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El CVFP recibe el documento del análisis general de las competencias propias y la financiación de los distintos niveles institucionales "Informe Lile"

21 de junio de 2018

 

Los miembros integrantes del Consejo Vasco de Finanzas Públicas han recibido esta mañana el documento con el “Análisis general de las competencias propias y de la financiación de los distintos niveles institucionales de la Comunidad Autónoma de Euskadi” -Informe LILE-.

En dicho análisis se concluye que, si bien la capacidad financiera de cada una de las instituciones locales de la CAE es muy diversa a nivel individual, éstas en su conjunto cuentan con la financiación adecuada para el desarrollo de sus competencias. Así mismo, también concluye que los distintos niveles institucionales de la CAE atienden de manera adecuada las competencias propias de cada uno de ellos, estando la distribución del gasto, en general, reflejada de manera correcta.

Este análisis ha sido desarrollado por un grupo de trabajo formado por representantes del Gobierno Vasco, de las tres Diputaciones Forales y EUDEL. Se trata de un análisis de naturaleza general, tanto del sistema de distribución de las competencias y de las interrelaciones de los niveles institucionales y del sistema de financiación de cada nivel institucional, como de la adecuación/distribución del gasto público en función de las competencias atribuidas.

El estudio ofrece una visión completa del gasto y del ingreso en los tres niveles institucionales con un diagnóstico basado en datos del ejercicio 2015, si bien las conclusiones obtenidas resultan hoy igualmente aplicables.

El informe consta de 6 capítulos: (1) Introducción, (2) Delimitación competencial relacionada con la normativa sectorial vigente, (3)Características básicas del sistema de financiación institucional de la CAE, (4) Diagnóstico cuantitativo de los ingresos consolidados, (5) Diagnóstico cuantitativo de los gastos consolidados, y (6) Conclusiones.

En relación con el sistema de financiación de las instituciones vascas, el informe concluye que cada Territorio Histórico destina a sus entidades locales un porcentaje diferente de los recursos disponibles provenientes de la gestión del Concierto Económico y sujetos a reparto, siempre cumpliendo el nivel mínimo recomendado en la actual Ley de Aportaciones, y establece que será la futura Ley de Aportaciones la norma que deberá determinar un porcentaje mínimo idéntico para los tres Territorios Históricos, en seguimiento de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi.

Asimismo, el informe se hace eco del deber que asiste al CVFP para que proceda a incorporar en la futura ley unos criterios homogéneos para el reparto de los recursos entre las entidades locales, considerando preferentemente la población y el esfuerzo fiscal, y atendiendo a la singularidad organizativa de los ayuntamientos de cada Territorio Histórico.

Según el informe y, en relación con los ingresos, el grueso de los ingresos consolidados del sector público vasco son de naturaleza impositiva y los derivados de la gestión del Concierto Económico constituyen la fuente más importante para los tres niveles institucionales, pero se constata que hay una mayor dependencia de los ingresos sujetos a reparto en el caso del Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales que en el caso de las Entidades Locales, en consonancia con el diferente peso relativo del resto de ingresos en cada nivel institucional (ingresos propios, ingresos finalistas o derivados del endeudamiento). Por lo tanto, las variaciones producidas por el ciclo económico en los rendimientos del Concierto Económico tienen diferente impacto en los tres niveles institucionales.

El informe concluye que las Diputaciones Forales han garantizado para el conjunto de los municipios de sus Territorios un nivel de recursos superior al que corresponde por aplicación de la legislación de régimen común. Comparativamente, sin embargo, tanto la normativa sectorial de la CAE como la propia LILE atribuyen mayores competencias propias a las Entidades Locales vascas, en comparación con las de régimen común.

El documento constata, asimismo, la diferente capacidad de los tres niveles institucionales para generar ingresos propios, estimando que las entidades locales, en virtud de los tipos de gravamen y tarifas medias aprobadas en las ordenanzas fiscales municipales, tienen un cierto recorrido fiscal que les permitiría incrementar su recaudación. En el mismo sentido, si se consideran los ingresos de naturaleza tributaria, la presión fiscal per cápita resultante para el conjunto de los municipios vascos es inferior a la presión fiscal media de los municipios de régimen común.

En relación con los ingresos de carácter finalista y tras analizar las transferencias y subvenciones que reciben los ayuntamientos vascos procedentes de los otros dos niveles institucionales, queda patente que la mayor parte corresponden al ejercicio de competencias propias del Gobierno Vasco o de las Diputaciones Forales, por lo que su pervivencia no altera el régimen de financiación municipal.

Entre otras cuestiones, el Informe LILE recomienda:

  • Incorporar la cantidad aportada al Fondo Extraordinario de Servicios Sociales por el Gobierno Vasco al modelo de distribución de recursos, como minoración del coeficiente vertical y así reflejarse en la futura metodología de distribución de recursos y de determinación de las aportaciones.
  • Seguir rigiéndose por sus regímenes específicos previstos en la LILE las transferencias destinadas a financiar las Ayudas de Emergencia Social, y las destinadas a financiar los Centros de Enseñanza Musical de titularidad municipal y los euskaltegis municipales.

Asimismo, se evidencia que el recurso a la deuda es estructural en todos los niveles institucionales, pero es más significativo en el Gobierno Vasco y Diputaciones Forales. La evolución de la deuda viva acumulada por cada nivel institucional es muy diferente: en el período 2007-2015 se ha triplicado en el caso del Gobierno Vasco y se ha duplicado en las Diputaciones Forales, mientras que en las Entidades Locales se ha mantenido, en cumplimiento de los límites al endeudamiento previsto en la normativa en materia de estabilidad presupuestaria. Dichos límites también establecen que en un horizonte de 2 años desaparecerá la posibilidad del Gobierno Vasco de seguir recurriendo al endeudamiento para financiar gastos, y únicamente podrá destinarse a pagar los vencimientos de deuda.

En relación con los gastos, existe una estructura de gastos diferente en cada ámbito institucional, con el predominio de los gastos corrientes en todos los niveles institucionales y el diferente peso relativo de los gastos financieros. El estudio constata que los ingresos del conjunto de las Administraciones Públicas vascas, sin considerar los procedentes del endeudamiento, cubren el 99,2% de los gastos excluidos la amortización de la deuda y sus intereses. Ello supone un déficit global del 2,9% en el año 2015, con diferente signo por niveles institucionales: con déficit en el caso del Gobierno Vasco y Diputaciones Forales y con superávit en el conjunto de las Entidades Locales.

En cuanto a la clasificación por políticas de gasto, en el Gobierno Vasco, las políticas de Sanidad y Educación concentran más de la mitad del gasto; en las Diputaciones Forales, servicios sociales y promoción social suponen más de la tercera parte; y en los ayuntamientos la mayor parte del gasto va a bienestar comunitario, servicios de carácter general, servicios sociales y promoción social, vivienda y urbanismo, seguridad y movilidad ciudadana, cultura y deporte. Puede concluirse, además, que el gasto ejecutado por grupos de programas por cada nivel institucional se corresponde en un alto grado con la distribución de competencias establecida por el Estatuto de Autonomía del País Vasco, la LTH, la LILE y la normativa sectorial.

Una vez entregado este informe, el CVFP deberá estimar las conclusiones y recomendaciones que han de formar parte de la nueva Metodología de Aportaciones y se comenzará, con idea de concluir este año 2018, a elaborar un primer borrador de la nueva Ley de Aportaciones.

 

 

Vitoria-Gasteiz, 21 de junio de 2018

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