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Comunicado de la delegación vasca de observación de derechos humanos en Colombia tras culminar su misión

27 de enero de 2018

La directora de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, Monika Hernando, ha liderado una Delegación de Observación de Derechos Humanos que viajó a Colombia entre el 19 y el 26 de enero, en el marco del Programa Vasco de Protección Temporal a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. En su edición 2017, el Programa acogió en Euskadi a un líder indígena de ese país (concretamente del Departamento de Antioquia), una líder indígena guatemalteca y a una defensora de Derechos Humanos del Sáhara Occidental.

La Delegación ha estado compuesta, además, por las personas integrantes de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad del Parlamento Vasco Iñigo Iturrate (PNV), Oihana Etxebarrieta (EH Bildu), Iñigo Martínez (Elkarrekin- Podemos), Rafaela Romero (PSE), Carmelo Barrio (PP) y Eduardo Mancisidor (letrado), por los representantes de la Agencia Vasca de Cooperación, Pilar Diez Arregi e Iker Del Río, las responsables de CEAR-Euskadi, Patricia Bárcena y Verónica Álvarez, coordinadoras del Programa, y por Josune Fernández, representante de la ONGD vasca Mugarik Gabe.

Durante su estancia en Colombia, la Delegación Vasca se ha reunido con diferentes asociaciones, movimientos sociales, organizaciones de protección de personas defensoras y organizaciones no gubernamentales, entre ellas, la Organización Indígena de Antioquia (OIA) a la que pertenece el líder indígena acogido el pasado año. La Delegación también se reunió con organismos de Naciones Unidas e instituciones colombianas como la Consejería Presidencial de Derechos Humanos, la Unidad Nacional de Protección, los Presidentes de la Comisión de DDHH del Congreso de la Nación y de la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no repetición, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Cáceres. Así como la Embajada de España en Colombia.

Tras las reuniones realizadas, los testimonios recibidos y la documentación previamente analizada, la Delegación MANIFIESTA:

PRIMERO: Transcurrido más de un año desde la firma de los Acuerdos de Paz constatamos el agravamiento de la violencia contra defensores y defensoras de Derechos Humanos, especialmente líderes indígenas y aquellos que trabajan activa y visiblemente en favor del proceso de paz. En el año 2017 se ha asesinado a 98 personas, un 17% más que en el año anterior, y han sido desplazadas más de 60.000 personas. Ante esta situación mostramos nuestra preocupación y solidaridad con quienes defienden los Derechos Humanos. Su protección debe servir como indicador de éxito en el proceso de paz.

SEGUNDO: Compartimos la esperanza que nos han transmitido por los avances en la implementación de los Acuerdos de paz y animamos a abordar las cuestiones que todavía están pendientes, a continuar trabajando por la erradicación de la violencia ejercida por nuevos grupos armados, a garantizar la reinserción en condiciones de seguridad de los ex combatientes de las FARC y a establecer una nueva mesa de negociación y cese al fuego con el ELN.

TERCERO: Mostramos nuestra preocupación por la situación que viven aquellos territorios que una vez desmovilizadas las FARC están siendo ocupados por actores armados que se disputan su control principalmente para el narcotráfico o la minería ilegal. Estos grupos violan sistemáticamente los derechos humanos de las mujeres y de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes. En el municipio de Cáceres hemos sido testigos de la situación de desplazamiento de 150 familias que esperamos puedan regresar pronto a sus hogares con garantías de seguridad.

CUARTO: Celebramos los avances señalados por las instituciones colombianas en materia de protección de los derechos humanos, tales como la puesta en marcha de las alertas colectivas y las medidas de prevención.

QUINTO: Instamos a las instituciones a continuar desarrollando mecanismos de protección, a visibilizar y poner en valor el trabajo de las personas defensoras, y a prestar especial atención en las zonas y colectivos más amenazados. El reconocimiento de pueblos ancestrales, como el pueblo Senú, y la legalización de sus territorios son retos pendientes. Así como la presencia institucional en las zonas rurales, no solo a través de la seguridad, sino también, y principalmente, mediante el desarrollo social, económico y cultural, con enfoque diferencial. Asimismo, animamos a las instituciones y organizaciones sociales a reforzar el trabajo para generar una auténtica cultura de paz y convivencia en todos los territorios.

SEXTO: Agradecemos la acogida recibida por la OIA (Organización Indígena de Antioquia) y demás organizaciones, instituciones y organismos internacionales, y nos comprometemos a continuar atentas a la situación de las personas defensoras de los Derechos Humanos y a velar por que su labor se ejerza en condiciones de seguridad. Prestando especial atención a la implementación real y efectiva de lo acordado en el proceso de paz.

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