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Artolazabal preside el Consejo Vasco de Servicios Sociales que ha apoyado los decretos sobre residencias para personas mayores y de regulación del acogimiento familiar

5 de febrero de 2018

VG 05 02 18

Las Consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, ha presidido esta mañana la sesión plenaria del Consejo Vasco de Servicios Sociales que, entre otros temas, ha apoyado sendos informes de los decretos para centros residenciales para personas mayores y de regulación del acogimiento familiar en la Comunidad Autónoma y, además, ha analizado diversas estrategias sobre políticas sociales.

 Los centros residenciales para personas mayores son centros destinados a servir de vivienda habitual o permanente, y en su caso temporal, a personas mayores de 65 años en situación de dependencia o de riesgo de dependencia, a las que se presta una atención integral y continua.

 El decreto sobre centros para personas mayores regulará los requisitos materiales, funcionales y de personal que debe reunir los centros residenciales para personas mayores, definir el modelo de atención y establecer las condiciones para su autorización de funcionamiento, acreditación y homologación en su caso. Asimismo será de aplicación a todos los centros residenciales para personas mayores, tanto de titularidad pública como privada, ubicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

 Expresamente se excluyen del ámbito de aplicación del mismo los servicios de alojamiento para personas mayores, es decir, los apartamentos tutelados y las viviendas comunitarias, cuyo régimen se determinará reglamentariamente, sin perjuicio de que en el mismo edificio en que se emplaza el centro residencial para personas mayores puedan ofrecerse otros servicios para dicho colectivo, conforme a la normativa que resulte de aplicación a dichos servicios.

 

Acogimiento

El borrador del decreto relativo al Acogimiento indica que su objetivo es “regular las distintas modalidades de acogimiento familiar, así como el procedimiento de actuación que deberán seguir las Diputaciones Forales en los procedimientos de acogimiento familiar de personas menores de edad que se encuentren bajo su tutela o guarda”.

 Las disposiciones de este decreto serán de aplicación a los procedimientos de acogimiento familiar de las personas menores de edad que se encuentren bajo la tutela o guarda de las Diputaciones Forales, así como a aquellos procedimientos que habiéndose iniciado por las entidades públicas de protección de menores de cualesquiera otra Comunidad o Ciudad Autónoma, la medida de acogimiento familiar vaya a adoptarse con una persona o familia residente en la Comunidad Autónoma de Euskadi, y se haya acordado previamente que sea la Diputación Foral que corresponda la que formalice la constitución del acogimiento familiar.

Servicios

En el encuentro, celebrado en las aulas del Seminario de Vitoria-Gasteiz, la Sailburu Artolazabal ha explicado que “el Gobierno Vasco tiene, entre otras competencias, la potestad de regular las prestaciones y los servicios que conforman el Sistema Vasco de Servicios Sociales. Teniendo en cuenta que estamos hablando de un sistema compartido entre los tres niveles institucionales, esta función no se realiza de manera independiente”.

 “El propio Sistema, tal y como se recoge en la Ley de Servicios Sociales, se ha dotado de un órgano de coordinación, el OISS, Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales, que se creó a efectos de articular la cooperación y la coordinación interinstitucional entre las administraciones públicas vascas en materia de servicios sociales, y con el fin de garantizar la unidad del Sistema Vasco de Servicios Sociales. Así pues, es a través de este órgano donde se coordinan y planifican las prestaciones y los servicios que se recogen en la Ley” ha añadido.

 Artolazabal ha recordado que “en mayo de 2017, en cumplimiento del acuerdo parlamentario 11/2017, aprobado  en la sesión celebrada el día 9 de febrero de 2017, remitimos al Parlamento Vasco el Borrador de Decreto de Centros residenciales para personas mayores. Tal y como se recoge en el objeto del decreto, con dicha norma se pretende regular los requisitos materiales, funcionales y de personal que deben reunir los centros residenciales para personas mayores de la CAPV, además de establecer las condiciones para su autorización de funcionamiento, acreditación y homologación, en su caso. Y esto es aplicable a todos los centros residenciales para personas mayores en la CAPV, tanto de titularidad pública como privada, y tanto los previstos en el Catálogo de Prestaciones y Servicios Sociales”.

 “Centrándome en el Decreto de centros residenciales para personas mayores, todas las instituciones nos hemos marcado como objetivos básicos: a) Garantizar a las personas usuarias los cuidados y la asistencia personal necesaria para realizar las actividades de la vida diaria, tratando de mantener su autonomía personal y, en lo posible, fomentar el desarrollo personal, la adquisición de habilidades y evitar su deterioro. b) Que las personas usuarias mantengan o desarrollen, con el apoyo necesario, actividades orientadas a mantener sus relaciones con el entorno comunitario y a participar en el mismo.  c) Que mantengan y amplíen las relaciones con la familia y con otras personas residentes o ajenas al medio residencial, y participen, en lo posible, en la vida del centro, y d) Favorecer su sentimiento de seguridad” ha detallado la Consejera.

 Según Beatriz Artolazabal, “desde la perspectiva de una persona mayor o de su familia, son unos mínimos básicos fundamentales que deben guiar el desarrollo de la actividad y definición de cada servicio residencial. En el proyecto de Decreto se recogen también los principios generales que regirán la actuación de los centros residenciales, se define la población destinataria de los mismos y los derechos y deberes que estas personas tienen”.

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