del acuerdo, que actualiza el de actuación conjunta firmado en su día por la Dirección de Relaciones con la Administración de Justicia, Osakidetza tramitará los certificados médicos de defunción para todas las muertes, salvo las debidas a causa de muerte violenta o sospechosa de criminalidad. Mientras, el IVML se encargará de todas esas muertes violentas y sospechosas de criminalidad. La Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que en dichos sumarios se procederá a la autopsia del cadáver, aun cuando la causa de la muerte se pueda presumir por la inspección exterior.

Concretamente, el acuerdo de colaboración recoge los ámbitos de responsabilidad de ambas partes en cuatro supuestos:

- Muerte natural en medio extrahospitalario.

- Muerte violenta o sospechosa de criminalidad en medio extrahospitalario.

- Muerte natural en los servicios de urgencias hospitalarias.

- Muerte violenta o sospechosa de criminalidad en los servicios de urgencias hospitalarias.

Asimismo, se establece que todos los casos de sospecha de muerte violenta deben ser comunicados a la autoridad judicial, y se indican los aspectos a tener en cuenta, por el equipo médico asistencial, al delimitar la existencia o no de esos indicios de violencia o criminalidad.

El acuerdo suscrito se implantará en tres fases: primero en las UVI móviles (hasta marzo de 2011), luego en los Servicios de Urgencias Hospitalarias (de abril a junio de 2011) y, finalmente, en los Servicios de Urgencias Extrahospitalarias (de julio a diciembre de 2011).

Este acuerdo producirá efectos inmediatos desde su firma, tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012 y se prorrogará de forma tácita, por años naturales, salvo denuncia expresa de las partes. A los efectos de analizar su adecuado funcionamiento y resolver cuantos problemas de interpretación o incidencias se produzcan durante su vigencia, se establece una Comisión de Seguimiento compuesta por seis personas, tres por cada parte.

El Gobierno Vasco se adecua así a la recomendación del Consejo de Europa que establece que las autopsias médico legales, que implican apertura de una investigación, deben realizarse, siempre bajo orden judicial, en las muertes obvias o sospechosas de causas no naturales. En particular, en las que se relacionan a continuación: homicidio o sospecha de homicidio; muerte súbita e inesperada, incluyendo el síndrome de muerte súbita del lactante; cualquier violación de los derechos humanos, como sospecha de tortura o cualquier forma de mal trato; suicidio o sospecha de suicidio; sospecha de mala praxis médica; accidentes de circulación, laborales y domésticos; enfermedad y riesgos laborales; desastres tecnológicos y naturales; muertes durante detenciones o muertes en actividades policiales o militares; cuerpos no identificados o restos óseos.

Además del caso de muerte violenta, la autopsia judicial también está justificada en muertes súbitas y fallecidos jóvenes sin causa de muerte conocida y aparentemente sin enfermedad grave. Asimismo, se puede requerir intervención judicial ante una sospecha de enfermedad profesional o indicios de intoxicación.

Esta recomendación del Consejo de Europa deja claras las causas de intervención judicial y también aclara que es la orden judicial la que inicia la investigación, no el parte que pueda dar un médico o un centro determinado. El desconocimiento de la causa de una muerte natural no implica la judicialización del caso; el diagnóstico preciso de su causa es un elemento secundario en la investigación judicial, donde únicamente primará la posible existencia de alguna responsabilidad en la producción de la muerte o en el camino hacia ella.

De este modo se pretende racionalizar la inversión en recursos materiales y humanos que conlleva el recurso a la autopsia de naturaleza natural en los Servicios de Patología del IVML, que se estima muy elevado y carece de interés médico-legal o judicial. En 2010 se judicializaron en Euskadi 957 fallecimientos, de los cuales 496 se debían a causas naturales.

 

Bizkaia

Gipuzkoa

Álava

Ingreso de cadáveres

611

188

158

Muertes violentas

259

115

73

Muertes naturales realizadas la autopsia

244

67

63

Muertes naturales certificadas por los médicos

forenses

100

6

22

Muertes en estudio

8

0

0

 

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