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Valoración del Gobierno Vasco ante el recurso ante el TC anunciado hoy por el Gobierno español

5 de mayo de 2017

Ante el anuncio del Gobierno español de interposición de recurso contra la Ley 12/2016, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos El Consejo de Ministros ha adoptado hoy la decisión de interponer recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley 12/2016 de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999. Ante esta decisión, de la que por el momento no se conoce el detalle de su contenido, el Gobierno Vasco quiere realizar una primera valoración:

  1. El Gobierno Vasco expresa su profunda decepción ante la decisión adoptada hoy por el Consejo de Ministros. Es decepcionante porque este recurso se desentiende de la obligación que tenemos los poderes públicos de dar respuesta a los derechos que corresponden a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos. Es decepcionante porque contraviene el mandato del derecho internacional de los derechos humanos y de los derechos de las víctimas.
  2. El Gobierno Vasco manifiesta su compromiso firme con el reconocimiento y reparación de todas las víctimas de vulneraciones de derechos humanos. Este reconocimiento constituye un principio de contenido ético, institucional, democrático, y de humanidad. Este compromiso es además una pieza fundamental para el objetivo de una convivencia normalizada y basada en una memoria crítica del pasado.
  3. El Gobierno Vasco pospone una valoración más detallada hasta conocer los contenidos precisos del recurso. No obstante, afirma con toda rotundidad la plena seguridad jurídica de todo el articulado de la Ley 12/2016, tal y como ya han corroborado expertos juristas del más amplio y plural espectro en el ámbito vasco, estatal e internacional.
  4. El Gobierno Vasco va a seguir trabajando intensamente tanto para defender la plena legalidad y viabilidad de esta ley; como para ofrecer reparación a aquellas víctimas de vulneraciones de derechos humanos que no hayan recibido el debido reconocimiento. Todo ello por principio ético y por compromiso con una convivencia normalizada.
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