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Comparecencia: Consejera de Empleo y Asuntos Sociales. Nuevo modelo de apoyo a personas inmigrantes (04-10-2011)

4 de octubre de 2010

 

"Los servicios públicos garantizarán el acompañamiento del inmigrante con la mayor eficacia y eficiencia"

  • La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta,  aboga por no mantener un servicio específico para los inmigrantes y porque sean los servicios sociales y los servicios de empleo los que atiendan a todas las personas en toda su diversidad y sin ninguna discriminación.

 

  • El nuevo modelo ha atendido desde julio más de 1.000 consultas, de las cuales 450 han correspondido a inmigrantes que tenían un expediente abierto con el anterior servicio

 

La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, ha garantizado el apoyo del Gobierno vasco a todas las personas inmigrantes que estén regularizando su situación administrativa. "Los servicios públicos garantizarán el acompañamiento del inmigrante con la mayor eficacia y eficiencia, porque ni podemos ni queremos permitir que ni una sola de esas personas sufra desamparo", ha asegurado hoy Zabaleta durante su comparecencia ante la Comisión de Políticas Sociales, Trabajo e Igualdad del Parlamento vasco. Zabaleta acudió a la comisión para explicar las características del nuevo modelo de apoyo a personas inmigrantes que se encuentran en el proceso de regularizar su situación administrativa.

En su intervención, la consejera ha asegurado que ningún extranjero en situación administrativa irregular ha sido desatendido desde que, a mediados de julio pasado, el programa Heldu se sometió a una transformación, pasando de ser gestionado por una empresa privada a manos públicas. Para que esto fuera así, el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales diseñó un operativo y un nuevo modelo con el fin de que ninguno de los expedientes abiertos a lo largo de 2010 y pendientes de resolución -unos 1.600- pudieran verse afectados negativamente. "Había que garantizar la atención a los eventuales nuevos usuarios y a quienes tenían abierta una relación previa con la empresa adjudicataria del servicio", ha recalcado Zabaleta.

A la hora de esta transformación de Heldu ha pesado una reflexión sobre el modelo de atención y el tipo de trabajo que el Gobierno vasco debe priorizar en materia de integración de las personas inmigrantes. El servicio Heldu tal y como estaba configurado no tiene acomodo en el Sistema Vasco de Servicios Sociales, ya que  la Ley de Servicios Sociales no lo incluye dentro de su catálogo. A partir de ahí, el Departamento entiende que debe reordenar el ámbito de los apoyos que precisan las personas inmigrantes en situación administrativa irregular, no manteniendo un servicio específico sino apostando por que los servicios sociales y los servicios de empleo atiendan a todas las personas en toda su diversidad y sin ninguna discriminación.

En ese contexto de normalización y universalización de los servicios, está previsto que el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide sea el encargado de gestionar todo lo relacionado con las autorizaciones de trabajo, de cara a facilitar la inclusión laboral de los inmigrantes. Del mismo modo, el departamento fortalecerá los servicios sociales de atención primaria para profundizar en el acompañamiento social de las personas. Otro de los servicios normalizados abiertos a toda la ciudadanía, son los de orientación jurídica del Departamento de Justicia, que pueden atender los casos de relacionados con la situación administrativa de las personas extranjeras. Por otro lado, el actual Servicio de integración y convivencia intercultural (Biltzen), dependiente de la dirección de Inmigración, asesorará, formará y atenderá las consultas de los profesionales que acompañan a las personas usuarias de los servicios públicos. Y se reforzará la coordinación y complementariedad entre la labor pública y la iniciativa social, ya que numerosas entidades del tercer sector vienen acompañando a las personas inmigrantes en situación irregular de manera integral, incluida la asesoría jurídica, y muchas de ellas lo hacen ya con el apoyo del Gobierno vasco.

"Creemos en otro modelo y ello significa que los servicios públicos que nos competen, como los servicios sociales, los de  empleo, y otros servicios como los de orientación jurídica, atiendan a todas las personas en toda su diversidad y sin ninguna discriminación; sin crear compartimentos  estancos para atender a unos u otros y sin establecer diferencias entre la ciudadanía", ha resaltado la consejera.

 

Consultas

La nueva forma de coordinar y gestionar los apoyos a los inmigrantes en situación irregular implantada desde julio cuenta con un teléfono de atención gratuito (900 840126) y un correo electrónico (inmigrazioa-asesoria@ej-gv.es) destinados a usuarios y a profesionales. Ambos dispositivos han atendido más de 1.000 consultas, de las cuales 450 han correspondido a inmigrantes que tenían un expediente abierto con anterioridad; unas 200 a trabajadores de los servicios sociales, técnicos de inmigración y empleadores; y cerca de 300, a extranjeros que por primera vez se han acercado al servicio directamente, "sin intermediarios ni esperas", ha puntualizado la consejera.

Igualmente, unos 110 casos que se consideraron urgentes o necesitados de atención presencial fueron derivados a las oficinas del propio Departamento de Empleo y Asuntos Sociales en Bilbao, Donostia y Vitoria. Además, se realizaron alrededor de 70 apoyos para la elaboración de recursos administrativos. En resumen, dos meses después del cambio de modelo, el 50 % de las consultas han correspondido a personas extranjeras usuarias del servicio Heldu; el 30%, a personas extranjeras no usuarias; y otro 20% a profesionales.

La atención presencial sólo se ha requerido entre un 10 y un 15% de las consultas. "En el modelo anterior, sin embargo, cada una de esas consultas hubiera requerido una primera cita en el servicio social de base, para derivación, y una segunda cita en las oficinas de Heldu. Un proceso que podía demorarse entre 6 y 10 semanas", ha subrayado la consejera.

Por otra parte, la intervención del especialista en derecho ha sido necesaria en un 40 ó un 45% de los casos, aunque la supervisión se ha realizado prácticamente en el 100% de los mismos. En este sentido, Gemma Zabaleta ha manifestado que "nuestra previsión es que existe margen para reducir la intervención del letrado mediante un refuerzo de la formación del personal técnico". Según cálculos del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, la intervención del abogado podría ser necesaria en un 30 % de las consultas.

En opinión de la consejera, estos asuntos "son cuestiones que valoraremos en esta nueva forma de atender el servicio. Porque Heldu, tal y como estaba configurado, no tiene acomodo en el Sistema Vasco de Servicios Sociales, ni la forma en que venía prestándose durante los últimos años se ajusta a los criterios de legalidad en la contratación pública".

Extinción del contrato

Además de defender el nuevo modelo de intervención "más eficiente y con mayor responsabilidad pública", Gemma Zabaleta ha explicado a los miembros de la Comisión parlamentaria las razones por las que no se podía prorrogar el contrato que, desde 2007, el Gobierno vasco mantenía con la empresa privada Estudios y Proyectos Jurídicos S. L.,  adjudicataria del programa Heldu.

Según ha señalado la consejera, Heldu empezó a funcionar en 2002 como un programa de atención socio jurídica para personas extranjeras. "El servicio se pensó para colaborar con los servicios sociales de base para la atención a las personas inmigrantes extranjeras que, en razón de su situación de falta de autorización administrativa de residencia sufrían grave riesgo de exclusión o padecían una clara vulnerabilidad. Para prestar el servicio se establecieron convenios con los colegios de abogados de los tres territorios", ha señalado Zabaleta. Así funcionó durante tres años hasta que, en 2006, el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales decidió rescindir los convenios.

"Esta actuación resultó cuando menos extraña y  la denuncié en la comisión de Trabajo y Acción Social. Ya lamenté en aquel momento -marzo de 2007- que la alternativa  fuera  convocar un concurso al que sólo optó una empresa: Estudios y Proyectos Jurídicos S. L., que se había constituido siete meses antes, y que se convirtió en adjudicataria", ha manifestado la consejera.

La empresa se había creado con la única razón de ser de prestar el servicio contratado sin contar con ninguna otra actividad, se trataba de una adjudicataria que no ejercía como tal en la dirección del proceso de prestación del servicio, y no contaba con medios de gestión propios. Todos esos requisitos están al margen de lo establecido por las normas de contratación administrativa.

Zabaleta ha abundado en este asunto recordando que la segunda adjudicación del servicio a Heldu se había producido el 2 de junio de 2009, en un contexto de cambio de Gobierno. Un contrato con un plazo de ejecución del 16 de junio al 31 de diciembre y por importe de 90.596 euros al mes (588.874 euros en total). Asimismo, su prórroga, por el mismo importe, alcanzó hasta el 15 de julio de 2010, aunque ya antes de dar luz verde a la misma el Departamento dio los primeros pasos para efectuar consultas sobre el proceso de adjudicación del programa a la empresa.

"El Departamento no podía convocar un concurso y proceder a  una contratación en la que, a juicio de las instancias competentes en la materia,  concurrían numerosos elementos que vulneran las normas y criterios de contratación del propio Gobierno", ha aducido Zabaleta.

 

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(IX legislatura 2009 - 2012)
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