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Plan piloto de renta activa

20 de octubre de 2010

El plan piloto de renta activa fomenta la activación laboral de los  perceptores de la renta de garantía de ingresos
 


- Desde la puesta en marcha del programa a finales de junio se han atendido 1.063 expedientes
- El 45% de las personas participantes en los cursos de formación es mujer
- Sólo un 6,9% de los casos se ha mostrado no disponible a la activación laboral por diversos motivos

 

"El Plan Piloto de Renta Activa representa una apuesta nueva que revoluciona el panorama que hemos conocido hasta ahora y que hace de la corresponsabilidad un elemento clave de todo nuestro sistema de garantía de ingresos". Con estas palabras ha presentado esta mañana la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, la experiencia puesta en marcha por el departamento hace tres meses para que los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos reciban su prestación desde los servicios de empleo y no desde los servicios sociales, con lo que será más factible su incorporación al mercado laboral. La consejera realizó un balance de los primeros meses de funcionamiento de la experiencia ante la comisión de Políticas Sociales, Trabajo e Igualdad del Parlamento vasco.

En virtud del doble derecho que establece la Ley de Renta de Garantía de Ingresos, se reconoce a las personas tanto el derecho a acceder a medidas económicas suficientes para hacer frente a las necesidades básicas de la vida, como el derecho a disfrutar de apoyos personalizados orientados a la inclusión social y laboral. Este último es un derecho de obligado cumplimiento que une de manera inseparable la prestación con la inclusión. El sistema de garantía de ingresos que tiene Euskadi para las personas con menos recursos es el más garantista que existe en el Estado español. Este año se traducirá en una dotación de más de 320 millones de euros para financiarlo. 

Por eso es preciso unir la prestación económica con la inclusión  social y laboral, algo que queda claramente reflejado en el traslado de la gestión de la RGI al Servicio Vasco de Empleo-Lanbide.  Para llevar a cabo esta unión con plenas garantías, es necesario conocer la empleabilidad de las personas perceptoras de la Renta de Garantía de Ingresos.

Es decir, el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales se encuentra ante una demanda que debe estudiar para conocer su potencial entrada en el mercado laboral. Significa también que debe analizar si el sistema de orientación que se ha venido llevando a cabo en Lanbide es válido para este colectivo y si las herramientas comúnmente utilizadas hasta ahora por el Servicio Vasco de Empleo sirven para mejorar la inserción laboral del colectivo.

Por otra parte, asumir en Lanbide el complejo sistema administrativo de gestión de la prestación, encomendada hasta ahora a los servicios sociales, requiere el diseño de un nuevo procedimiento, más autónomo y corresponsable, y la evaluación de necesidades de recursos humanos.

Debilidades del anterior sistema

Para responder a estas respuestas se puso en marcha el pasado junio el Plan Piloto de Renta Activa. "Si hasta ahora tratábamos de procurar una prestación económica a quien pasaba por un momento difícil, a partir de la puesta en marcha del plan  nos vamos a ocupar y preocupar de su inclusión activa", resaltó la consejera durante su intervención. "Estamos convencidos", añadió, "de que el sistema de garantía de ingresos  tiene que dejar de ser protector para convertirse en activador y desarrollar el potencial de corresponsabilidad que debemos tener todos los ciudadanos".

Si el compromiso de Gobierno es que nadie en este país que perciba una prestación del sistema de garantía  de ingresos se quede al margen de una oportunidad de formación que le de acceso al empleo, el compromiso de los perceptores debe ser la firma de un contrato de inclusión. Esto se debe traducir en un  cambio de enorme calado porque la gestión de la RGI ha recaído hasta ahora en unos servicios que se reconocen saturados y en el que el trabajador social multiplica funciones.

Así, la modificación en profundidad del concepto de renta y del modus operandi aconsejaba desarrollar un Plan Piloto orientado a que la experiencia permita evaluar las dificultades prácticas de poner en marcha la Renta Activa de forma generalizada. "La práctica desarrollada hasta ahora nos permitía concluir que estábamos ante un sistema que ha ejercido excesiva tutela sobe la personas demandante de RGI lo que, sin ser negativo, redundaba en una excesiva duración del proceso", puntualizó la consejera.

Además, la tramitación se ha revelado demasiado larga: de un periodo entre uno o dos meses para la primera cita; de tres o cuatro semanas para la siguiente y una demora de 6 a 8 meses hasta que se empieza a cobrar. Y esto ha sido así porque el trabajador social no tiene una dedicación exclusiva a la RGI.

La experiencia también ha apuntado que los trabajadores sociales venían empleando demasiado tiempo en resolver cuestiones de pura administración, lo que alargaba innecesariamente el proceso. Por otra parte, se constató que si bien la ayuda ha sido tratada como un derecho, se ha olvidado que conlleva una obligación por parte del perceptor y que el seguimiento de esas obligaciones ha podido ser deficitario.

También se había constatado la ausencia de un método estandarizado de actuación en la RGI ya que los sistemas informáticos y los procedimientos de tramitación han sido  distintos  en cada Diputación y Ayuntamiento.

Para afrontar esas debilidades y darles una eficaz respuesta se puso en marcha el Plan el pasado junio.

Características del Plan de Renta Activa

El Plan se está desarrollando en los municipios con dependencias de Lanbide, a excepción de Oyón, donde la proyección de la oficina es muy reducida. Son Elgoibar, Erandio, Amurrio, Agurain, Irun, Portugalete, Lasarte y Basauri. Los perceptores de Renta de Garantía de Ingresos en esos ocho municipios alcanzaban los 4.439.
 
La lista de espera de éstos y nivel de consultas de los servicios sociales de estos ayuntamientos ha descendido significativamente desde que se implantó en sus municipios la experiencia del Plan de Renta Activa. Eso significa que los servicios sociales de base se pueden dedicar al trabajo que les es propio, es decir, a la inclusión social y comunitaria.

Para esas personas que ya percibían la  RGI  y que necesitaban realizar cualquier trámite relacionado con la prestación, los respectivos Servicios Sociales y Ayuntamientos les han derivado hacia la oficina de Lanbide, en la que se les ofrece el servicio durante la duración del proyecto piloto. La dependencia del Servicio Vasco de Empleo es su punto de referencia y en ella se le orienta de una forma individualizada con el objetivo de que mejore su situación de empleabilidad y de futuro.

Para las personas que en este periodo de prueba acceden por primera vez a la prestación, los pasos a dar son prácticamente los mismos. Esto es, cuando los demandantes han acudido a los Servicios Sociales y Ayuntamientos, éstos  les orientan hacia las oficinas de Lanbide. En ellas, se les instruye  el expediente de solicitud de RGI  y se acuerda su "contrato de activación laboral", que le da acceso a planes personalizados de políticas de empleo. Por supuesto, los pensionistas que perciben la RGI para complementar su pensión quedan al margen de esta experiencia piloto ya que están retirados de la vida laboral.

Se ha procurado que el catálogo de servicios y programas a disposición de las oficinas LANBIDE durante la duración del proyecto piloto permita disponer de suficientes herramientas formativas, de orientación y de empleo para propiciar la activación laboral de perceptores de RGI.

Ha sido necesario un proceso de formación para los trabajadores actuales de Lanbide en los municipios que se han integrado en el proyecto. Además, se contrató a ocho personas con perfil administrativo y a otras ocho con perfil orientador a fin de reforzar la  estructura de las oficinas.

Metodología y resultados

Por una parte, se está tratando de experimentar un programa y hay que unificar los procedimientos para gestionarlo sin perder de vista que se persigue tanto simplificar trámites como reducir el tiempo de espera para recibir la RGI. Se trata de una reducción que afecta a la primera parte del procedimiento dado que la resolución del expediente del solicitante de RGI depende de las Diputaciones y el plan no entra en ese terreno.  

Por otro lado, estudiar la empleabilidad de los/as perceptores de la RGI y promover actitudes más proactivas para que mejoren las posibilidades de acceder al empleo, exige sentar las bases para diseñar o mejorar el sistema de orientación. Los Convenios de Inserción que se pacten entre el personal de Orientación y las personas perceptoras deben recoger los compromisos de las dos partes y el programa de actuación que se comprometen a realizar.

Aunque en principio, los receptores de RGI deben tener un tratamiento igual al de otros demandantes inscritos en Lanbide- hablamos de un servicio universal para todos- , hay que tener en cuenta que las personas perceptoras de RGI tienen la obligatoriedad de cumplir con los compromisos pactados en ese Convenio de Inserción, una obligatoriedad que no tienen el resto de demandantes de Lanbide. Tampoco se puede ignorar que la RGI se concede a la unidad de convivencia en la que puede haber más de una persona obligada por el convenio de inserción.

El esquema básico del proceso de demanda de la RGI comienza con una consulta y petición de cita y una primera atención por parte del personal de administración que, con el expediente completo, deriva al demandante hacia el personal orientador. Este se encargará de la firma del  convenio de inserción y del seguimiento del mismo.


Desde la puesta en marcha de la experiencia piloto hasta el  27 de septiembre, los  expedientes de RGI atendidos en las oficinas de LANBIDE han sido 1.063. De ellos, 446, un 42 %, corresponden a nuevas tramitaciones y el 58 % restante, esto es 617, a movimientos en expedientes abiertos con anterioridad.

La duración media de la primera entrevista de orientación es de 56 minutos y las posteriores entrevistas de autorización y seguimiento es de 49 minutos de duración media por titular o beneficiarios. Los datos apuntan que las personas en proceso de activación mediante acciones formativas, entre participantes y preinscritos, alcanzan las  215. De ellas 107 ya participan en cursos y otras 108 lo van a hacer próximamente.

Las especialidades formativas de los cursos en ejecución o en fase de preinscripción son  muy diversas y van desde la ofimática a la jardinería pasando la fontanería, el comercio, la atención a la infancia o el telemarketing y ventas entre otras.


Ante esa múltiple oferta, sólo el 6,9 %, de los casos, o lo que es lo mismo,  15, se ha mostrado no disponible. Los motivos de esa no disponibilidad o del abandono del curso de formación son diversos. Van desde la enfermedad a la falta de interés pasando por la inadecuación y horarios por conciliación. En este último caso, Zabaleta apuntó que "uno de los aprendizajes que permite extraer este proceso de evaluación permanente del plan es que debemos hacer el esfuerzo de adaptar y flexibilizar las condiciones de las acciones formativas propuestas para aquellas personas que deben conciliar sus quehaceres  en el cuidado de terceras personas". 
El perfil de las personas participantes en procesos de activación mediante acciones formativas refleja una igualdad de hombres y mujeres, 55% por un 45 respectivamente. El grupo de edad más numeroso es el de quienes cuentan con entre 25 y 44 años que suman el 79%. El porcentaje de los jóvenes menores de 45 años es del 7 % y el de las personas mayores de 45 alcanza el 14 %.
La práctica totalidad de los titulares o beneficiarios de las acciones de formación para el empleo carecen de titulación, siendo el 71 % los que no han finalizado sus  estudios primarios.

CONCLUSIONES

El periodo de tiempo analizado es demasiado corto y estimamos que  puede ser precisamente en el otoño cuando se produzca una mayor demanda de servicios.  En todo caso, los primeros meses de la experimentación han permitido tomar algunas decisiones que modifican la metodología inicial.
Aunque al principio se adoptó un sistema de atención al público similar a los servicios sociales para no crear excesiva sensación de cambio, ya se ha establecido un nuevo procedimiento en el que se potencia la autonomía de los solicitantes, con atención personalizada sólo a familias que no logran completar su solicitud.
En segundo lugar, los indicadores de carga de trabajo han reflejado la conveniencia de duplicar el personal administrativo que tramitaba las solicitudes en los cuatro municipios más grandes del proyecto: Irún, Portugalete, Basauri y Erandio.
El proceso de atención en orientación para mejorar la empleabilidad, que inicialmente comenzaba al final de la tramitación de la RGI, se ha trasladado al momento en el que la persona acude a la oficina para expresar su necesidad . Así, la orientación laboral se adelanta en más de un mes

 

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