La Escuela de Arquitectura de la UPV se suma al Pacto Social por la Vivienda
Son ya 77 las entidades que lo han suscrito
La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UPV-EHU se ha sumado al Pacto Social por la Vivienda. Alberto Zulueta Goyenechea ha sido el encargado de suscribir el Pacto en calidad de Director de la Escuela Ténica Superior de Arquitectura.
Desde el pasado 16 de junio, fecha en la que tuvo lugar, bajo la presidencia del Lehendakari, el acto oficial de firma, cinco entidades más se han sumado al Pacto, la última de ellas, la Sociedad de Desarrollo Económico del Bajo Deba, Debegesa, que lo hizo la pasada semana. Y son ya por tanto, 77 las entidades firmantes, lo que da muestra del gran apoyo social que cuenta la iniciativa.
Con la firma del Pacto se selló un intenso proceso de participación y de debate con todos los agentes implicados que comenzó en noviembre y culminó en junio tras alcanzarse consensos básicos sobre las políticas a aplicar en materia de vivienda en los próximos 15 años.
Los acuerdos del Pacto van a tener su plasmación en el Plan Director de Vivienda y Regeneración Urbana 2010-2013 que el Consejo de Gobierno aprobará el próximo martes y en la Ley de Vivienda que se está elaborando.
Los ejes estratégicos del Plan Director serán los siguientes: favorecer el acceso a la vivienda, orientando los recursos preferentemente al alquiler; reformular y liderar la nueva política de rehabilitación y renovación urbana; promover una política activa de gestión de suelo; optimizar los recursos e instrumentos al servicio de la política de vivienda y avanzar hacia una nueva gobernanza de la política de vivienda.
El Plan Director recoge además el 67% de las propuestas realizadas en el proceso de participación ciudadana en Políticas de Vivienda que se ha desarrollado a través de Internet durante tres meses bajo el lema "En Vivienda, tu opinión cuenta".
Uno de los ejes estratégicos del Pacto es la potenciación y nueva orientación estratégica de las políticas de rehabilitación y regeneración urbana. En la actualidad se dispone de un parque edificado de más de 900.000 viviendas, de las que casi el 70% son anteriores a 1980. Por ello, se ha establecido que en el horizonte de los próximos quince años se mejorarán y rehabilitarán 250.000 viviendas.
Se trata de recuperar espacios mal aprovechados, y regenerar el tejido urbano, dotándolo de servicios, mejorando la accesibilidad, la eficiencia energética de las viviendas y alargando la vida de los edificios, con el fin de fomentar la cohesión social y la promoción económica de las ciudades.
Esta apuesta por la rehabilitación también se está ya materializando. Desde el Gobierno Vasco entre los ejercicios 2009 y 2010 se han destinado más de 40 millones de euros a la rehabilitación de viviendas, lo que ha supuesto actuaciones de mejora de la accesibilidad y habitabilidad en miles de viviendas de Euskadi.
Precisamente, el próximo martes, el Consejo de Gobierno aprobará, por cuarta vez, un incremento de gasto de un millón doscientos cincuenta mil euros para hacer frente a las necesidades de rehabilitación y para la mejora en eficiencia energética. El presupuesto de esta partida por tanto será de veintiun millones ciento cincuenta mil euros para 2010.
En cuanto al alquiler, el Pacto se fijó como objetivo dar respuesta a la necesidad de vivienda de 90.000 familias e ir incrementando el número de viviendas en alquiler hasta lograr que en 2013 las viviendas promovidas en alquiler representen el 40% y en 2025, el 50%.
Por esta razón, en 2011 más de la mitad del gasto total de los programas del área de Vivienda del Departamento está dirigido a promover la vivienda de alquiler.
Pacto social por la Vivienda
El Pacto, el primero de estas características logrado en Euskadi, tiene un período de vigencia de 15 años y ha sido suscrito por promotores, colegios profesionales, consumidores, asociaciones vecinales, familias numerosas, madres y padres separados, cooperativas, entidades financieras, sociedades municipales, universidades, sociedades de rehabilitación, etc.
Aumentar el parque de vivienda protegida y dar un fuerte impulso al alquiler fue uno de los grandes ejes estratégicos del Pacto, que se fijó como principal objetivo dar respuesta a la necesidad de vivienda de 90.000 familias e ir incrementando el número de viviendas en alquiler hasta lograr que en 2013 las viviendas promovidas en alquiler represente el 40% y en 2025, el 50%. Además, se tendrán en cuenta las necesidades potenciales de vivienda para ayudar a aquellos municipios en los que históricamente no se haya promovido vivienda protegida.
Se plantea además impulsar los alojamientos dotacionales y crear nuevas figuras dirigidas a cubrir la necesidad de vivienda en diversas situaciones. Pero para poder obtener los recursos económicos que permitan cumplir estos objetivos, los firmantes se comprometieron a buscar sistemas novedosos como la venta de suelo a los dueños de pisos protegidos edificados en derecho de superficie.
Tambien se pretende incrementar la disposición de suelo y movilizar aquellos suelos que actualmente se encuentran estancados mediante una mayor y mejor colaboración con los ayuntamientos y reforzando el papel de estos. Así, por ejemplo, el documento firmado propone introducir los cambios normativos necesarios para dotar a los Ayuntamientos de capacidad de decisión a la hora de fijar porcentes adecuados de VPO a cada actuación, dentro de los límites que se establezcan en la normativa.
En el texto se constata la necesidad de revisar la carga de urbanización imputable a la vivienda protegida, para facilitar la puesta de suelo en disposición de ser construído, lo que conllevaría una modificación de la actual Ley de Suelo. También se considera necesario implementar las herramientas y mecanismos legales que permitan a las Administraciones locales una mayor flexibilidad para adecuar los recursos propios a su necesidad económica y social del momento.
Otro de los ejes estratégicos principales del Pacto es la potenciación y nueva orientación estratégica de las políticas de rehabilitación y regeneración urbana. En la actualidad se dispone de un parque edificado de más de 900.000 viviendas, de las que casi el 70% son anteriores a 1980. Por ello, se ha establecido que en el horizonte de los próximos quince años se mejorarán y rehabilitarán 250.000 viviendas. Se trata de recuperar espacios mal aprovechados, y regenerar el tejido urbano, dotándolo de servicios, mejorando la accesibilidad, la eficiencia energética de las viviendas y alargando la vida de los edificios, con el fin de fomentar la cohesión social y la promoción económica de las ciudades.
Esta nueva política requiere de la colaboración interinstitucional en tares de gestión y sobre todo, en lo referente a realojos para posibilitar intervenciones de regeneración urbana o de rehabilitación integral de edificios. Para ello, se aprovechará la experiencia de las Sociedades Urbanísticas de Rehabilitación (SUR).
Entre las 87 acciones concretas que se definen en el Pacto, hay acciones para mejorar la colaboración institucional y para mejorar la corresponsabilidad institucional. Así, por ejemplo se condera importante profundizar en la colaboración con las Diputaciones para el estudio e implementación de medidas fiscales para favorecer el alquiler y la rehabilitación.
Otra de las cuestiones que se plantean es la revisión de los cupos de los sorteos con el fin de conseguir un modelo de sorteo con baremación previa en el que primen criterios de necesidad objetiva de vivienda por encima de los de pertenencia a determinados grupos sociales, sin perjuicio de la excepcionalidad de establecer determinados cupos sociales.
Se plantea asímismo, el alquiler con opción de compra, adecuar los precios máximos de vivienda de protección ofical al coste real de construcción y poner en marcha un sistema de itinerarios vitales con acciones como un programa de cesión de viviendas de personas mayores para introducirlas en el mercado de alquiler, a cambio de viviendas dotacionales adecuadas a sus necesidades o eximir el requisito de carencia de vivienda a los propietarios de VPO para que puedan optar a la adquisición de vivienda tasada, siempre que pongan a disposición de la Adminstración su VPO y siempre que las viviendas tasadas no hayan podido ser ocupadas en el proceso ordinario de adjudicación.
La modificación del modelo de precios de vivienda protegida basado en un Fondo de Garantía y Compensación es otra de las acciones introducidas en el texto. El nuevo modelo permitirá aplicar precios diferenciados en la venta del a vivienda protegida en función de los niveles de renta de los adquirientes.
Por último, se incluye la implantación de un nuevo sistema de gobernanza de los asuntos públicos, potenciando la participación ciudadana y la corresponsabilidad en la politica de vivienda.
