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Artolazabal: "La red Eraberean y la Clínica Jurídica por la Justicia Social de la Facultad de Derecho de la EHU-UPV colaborarán en la lucha contra la discriminación y la exclusión"

14 de mayo de 2018

Donostia/San Sebastián, 14/05/2018

La Red Eraberean, impulsada por el Gobierno Vasco a través del Departamento de Empleo y Políticas Sociales y de la que forman parte diversas organizaciones sociales que trabajan en el ámbito de la inmigración, la promoción del pueblo gitano y del colectivo LGTBI, y la Clínica Jurídica por la Justicia Social de la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco han suscrito un acuerdo de colaboración que permitirá el intercambio de conocimientos y experiencias y el desarrollo de estrategias e intereses conjuntos.

Con este acuerdo se formaliza una relación entre ambas entidades que comparten intereses comunes en la lucha contra la discriminación y la exclusión social, el fomento de la diversidad y la tolerancia, y la consecución de la justicia social. La iniciativa permitirá desarrollar dinámicas de trabajo conjuntas, dado que el flujo mutuo de conocimientos teóricos y prácticos posibilitará el logro de objetivos bajo una visión común o compartida.

Beatriz Artolazabal, Sailburu de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, ha destacado “la igualdad de trato y la no discriminación suponen un objetivo que toda sociedad moderna debe aspirar a cumplir. Este acuerdo nos ayudará a dar pasos en esa dirección”.

Por su parte Maggy Barrère, directora de la Clínica Jurídica por la Justicia Social de la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco, ha indicado que “con la firma de este Convenio se da un paso muy importante en la apertura de la Universidad a la sociedad, poniéndose en valor un espíritu de colaboración entre quien dirige las políticas públicas, la universidad y el tejido asociativo, como la única manera de abordar de manera fructífera los problemas de discriminación e injusticia social”.

La Red Eraberean potencia la presencia del principio de igualdad de trato y la no discriminación en las políticas públicas y en la sociedad civil de Euskadi, promoviendo, tanto a nivel institucional como social, discursos y prácticas inclusivas y activando agentes y recursos para hacerlo efectivo.

 Objetivos

En ese sentido, sus objetivos son: promover y orientar las políticas específicas en materia de igualdad de trato y no discriminación; integrar el principio de igualdad de trato y la no discriminación en las políticas sectoriales; y, por último, poner al servicio de las personas mecanismos y herramientas de información, asesoramiento y orientación, para hacer valer sus derechos ante un eventual trato discriminatorio.

Por su parte, la Clínica Jurídica por la Justicia Social de la UPV/EHU está configurada como un espacio de aprendizaje y, a la vez, de transformación del sistema pedagógico del Derecho y de los estudios criminológicos, así como un laboratorio de reflexión e identificación de estrategias jurídicas antidiscriminatorias mediante las cuales el alumnado puede adquirir conciencia de su importante papel en la consecución de una sociedad más justa.

La lucha contra la discriminación,  la exclusión social  y el fomento de la diversidad y de la tolerancia, constituyen los pilares fundamentales en los que se sustenta.

Entre sus objetivos: poner en contacto al alumnado de la Facultad de Derecho con casos de personas y grupos que viven situaciones graves de injusticia provocadas por los sistemas de poder aislados (sexo-género, clase, raza/etnia, discapacidad, nacionalidad, orientación e identidad sexual, etc.) o por su intersección; generar instrumentos de análisis y canalización jurídica de los casos (ingeniería de derechos y propuestas criminológicas) conjugando las enseñanzas aprendidas en los estudios con la experiencia de las asociaciones y organizaciones implicadas en el activismo social; y plantear reformas en las enseñanzas jurídicas y criminológicas que permitan la transversalidad de la reflexión sobre los sistemas de poder; contribuir a la labor que llevan a cabo los poderes públicos en sus políticas de justicia social, sugiriendo posibles áreas de intervención o de mejora.

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