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La Viceconsejera Itziar Agirre inaugura el Curso de Verano: "Medición del valor Social para la Sostenibilidad"

5 de julio de 2018

Egunon denoi,

 

Quisiera agradecer a los Organizadores la invitación para la apertura de esta escuela de verano, encuentro que estoy convencida, por la calidad de los y las ponentes y ponencias que encontramos en el programa servirán para conocer los temas más actuales y de máximo interés para todos vosotros y vosotras.

Todos y todas vosotras, con la asistencia a este curso demostráis un interés especial y real por conocer y profundizar en los nuevos tipos de organizaciones y empresas que contribuyen a la sostenibilidad. Tal y como señala la descripción del curso, durante estas 2 jornadas, se pretende que empresas y organizaciones, puedan medir, más allá de únicamente el valor financiero para sus accionistas, también el valor que se genera a todos los stakeholders o grupos de interés, incorporando en su valor, aquellos efectos que no son únicamente económicos, obteniendo así, el valor real que se genera hacía el conjunto de la sociedad, en definitiva, su valor social.

Decía Oscar Wilde, “hoy en día conocemos el precio de todo y el valor de nada”.No le faltaba razón. Uno de los problemas a los que se enfrenta nuestra sociedad, es el desconocimiento del valor social aportado por cada uno de los actores que la conforman. Y a día de hoy, parece no tener discusión lo necesario que supone generar valor social de cara a alcanzar objetivos mayores como puedan ser la justicia, la equidad, el desarrollo comunitario, el bienestar, etc., sin embargo, no conocemos cuál es la capacidad de generarlo y menos aún, si generamos aprovechando y sacando el máximo rendimiento a los recursos que aplicamos.

Tentamos monetizar el valor social, o valores como la confianza, la cohesión social, la capacidad de una acción colectiva, pero, ¿cómo de precisos podemos ser?

En los últimos años, han surgido diversos estudios que han intentado dar contenido no sólo al concepto de valor social, sino también a su monetización pretendiendo agregar consistencia de cara a su reconocimiento por parte de todos y cada uno de los actores sociales, pero no es una tarea fácil dado que, la medición de intangibles no posee una cuantificación exacta.

Hasta el 2008, la única responsabilidad de la empresa era maximizar el beneficio para los accionistas, pero esto ya no sirve en el contexto económico social y medioambiental actual. 

La sociedad necesita por tanto de un sistema que mida el valor social y permita a su vez, identificar la generación del mismo; que cuantifique y resuelva su recuperación. Este valor, debe ser identificado en su origen y destino con el fin que realmente podamos hablar de su recuperación e introducción nuevamente en el proceso de forma continuada.

Tendremos que aprender a definir el nivel adecuado del beneficio que debe poder remunerar a todos los stakeholders o grupos de interés más que a los propios accionistas. Y no sólo cuantificar la fortaleza para cada uno de los grupos de interés individualmente, sino también la fortaleza de los lazos que los unen. Aprender a distinguir entre los Beneficios reales y aquellos falsos beneficios que fallan en identificar los costes/beneficios de las otras formas de capital de las empresas, que no son otros que el capital humano, el social, el ambiental. Aprender a distinguir ente los costes financieros al uso, o los costes que se convierten en beneficio para la empresa, el medioambiente y la Comunidad: y de esta manera, ser capaces de adoptar una estrategia win-win-win.

Durante estas jornadas, tendréis el reto de conseguir facilitar las herramientas necesarias a las empresas para que los métodos de medición estén diseñados para ayudar a la dirección de la misma, para hacerlo bien, haciendo el bien, con métodos que estén diseñados para hacer la transición de la maximización del beneficio del accionista, a convertirse en agentes globales por el cambio, tal y como señalan Bruno Roche y Jay Jakub.

Un método que simultáneamente promocione negocios sostenibles, con beneficios, sí, pero también con más beneficios en forma de bienestar humano, social y medioambiental. Un sistema que movilice y genere capital humano, social y ambiental, además del estrictamente financiero, para lo cual tendremos que analizar toda la  cadena de valor desde esta perspectiva humana, social y ambiental así como el reparto que se produce a posteriori.

Jack Ma de Alibaba express decía que hacer dinero es muy simple. Pero hacer dinero de manera sostenible, mientras se es responsable con la Sociedad y se mejora el mundo es muy difícil.

El compromiso del Gobierno Vasco con la sostenibilidad viene de muy atrás, de hecho hace ya más de diez años que adoptó como lema el desarrollo humano sostenible. Pero en el presente año se ha producido un avance importante con la formulación de la Agenda Basque Country 2030, que fue presentada por el lehendakari el pasado 11 de abril y que está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas cuya Agenda fue aprobada en el año 2015. Como saben se trata de un esfuerzo que no solo focaliza la acción de gobierno hacia los ODS sino que quiere expresar la contribución de nuestro nivel de gobierno a la consecución de los mismos.

Concretamente, y desde el Departamento de Hacienda y Economía que nos concierne, la preparación de una emisión de bonos sostenibles impulsada por el Departamento se enmarca precisamente en esa iniciativa de elaboración de la Agenda Basque Country 2030,  con el objetivo de llevar la sostenibilidad al terreno de las finanzas, siguiendo una corriente que viene ganando fuerza creciente en todo el mundo y particularmente en Europa.

La idea de sostenibilidad es más compleja y sin dejar de referirse a proyectos concretos, se asocia también a los criterios ESG, es decir, ambientales, sociales y de gobernanza que se predican de las organizaciones. Lo que todo esto quiere decir es que tanto las organizaciones como sus acciones y políticas deben comprometerse con la sostenibilidad y con su contribución a los ODS. Buscamos un Gobierno sostenible que despliegue políticas en clave de sostenibilidad.

Y en el caso de las finanzas, además, no sólo se trata de lo que somos y lo que hacemos sino de entender que el mundo está cambiando y  que los inversores van a demandar cada vez más dicho compromiso con la sostenibilidad. Eso va a suponer ventajas para quien se alinea con la sostenibilidad.

Larry Fink, Jefe ejecutivo de Black Rock, dijo que “la cultura de los beneficios histéricos es totalmente contraria a la visión a largo plazo que necesitamos. Generar retornos sostenibles en el tiempo, requiere poner el foco no sólo en la gobernanza sino también en factores medioambientales y sociales que deben afrontar las empresas actualmente.”

Los aspectos ESG (environmental, social and Gobernance) tienen impactos reales y cuantificables. Y no vamos a negar que este impacto produce un retorno evidente para las administraciones públicas.

Por otro lado y desde un ámbito distinto, pero también dentro del Departamento de Hacienda y Economía, tras la nueva Ley 9/2017 de contratos del sector público ha supuesto un paso más en materia de cláusulas sociales ya que, entre otras cuestiones, obliga a las administraciones públicas a fijar porcentajes mínimos de reserva y a establecer las condiciones mínimas para garantizar el cumplimiento de dicha reserva.

El Gobierno Vasco aprobó el pasado 13 de marzo que cada órgano de contratación del sector público debe tramitar como contratos reservados al menos el 5% de los importes base de licitación en determinada categoría de contratos. Este compromiso del Gobierno Vasco y de sus sociedades públicas podría suponer un incremento del 30% en la facturación anual de las empresas de inserción de Euskadi y de los Centros Especiales de Empleo. El uso de este tipo de cláusulas es un elemento integrador que genera oportunidades para una tipología de empresas que reivindica su función social.

En concreto, las categorías de actividad económica que pueden ser contratadas por licitación a las que se refiere la medida afectan a servicios como: limpieza, transporte, forestal, hostelería, imprenta, sociales, imprenta, almacenamiento, trabajos administrativos, gestión y trabajos auxiliares, correo y publicidad, mantenimiento y reparación, etc…

Y como garantía de este compromiso, en caso de que no se alcanzase el porcentaje de reserva del 5% por algún motivo deberá justificarse en una memoria comprensiva de importes licitados, importes reservados y causa por la que no se ha alcanzado el porcentaje de reserva.

Esta nueva normativa coloca a la Contratación Pública como eje para el cumplimiento de los objetivos de la llamada “Estrategia Europa 2020”, es decir, el “conseguir un crecimiento  inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso más eficiente de los fondos públicos.   

A su vez, la nueva ley considera la contratación no como un fin en sí misma, sino como un instrumento útil  para poder desarrollar otro tipo de políticas públicas en ámbitos como el medioambiental, el social, el I+D, impulso a la Pymes,….

¿Y cómo pretende esta Ley el impulso de todas estas políticas?

La respuesta la encontramos en una nueva concepción de la contratación pública. Ya no se busca tanto la eficiencia económica o comprar más barato. La nueva Ley abandona esas ideas: la oferta económicamente más ventajosa ahora es aquella oferta que obtenga una mejor calidad/precio.

Efectivamente, esa mejor calidad se va a encontrar con la inclusión de manera transversal de criterios sociales y medioambientales, ya que se considera que se posibilitará una mejor eficiencia en la utilización de los recursos públicos.

Pero esta actividad no es nueva para el Gobierno Vasco. El Gobierno Vasco siempre ha estado sensibilizado con la incorporación de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública. Así, debemos traer a colación el acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 29 de abril de 2008, dónde se acordó incorporar “criterios sociales, ambientales y otras políticas públicas en la contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma y de su sector público”.

En esta senda ha continuado el programa del actual Gobierno que establece iniciativas para: la incorporación a los procesos de contratación pública cláusulas específicas para la inclusión de cláusulas sociales y de criterios medioambientales; favorecer la economía circular; velar por la responsabilidad social en la contratación pública; avanzar en la configuración de una administración pública ambientalmente ejemplar mediante el despliegue del Programa de Compra y Contratación Pública Verde del País Vasco, etc.

Pero si retomamos el hilo de los criterios sociales que antes hemos citado, numerosas son la medidas que se van poder adoptar desde aquellas destinadas a favorecer la integración social de los más desfavorecidos, como puede ser el fomento de la subcontratación con Centros Especiales de Empleo o Empresas de Inserción; el fomento en la conciliación de la vida laboral y personal; medidas encaminadas a la protección de la salud de las personas trabajadoras, la formación, e incluso aquellas orientadas a la mejora de las condiciones laborales, como la estabilidad al empleo.

Es decir, toda una estrategia dirigida a incrementar el valor social de una organización pública como es el propio Gobierno vasco. Su posible monetización o evaluación será todo un reto.

Termino ya. Agradecer otra vez la invitación que se nos ha cursado, y desearos que disfrutéis de las ponencias que vienen a continuación, que a buen seguro, serán excelentes.

Eskerrikasko.

 

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