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El Gobierno Vasco defiende ante el Tribunal Constitucional la plena legalidad de la Ley 12/2016 de reconocimiento y reparación de víctimas (Consejo de Gobierno 12-09-2017)

12 de septiembre de 2017
  • Resumen de las principales alegaciones presentadas por el Gobierno Vasco  al recurso presentado por el Gobierno español contra la Ley 12/2016 
  • Solicita anular la suspensión cautelar de los artículos impugnados y sostiene su encaje legal porque el reconocimiento y reparación de víctimas se plasma en el ámbito administrativo y no en el penal

La Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de violencia política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999, se publicó en el BOPV, de 10 de agosto de 2016. El 10 de mayo de 2017 finalizaba el plazo para la interposición del recurso de inconstitucionalidad. El Consejo de Ministros de 5 de mayo acordó su interposición.

El recurso presentado por la administración del Estado invocó el art. 161.2 CE para producir la suspensión automática de determinados artículos. Concretamente, los arts. 2.3, art. 2.4 en cuanto al inciso final; art. 4,2 c); art. 7.1; art. 14.1 en cuanto al inciso final; art. 14.2 apartados c), d) y e); art. 14.4; art. 14.7; art. 14.8; art. 14.9; art. 15; y disposición adicional sexta.

Estos artículos de la ley están suspendidos en tanto el Tribunal Constitucional no se pronuncie ante esta suspensión, lo que debe tener lugar en el plazo de 5 meses. Es decir, antes del 10 de octubre. Sin embargo, no existe un plazo predeterminado para que el alto tribunal emita su resolución sobre el fondo del recurso. Lo habitual es que no se produzca antes de dos años.

En este contexto, el Gobierno Vasco ha presentado, en plazo y forma, alegaciones al recurso y ha solicitado el levantamiento de la suspensión cautelar de los artículos impugnados. El documento de alegaciones concluye que los argumentos del recurso se construyen a partir de la atribución a la ley de enunciados normativos que esta no contiene. Defiende tres tesis centrales: el encaje de la Ley en los requerimientos del derecho internacional; la constitucionalidad y plena seguridad jurídica de la norma; y la competencia de la CAPV para promover esta ley.

  • LA LEY SE ASIENTA EN LA DOCTRINA QUE EMANA DE LOS TRATADOS Y ACUERDOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LAS VÍCTIMAS

Los derechos de las víctimas forman parte del núcleo duro de los derechos humanos. Los tratados, convenios o resoluciones internacionales vinculan a todos los Estadosy establecen claras obligaciones hacia ellos. Los sistemas de reparación recogidos en las normas internacionales prevén la dificultad de poder esclarecer judicialmente siempre las violaciones de derechos humanos. Contemplan, por ello, expresamente el reconocimiento y la reparación a las víctimas mediante procedimientos administrativos, “con independencia de si el autor de la violación ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado” (Artículo 9 de la Resolución 60/147 de Naciones Unidas).

  • EL RECONOCIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS CONSTITUYE EL OBJETO DE LA LEY 12/2016, UN OBJETIVO QUE SE INSERTA EN LOS REQUERIMIENTOS PROPIOS DE UN ESTADO DE DERECHO

La existencia de las víctimas a las que esta ley pretende reconocer y reparar ha quedado objetivamente acreditadas en informes, informaciones publicadas o instancias académicas y expertas. Constatada la existencia de graves violaciones de derechos humanos que no han sido reconocidas, ni reparadas, es imperativo ético y democrático crear un instrumento para su reconocimiento y reparación. Atender a las víctimas es expresión del compromiso democrático con el Estado de derecho.Esta Ley es continuación de la política alumbrada con el Decreto 107/2012. Una norma que se puso en práctica sin los reproches que ahora se formulan contra la Ley.

El recurso sostiene que, para obtener la condición de víctima, ha de existir una actuación judicial o un informe de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En las alegaciones se demuestra que la aportación de resolución judicial firme no constituye la única manera de acreditar la vulneración de un derecho. De hecho están en vigor leyes que contemplan de manera expresa la acreditación de los requisitos exigidos en cada caso por medio de otras formas de prueba admisibles en derecho.

  • LA COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA PARA DICTAR ESTA LEY ES INCONTROVERTIDA

El Ejecutivo español, pretende anular la totalidad del articulado, sin aclarar qué preceptos de la norma exceden las competencias autonómicas. Las previsiones de la ley, especialmente las de carácter resarcitorio, se insertan con claridad en el ámbito de los servicios sociales, en tanto que responden a una situación o carencia real en la población beneficiaria de las prestaciones, que se pretende reconocer y aliviar.

Los poderes públicos vascos, en el ámbito de su competencia, están obligados a velar y garantizar el adecuado ejercicio de los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos (9.2 EAPV, y art. 9.2 CE). Sobre esa base, son tres los títulos competenciales que confirman la competencia incontrovertida de la Comunidad Autónoma Vasca para dictar esta ley: Asistencia social (art. 10.12 EAPV), Sanidad (art. 18 EAPV) y el correspondiente a la materia de desarrollo comunitario (art. 10.39 EAPV).

  • LA INVASIÓN DE COMPETENCIAS JURISDICCIONALES ES INEXISTENTE. EL OBJETIVO DE LA LEY ES EL RECONOCIMIENTO Y REPARACIÓN, NO LA SANCIÓN

La tesis de la invasión de competencias jurisdiccionales que se formula por el Estado ignora la literalidad de la ley impugnada.La Ley no interfiere en el proceso penal, ni despliega potestad sancionadora alguna sobre los actos causantes de las vulneraciones de derechos humanos. Tampoco su objetivo esla calificación de hechos como delictivos, ni fijar su autoría. No existe en el articulado ninguna referencia en este sentido.

No solo se eso, en relación con la Comisión de Valoración, la Ley adopta expresamente cautelas como son las siguientes: garantizar en todo momento los derechos de terceras personas que puedan aparecer reflejadas en los expedientes (art. 4.2 d); comunicar a la vía judicial los expedientes no prescritos (artículo 7.2.b); suspender toda actuación si se conoce que hay causas judiciales o administrativas abiertas sobre los hechos (artículo 14.5) y salvaguardar el derecho a la protección de datos cuando se dé la colaboración entre administraciones públicas (artículo 14.2c). La regulación del procedimiento administrativo previsto en la ley respeta la prevalencia de la jurisdicción penal, y se limita al reconocimiento y reparación de víctimas

 

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