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El Parlamento Vasco aprueba la ley que reorganiza los servicios jurídicos de la administración general e institucional de Euskadi

2 de junio de 2016
  • La Ley de Ordenación del Servicio Jurídico del Gobierno Vasco regula las funciones, organización y estructura del Servicio Jurídico Central y de las Asesorías Jurídicas de los departamentos y entidades del sector público vasco.

El Parlamento vasco ha aprobado hoy la Ley de Ordenación del Servicio Jurídico del Gobierno Vasco, que sustituirá a la normativa vigente, que data de hace casi 30 años. El Gobierno vasco asegura que se trata de una norma que define un modelo de servicios jurídicos propio y diferenciado para Euskadi.

La ley aprobada hoy regula y reorganiza los servicios jurídicos de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en su doble vertiente de asesoramiento jurídico interno (función consultiva) y defensa en juicio (función contenciosa). Así, su regulación afecta a: 

  • Servicio Jurídico Central del Gobierno Vasco, compuesto en la actualidad por 32 letrados y letradas y personal de apoyo. El cuerpo más cualificado de todos los servicios jurídicos de la administración y que depende del actual Departamento de Administración Pública y Justicia.
  • Asesorías Jurídicas de los diferentes departamentos del Gobierno Vasco o de cualquier otro organismo, ente o empresa del sector público vasco, compuesto en la actualidad por 210 asesores y asesoras jurídicos. Estos órganos, asesoran en derecho, elaboran los informes jurídicos preceptivos, dictámenes,  propuestas de resolución, redacción de convenios, reclamaciones, revisiones de oficio, expedientes administrativos y de Consejo de Gobierno, etc.

La ley establece que el Servicio Jurídico Central es el centro directivo superior, está habilitado para ejercer las funciones de letrado o letrada. Por tanto, además de la función asesora, este servicio jurídico está habilitado para la defensa en juicio de los intereses del Gobierno o de las personas que trabajan en él.

Una de las principales novedades que incluye el texto respecto a este servicio es la creación, vía decreto, de la “Especialidad de Letrado o Letrada” dentro del cuerpo de funcionarios con la que el Gobierno Vasco quiere garantizar la continuidad y el relevo generacional de este servicio tan cualificado. A la especialidad de letrado o letrada podrán pertenecer las y los funcionarios que como asesores jurídicos acrediten más experiencia y capacitación, reconociéndose en la ley que también se le contará su experiencia a quienes lleven tiempo en calidad de personal interino. Este personal Letrado o Letrada del Gobierno Vasco está habilitado para llevar la defensa en juicio de la Administración Pública vasca en todas las instancias jurisdiccionales, incluidos el Tribunal Constitucional y los órganos de carácter supranacional e internacional, además de los procedimientos arbitrales y parajudiciales.

El Servicio Jurídico Central  presta asistencia jurídica a la Administración Pública vasca y a todos aquellos entes públicos que así lo dispongan en su ley de creación. Con esta ley otras instituciones públicas vascas y entes -siempre que sean del sector público vasco o de naturaleza participada- podrán firmar convenios de colaboración y cooperación para que el Servicio Jurídico Central les asista. De esta manera, las instituciones públicas vascas y entidades del sector público que hasta ahora contrataban su defensa en juicio con despachos privados, podrán también optar por este servicio público profesional, opción que rentabilizaría más los recursos públicos, permitiendo soluciones eficientes. 

Esta ley regula por primera vez los aspectos propios de la función contenciosa igual que la abogacía del Estado o los bufetes privados en cuanto a la representación o postulación, las costas procesales, el ejercicio de acciones, la interposición de querellas, etc.

Cuando en la defensa en juicio pueda producirse una situación de contraposición de intereses, el Servicio Jurídico Central deberá denegar la defensa en juicio a la entidad pública o participada. Por ejemplo, cuando una entidad pública o participada  pleitea contra la propia Administración Pública vasca. Igualmente, la ley establece que el Servicio Jurídico Central del Gobierno Vasco no podrá representar, ni defender a las autoridades, ni al personal trabajador del Gobierno, organismos o entes del sector público cuando haya un conflicto de intereses con la propia Administración Pública vasca.

Esta ley prevé la creación mediante reglamento, de la Junta de Coordinación Jurídica, un órgano nuevo, colegiado y especializado en el que tendrán representación las letradas y letrados del Servicio Jurídico Central y las y los asesores o letrados de las Asesorías Jurídicas de los departamentos y entidades institucionales. Su objetivo es estrechar la coordinación de las actuaciones en materia jurídica, el asesoramiento mutuo, compartir información sobre sentencias y consecuencias de los procesos judiciales, fijar criterios de actuación, etc.

Además, cuando los órganos competentes ejecuten las sentencias, deberán comunicarlo al Servicio Jurídico Central, que velará por la defensa y protección de los intereses públicos. Asimismo asesorará y defenderá, estando en constante contacto, tanto al Gobierno como a todos los departamentos de la Administración pública vasca.

3 comentarios
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  • @LuisOrtega_es
    2 de junio de 2016

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  • @Gob_eus
    2 de junio de 2016

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    Legebiltzarrak administrazio orokorraren eta erakundeen zerbitzu jurdikoak berrantolatzen dituen legea onartu du ➡ https://t.co/jABrOsgKUV

  • @Gob_eus
    2 de junio de 2016

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Cargos asistentes al acto
(X legislatura 2012 - 2016)