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El Departamento de Empleo y Políticas Sociales firmará un convenio con el servicio público de empleo estatal para que personas desempleadas de Euskadi accedan al Plan Prepara (Consejo de Gobierno 06-02-2018)

6 de febrero de 2018

La Consejera Artolazabal ha expuesto hoy en el Consejo de Gobierno el convenio acordado entre el Departamento de Empleo y Políticas Sociales que dirige y el Servicio Público de Empleo Estatal por el cual se regula la gestión de la concesión y el pago de las ayudas contempladas en el Programa De Recualificación Profesional de las personas que agoten su protección por desempleo.

El objeto del acuerdo es atribuir de forma excepcional y limitada en el tiempo al Servicio Público de Empleo Estatal la gestión de la concesión y el pago de las ayudas contempladas en el Programa de Recualificación Profesional de las personas que agoten su protección por desempleo y tengan su residencia en el  territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a partir de la vigencia del presente convenio y hasta el 30 de abril de 2018.

La gestión desarrollada por el Servicio Público de Empleo Estatal se ajustará a lo establecido en el Real Decreto-ley 14/2017, de 6 de octubre, por el que se aprueba la reactivación extraordinaria y por tiempo limitado del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo,  y en la restante normativa vigente reguladora de dicho programa.

Antecedentes

Las ayudas para el Programa de Recualificación Profesional PREPARA, se establecieron en el Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas. Dicho programa introduce, de forma coyuntural, un programa de cualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo, basado en acciones de políticas activas de empleo y en la percepción de una ayuda económica de apoyo.

Dada la situación del mercado de trabajo, el Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, prorroga el programa. En su disposición adicional segunda, establece la prórroga automática de la vigencia de dicho programa, por periodos sucesivos de seis meses, siempre que la tasa de desempleo sea superior al 20% según la última Encuesta de Población Activa publicada con anterioridad a la fecha de la prórroga en el Estado.

Con posterioridad, el Real Decreto-ley 1/2016, de 15 de abril, prorroga el Programa de Activación para el Empleo, en su disposición final segunda, modificando el Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, establece que la prórroga automática del programa por períodos sucesivos de seis meses se producirá siempre que la tasa de desempleo sea superior al 18% según la última EPA.

En Euskadi mientras, mediante el Real Decreto 1441/2010, de 5 de noviembre, establece el traspaso de funciones y servicios a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación profesional para el empleo, que realiza el Servicio Público de Empleo Estatal.

En este contexto el Gobierno Vasco siempre ha considerado que la atribución al Servicio Público de Empleo Estatal de la gestión y financiación de la ayuda complementaria de acompañamiento del señalado programa conculca la distribución competencial entre la Comunidad Autónoma de Euskadi y el Estado, argumentando básicamente la  inconstitucionalidad del Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero. Por este motivo se interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos del citado Real Decreto Ley.

La Sentencia 100/2017, de 20 de julio de 2017, del Tribunal Constitucional, en relación con el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno Vasco contra el Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, establece que la gestión de la ayuda económica de acompañamiento a desempleados que han agotado la protección por desempleo por parte del Servicio Público de Empleo Estatal contraviene el orden constitucional de distribución de competencias en materia de empleo.

Analizado el marco competencial del programa hay un dato que provoca una circunstancia muy importante ya que, a lo largo del ejercicio 2017, el crecimiento sostenido tanto de la economía como del empleo propicia que la tasa de desempleo en el Estado sea inferior al 18%. Con esta premisa, el plan Prepara finaliza su vigencia el pasado 15 de agosto y no puede renovarse automáticamente como en las últimas ediciones.

Ante ese nuevo contexto y la necesidad de asegurar la continuidad del programa, para no perjudicar a un colectivo que ha agotado su protección por desempleo y hacer efectiva sin solución de continuidad la gestión de las ayudas económicas por parte de las Comunidades Autónomas, que son las administraciones competentes para la gestión de estas ayudas, en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales celebrada el 18 de setiembre de 2017 se consideró necesario recuperar de forma extraordinaria y limitada en el tiempo el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo. En esta mesa sectorial se acordó atribuir excepcionalmente al Servicio Público de Empleo Estatal las funciones de concesión y pago de la ayuda económica de acompañamiento.

En la actualidad, el Real Decreto-ley 14/2017, de 6 de octubre aprueba, con efectos desde el 16 de agosto de 2017 y hasta el 30 de abril de 2018, la reactivación extraordinaria del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo, como programa específico de carácter nacional que incluye medidas de política activa de empleo y ayudas económicas de acompañamiento.

El programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo, consiste en una ayuda económica de 2.400 o 2.700 euros (en caso de existir cargas familiares) por parado, que se cobra en 6 pagas de 400 o 450 euros mensuales. La persona beneficiaria ha de ser parada de larga duración, estar inscrita como demandante de empleo al menos 12 de los últimos 18 meses o bien tener responsabilidades familiares y cumplir los requisitos establecidos.

Así, podrán beneficiarse de este programa las personas desempleadas por extinción de su relación laboral e inscritas como demandantes de empleo en las Oficinas de Empleo que, dentro del período comprendido entre el día 16 de agosto de 2017 y el 30 de abril de 2018, ambos inclusive, hayan agotado o agoten la prestación por desempleo de nivel contributivo y no tengan derecho a cualquiera de los subsidios por desempleo establecidos en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, o bien hayan agotado alguno de estos subsidios, incluidas sus prórrogas, debiendo dichas personas cumplir en el momento de la solicitud, además, alguna de las condiciones citadas previamente.

 

 

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